Vladimir Cerrón: ¿por qué aún no va a prisión pese a condena a cuatro años y qué otros procesos tiene?

La sentencia fue anunciada en una audiencia por el magistrado Guido Arroyo Ames, del Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de la Corte Superior de Justicia de Junín. El juez solo leyó el sentido de su decisión y no expuso sus argumentos, los cuales serán detallados de forma escrita.

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En su lectura, el juez indicó que si bien la pena era efectiva, se suspendía su ejecución hasta que la decisión sea confirmada en segunda instancia. Es decir, Vladimir Cerrón solo irá a prisión por este caso si la sala que resolverá su apelación confirma la decisión del juez de primera instancia.

Junto a Vladimir Cerrón también fueron sentenciados por el delito de colusión y por el mismo plazo, en calidad de autores, Aldrin Zarate Bernuy, Mercedes Ireno Carrión Romero y Luis Donato Araujo Reyes. Mientras que como cómplices fueron condenados Serafín Samuel Blanco Campos, Luis García Morón y Natali Yanina de la Vega Estrada.

Sophia Icaza, abogada del Estudio Linares, indicó a El Comercio que el Código Procesal Penal le permite al juez decidir si una pena efectiva se ejecuta de inmediato o si se suspende hasta que se confirme en segunda instancia. Esto depende de la evaluación que haga el magistrado de la naturaleza y la gravedad del delito, así como del peligro de fuga. De ser así, se opta por poner restricciones mientras se tramita la apelación.

En el caso de Vladimir Cerrón y los otros condenados por este caso , el juez les ordenó no ausentarse de su lugar de residencia, les impidió de salida del país y dispuso que pasen un control biométrico los lunes de cada semana. Además, advirtió que si no cumplían estas reglas, se dispondría que la pena sea ejecutada de inmediato, lo que llevaría a que sean internados en un penal.

“La regla general es que la pena se ejecuta provisionalmente, así haya apelación”, indica Sophía Icaza. “Pero el código también le da la atribución al juez penal, al dictar la sentencia, de decidir que no se cumpla de forma efectiva inmediatamente. Se evalúa la naturaleza, la gravedad del delito, el peligro procesal -específicamente el peligro de fuga-, para decidir si es inmediata la ejecución o si lo mantiene en libertad hasta que resuelve la apelación, imponiendo algunas restricciones”.

El penalista Jefferson Moreno comentó a El Comercio que esta figura rige desde el 2006 y que se hace en función a que “toda persona tiene derecho a dos instancias, en todos los delitos”. “Normalmente ese trámite de apelación demora, toma meses. Entonces, los jueces de primera instancia tienen la potestad, no es obligatorio, de que su decisión quede suspendida por un rato hasta que la sala resuelva la apelación”.

“Yo te estoy condenado a pena de cárcel, vas a ir preso, pero siempre y cuando la sala de apelaciones diga que decisión está bien dada: esa es más o menos la figura. Los requisitos son, básicamente, que no exista peligro de fuga y que el acusado haya demostrado un buen comportamiento a lo largo de todo el juicio”, declaró.

La suspensión de la ejecución de la pena también implica la suspensión de las medidas que se dictan como consecuencia de la condena. En este caso, son la inhabilitación para ejerce cargos públicos, así provengan de una elección popular, y el pago de una reparación civil superior a los S/ 2 millones.

Sophia Icaza añadió que para conocer los criterios exactos que tuvo el juez para optar por la suspensión de la pena, se deberá conocer la sentencia completa. Esta deberá ser notificada por escrito a las partes (fiscalía, abogado y procuraduría) en los próximos días para que cada uno pueda presentar sus recursos de apelación por escrito.

En tanto, Jefferson Moreno añade que al margen de la suspensión de la ejecución de la pena, lo relevante es que el juez ha determinado que Vladimir Cerrón es culpable del delito por el que lo acusó el Ministerio Público. “Eso es claro. El juez ha dicho que es responsable penalmente, que en términos de prueba, se ha acreditado su responsabilidad penal”.

