“La decisión [del gobierno] parece que fue más política que técnico-jurídica”

—El gobierno promulgó una norma que faculta al Congreso, Poder Judicial y otros organismos autónomos a elegir a sus propios procuradores públicos. ¿Cuáles son los riesgos de esta medida?

La ley que entró en vigencia [el jueves] lo que hace en la práctica es quebrar el sistema de defensa jurídica del Estado, porque ahora van a haber un conjunto de procuradores que son los del Congreso, Poder Judicial y otros organismos constitucionalmente autónomos que ya no van a ser designados por la Procuraduría General del Estado a través de un concurso público. Y esta norma también excluye funcionalmente a estos procuradores del sistema con lo cual ya no están sometidos al régimen disciplinario ni van a poder participar de las capacitaciones ni podrán ser supervisados [por la PGE], cada procurador tendrá que ser regulado por la entidad al que está adscrito. Este quiebre es negativo, porque le resta eficiencia al sistema y puede afectar la autonomía de los procuradores.

—¿El Parlamento busca elegir un procurador a su medida? ¿Por qué?

El problema es que se necesita un concurso público genérico, objetivo y si eso no se da el riesgo de que no pueda ser una elección meritocrática está presente.

—El Ministerio de Justicia y DD.HH. emitió una opinión desfavorable sobre esta iniciativa legislativa. ¿Por qué entonces el Ejecutivo no la ha observado?

La Presidencia de la República no necesariamente puede guiarse de la opinión técnica del Ministerio de Justicia para hacer la observación, pero por tratarse de un tema claramente técnico debió haber seguido el consejo de ese sector. Y esto trae un problema porque la decisión parece que fue más política que técnico-jurídica en la práctica.

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—¿Cree que el gobierno de Boluarte no quiere enfrentar al Parlamento, a pesar de que esta norma le resta facultades a la PGE?

Bueno, yo le puedo responder como procurador general del Estado y la procuraduría es un ente técnico y, por eso, nos ratificamos en que hubiera sido deseable que las razones para la observación o no observación hayan sido técnica y no de otra índole.

"Hubiera sido deseable que las razones para la observación o no observación hayan sido técnica y no de otra índole"

—¿Usted ha podido conversar con el ministro Maurate sobre este tema? ¿Qué le ha dicho?

Nosotros antes de que esta ley fuera aprobada [en el Congreso], cuando estaba en proyecto presentamos un informe al ministro de Justicia y logramos conversar con él para manifestarle nuestra preocupación y en principio, él se expresó de manera positiva respecto a la razonabilidad de nuestros planteamientos. Y eso también se ha plasmado en los informes técnicos del ministerio […] Y sí [nos sorprende la postura del gobierno], la lógica nos lleva ineludiblemente a concluir que se debió haber seguir el dictamen técnico del ministerio, estamos ante un tema técnico, lamentablemente eso no ha sido así. [Esta decisión] nos ha llamado a sorpresa.

—¿Puede la PGE presentar una acción de inconstitucionalidad ante el TC por esta ley?

No, la Procuraduría General del Estado no tiene facultades para presentar una acción de inconstitucionalidad directamente ante el Tribunal Constitucional, pero sí estamos evaluando presentar una acción judicial ante el Poder Judicial. Por ejemplo, un amparo frente a la vigencia de esta norma que quiebra el sistema de defensa jurídica del Estado.

—La Defensoría del Pueblo también se ha opuesto a esta norma. ¿Le solicitarán que interponga una acción de inconstitucionalidad ante el TC?

Los organismos constitucionalmente autónomos tienen libertad de decisión, en el sentido, si toman o no la iniciativa de presentar una demanda de inconstitucionalidad. La Defensoría del Pueblo se ha manifestado en contra [de esta norma], entonces podrían evaluar presentar la demanda, ¿no? Es una decisión que le compete exclusivamente al defensor del Pueblo [Josué Gutiérrez].

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—Usted ha señalado que presentará una acción de amparo contra la norma. ¿Eso lo hará la PGE o los procuradores que se ven afectados por la medida?

A ver, esta iniciativa, esta demanda sería de la Procuraduría General del Estado, la presentaríamos directamente dentro de los plazos que la ley señala, pero ciertamente la idea es hacerlo en el menor tiempo posible. Probablemente a inicios de esta semana.

—¿Esta decisión se ha dado tras las reuniones que usted a tenido con algunos procuradores que ganaron su plaza por concurso y serán afectados por la norma?

La iniciativa de la presentación de la demanda de amparo es de la Procuraduría General del Estado, ciertamente se hace en beneficio de la integridad del sistema. Y como usted bien dice una de esas consecuencias es que se respeten los concursos públicos que ya hemos realizado. Por ejemplo, en la Junta Nacional de Justicia, Reniec y contraloría general.

— Usted participó en el interrogatorio a la presidente Boluarte por las muertes en las protestas contra su gobierno y el Congreso. ¿Cómo calificaría las preguntas hechas por la Fiscalía de la Nación?

Yo no puedo emitir una calificación entorno al contenido de las preguntas del Ministerio Público, esa institución tiene autonomía para plantear las preguntas que consideren necesarias en la diligencia. La Procuraduría General del Estado, por su parte, como representante del Estado puede presentar también un pliego interrogatorio y efectivamente elaboró uno en esa ocasión, el cual no fue planteado finalmente porque la presidenta de la República se acogió a su derecho a guardar silencio.

—¿Pedirá un nuevo interrogatorio a Boluarte si el Poder Judicial confirma la tutela de derechos que les dio la razón, en el sentido, de que sí podían preguntar?

La tutela de derechos fue resuelta en primera instancia, si bien ha sido apelada la decisión del juez de investigación preparatoria es válida y se ha aplicado en la diligencia que ha habido, porque se nos ha dado el derecho a preguntar. Esa posibilidad de preguntar, como consecuencia de decisión de la tutela de derechos, no está relacionada con la eventual posibilidad de que el Ministerio Público acepte realizar una nueva indagatoria y eso es una decisión de ellos. Hay que tener en cuenta que la diligencia ya se realizó. Y el tema fue resuelto en ese momento, se determinó que la procuraduría y los abogados de las víctimas sí tenían el derecho a preguntar. El tema es que, dada esa respuesta, el abogado de la presidenta le recomendó que se acoja a su derecho a guardar silencio […] Es decisión del Ministerio Público ampliar eventualmente esa indagatoria. Quien dirige las diligencias es esa institución.

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—El abogado de la presidenta, Joseph Campos también fue el suyo en su proceso de restitución en el cargo. ¿No existe un conflicto de interés?

No, porque el doctor Campos fue mi abogado en la primera instancia en el proceso de amparo que se realizó el año pasado, antes de que Dina Boluarte fuera presidenta. Luego de eso el proceso ha pasado a una segunda instancia, pero en esa etapa, el doctor Campos ya no es mi abogado y no lo es precisamente porque él voluntariamente aceptó el patrocinio de la presidenta, esa es una decisión personal de él, sobre la cual yo no tengo ningún tipo de injerencia. Pero lo que puedo hacer yo es identificar un conflicto de interés y dar una solución. ¿Cuál fue esa solución? Reemplazar al doctor Campos como abogado en el amparo [que me repuso en la PGE], él ya no es mi abogado desde el momento en que es patrocinante de la presidenta.

—Si eventualmente la Fiscalía de la Nación decide archivar la causa contra Boluarte, ¿su oficina puede interponer algún tipo de recurso?

Si el Ministerio Público decide archivar la investigación preliminar tratándose de una decisión de la fiscal de la Nación, ese archivamiento ya no podría ser materia de una impugnación.