Hace 45 años, la mencionada finca, situada en la esquina de la avenida Emancipación y el jirón Carabaya, corrió el riesgo de ser destruida en cumplimiento de una resolución ministerial, emitida el 15 de noviembre de 1976 por el Ministerio de Vivienda y Construcción, que indicaba que el inmueble se encontraba “en estado ruinoso e insalubre”.
El Comercio alertó sobre esta grave situación en su edición del 17 de noviembre de 1976. El arquitecto Ramiro Salas del Instituto Nacional de Cultura (INC), informó que se habían iniciado las gestiones ante el Ministerio de Educación para que se respetara la intangibilidad de la casa en la que habitó gran parte de su vida el mariscal Ramón Castilla, inmueble declarado monumento histórico en 1972.
La resolución del Ministerio de Vivienda y Construcción decía: “En el plazo de cinco días útiles, él o los propietarios del inmueble signado con los números 210-218-224 de la avenida Emancipación (antes jirón Cusco), procederán a iniciar su demolición, bajo responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de su incumplimiento”.
El decano recordó que según lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Construcción, los trabajos de cualquier índole en los inmuebles declarados “monumentos” debían ser autorizados por resolución del Ministerio de Educación, previo dictamen del INC.
Estaba por cometerse un verdadero acto de “vandalismo oficial” contra una casona ligada a la biografía de un personaje destacado de la vida republicana de nuestro país, el mariscal Ramón Castilla y Marquesado (1797-1867), presidente del Perú hasta en tres oportunidades.
La nota de El Comercio indicaba además que de conformidad con el decreto ley 190033: “Los monumentos inmuebles y muebles, de la época colonial y republicana de propiedad privada son parte del Patrimonio Monumental de la Nación, y sus propietarios están en la obligación, bajo responsabilidad de preservarlos y conservarlos no pudiendo alterar la condición de “Memoria” adquirida por el monumento.
El inmueble de corte republicano y de líneas neoclásicas data de una época anterior al año 1840, en que fue comprada por el mariscal Castilla. Al momento de ser declarado monumento histórico pertenecía a la familia Montori. Luego la propiedad fue adquirida por una compañía de seguros.
El INC ya había establecido contactos con el Instituto Ramón Castilla a fin de restaurarla y conservarla. Esta idea había sido apoyada por dicho Instituto, que presidía el general Felipe de la Barra y cuyas actividades iban a ser realizadas en la finca del gran mariscal una vez que se culminaran los trabajos de restauración.
El 17 de noviembre de 1976, el ministro de Vivienda y Construcción, contralmirante Gerónimo Cafferata Marazzi, anunció que la Casa de Castilla, como se conoce al inmueble donde habitó el mariscal peruano, no sería demolida sino reparada.
Cafferata Marazzi agregó que “la refacción estará a cargo del Instituto Nacional de Cultura”. La mencionada finca tenía un plazo perentorio de cinco días para ser demolida por el peligro que representaba para los transeúntes y moradores de inmuebles adyacentes.
El INC, ante la inminencia de su destrucción, acudió al Ministerio de Educación para solicitar que no desaparezca la casa donde habitó la mayor parte de su vida el mariscal Castilla.
Por otra parte, el Instituto que lleva el nombre del mariscal solicitó al Ministerio de Guerra la expropiación de esta finca para convertirla en museo. El presidente del Instituto Libertador Ramón Castilla, Felipe de la Barra, indicó que “Castilla no es un desconocido. Es el paradigma de la peruanidad y por lo tanto debe ser respetada la casa en la que vivió, con mayor razón si esta tiene la categoría de monumento nacional”.
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