La figura es similar a la dictada el año pasado contra Kenji Fujimori, quien también fue hallado culpable en el caso ‘Mamanivideos’, pero para quien también se suspendió la ejecución de la pena.

En este juicio comenzó en enero del 2022. Durante este, la fiscalía sostuvo que Vladimir Cerrón y Luis García Morón, representante legal del consorcio Gran Aeródromo Wanka, suscribieron un contrato para la construcción del aeródromo sin considerar el pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según el Ministerio Público, en el juicio se logró probar que los Vladimir Cerrón y los otros condenados concertaron para la admisión, evaluación, adjudicación y firma del contrato para el Gran Aeródromo Regional Wanka en los distritos de Sicaya–Huancayo y Orcotuna–Concepción, del departamento de Junín.

Vladimir Cerrón y su defensa rechazan la tesis fiscal. Según el exgobernador, ha sido “sentenciado por tratar de construir un aeropuerto para Huancayo”. “Contrato APP [fue] declarado nulo, el Gobierno Regional de Junín no invirtió 1 solo centavo. Se postula [que] habríamos puesto en riesgo al GRJ, se impone reparación de 2 millones, inhabilitación laboral, electoral e impedimento de salida. Apelaré”, dijo vía Twitter.

Actualmente, Vladimir Cerrón cumple otra condena por corrupción. En agosto del 2019, fue sentenciado a 4 años y 9 meses por el delito de negociación incompatible y llegó a ser internado en un penal. Sin embargo, la sala de apelaciones redujo su condena a 3 años y 9 meses y convirtió su prisión efectiva en prisión suspendida, pena que viene cumpliendo desde entonces. Por ello, también está inhabilitado y no pudo postular a la vicepresidencia con Perú Libre en la plancha que lideró el expresidente Pedro Castillo.

En febrero del 2022, hace casi un año, el mismo juez Guido Arroyo absolvió a Vladimir Cerrón de una acusación por el delito de malversación de fondos hecha por la Fiscalía Anticorrupción de Huancayo. Esto por el caso “Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro” Allí se pedían 2 años y 11 mese de prisión.

En tanto, Vladimir Cerrón también tiene acusación en torno al Hospital El Carmen, en la que se piden 16 años de prisión en su contra por colusión; y otra en relación con el Circuito vial Chupaca - Sicaya, en la que se solicitan 4 años y 8 meses de prisión. Estos están todavía pendientes de ser resueltos por el Poder Judicial.

Adicionalmente, enfrenta otras investigaciones fiscales. Las más resaltantes son las del caso Dinámicos del Centro y el caso del presunto financiamiento ilícito de Perú Libre. En ambos, se le considera líder da una presunta organización criminal vinculada a delitos de corrupción y lavado de activos.

Por el segundo, la Fiscalía Contra el Lavado de Activos solicitó prisión preventiva a fines del año pasado. Si bien dicho pedido se rechazó en ambas instancias, el próximo miércoles 15 de febrero se verá una solicitud para variar su actual régimen de comparecencia con restricciones por prisión por no haber cumplido con pagar su caución.

Vladimir Cerrón también es investigado por presunta organización criminal en el Caso Antalsis y enfrenta otras pesquisas por delitos como presunta filiación terrorista. Este último caso está en etapa de investigación preparatoria e incluye a los legisladores Guido Bellido y Guillermo Bermejo.

Para Jefferson Moreno, el juez pudo valorar la condena previa por corrupción y su involucramiento en múltiples proceso judiciales para que la pena se ejecute de inmediato y no esperar a que se confirme en segunda instancia. “Eso debe dar una luz que la persona pueda generar un peligro para este proceso y como esta sí es una pena efectiva, puede fugar”, opinó.

Por otro lado, indicó que al ser su segunda condena por corrupción, esta no podía ser de prisión suspendida, sino que debía ser efectiva. Así, estimó que la sala de apelaciones optará por confirmar una prisión efectiva, por absolverlo o por anular el juicio y ordenar otro.