Para nadie es un secreto que las Asociaciones Público-Privadas (APP) han sido motor del desarrollo durante las últimas décadas, reduciendo brechas sociales y económicas en países de ingresos bajos o medios como el Perú. Pero llegado este momento, el modelo requiere ajustes si se desea que las APP sigan generando un impacto alineado con la visión país, reduzcan tiempos y costos de estructuración, se minimicen las adendas y se cumpla con las metas fiscales.
Los excesivos tiempos en su estructuración y enormes dilaciones en los plazos en los que se provee el servicio, van de la mano con un muy bajo número de proyectos adjudicados. También hay un elevado nivel de conflictos, proliferación de adendas y/o renegociaciones al contrato en la fase de operación, así como una baja tasa de participación en la inversión total en infraestructura. Un caso que ilustra lo que señalo es el reportado en los tramos 2 y 3 de la IIRSA Sur, donde las irregularidades se registraron en las adendas y arbitrajes, muy posteriormente a la firma del contrato de concesión, y no son atribuibles a cambios en las bases del contrato.
En el Perú parecería que, en general, estamos ante una ausencia de planificación sistemática y coherente de inversiones, de políticas de muy corto plazo y carencia de compromisos gubernamentales creíbles, falta de capacidad y presupuestos internos, así como de un número insuficiente de participantes en el mercado del sector privado. Pero insisto: de todos los problemas reportados, la renegociación de los contratos ha sido el problema que ha amenazado más gravemente los beneficios y la credibilidad del programa de APP. A ello hay que sumar una elevada incidencia de conflictos por adendas y hechos de corrupción. ¿El resultado? Desde el año 2000 se han lanzado, en promedio, menos de 10 proyectos por año, lo cual es particularmente bajo.
Es crítico cambiar las métricas usadas para evaluar el éxito de las APP. A la fecha se usa el número de APP proyectadas y adjudicadas anualmente. Es un sistema engañoso ya que no muestra el impacto del servicio en la población: muchas de las APP ya adjudicadas sufren paralizaciones, demoras o abandonos. Por tanto, la métrica que debería usarse es el número de APP que anualmente entran en operación.
Para mejorar e incrementar el número de APP efectivas, el Perú debe realizar una serie de reformas sustanciales legales, normativas y de procesos. Debe incrementar su conocimiento, aumentar y generar capacidades/recursos humanos de calidad que le permita adoptar las mejores prácticas. Parte de esas reformas deben orientarse a reducir los tiempos y costos de los procesos de formulación y estructuración de los proyectos, y para eso no hay que cambiar la ley: hay que cambiar los propios procesos. Una plataforma apropiada que ayude a identificar los problemas, su impacto y vías de solución, por ejemplo, puede hacer que la concreción de una APP se reduzca de 24 a 12 meses, reduciendo los costos de estructuración en hasta un 30%.
