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Necesidad de rendición de cuentas en la gestión pública, por Magali Silva

“La rendición de cuentas debe ser permanente”, señala la ex ministra de Comercio Exterior y Turismo

Magali Silva fue extitular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Magali Silva fue extitular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

El artículo 39 de la Constitución Política del Perú establece que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Y la nación somos todos. De igual forma, en la vigésima sexta política nacional del Acuerdo Nacional se señala como una política de Estado la promoción de la ética y la transparencia, así como la erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas.

Para ello es imprescindible contar con información actualizada, completa y oportuna, que permita la vigilancia ciudadana de la función pública. A escala internacional, Naciones Unidas incorpora como meta para cumplir uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible al 2030 la necesidad de garantizar el acceso del público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.


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En nuestro país, llevamos más de 16 años buscando que los ciudadanos ejerzan su derecho de vigilancia y control a acceder a la información pública de las instituciones del Estado, según el principio de transparencia dispuesto mediante Ley 27806, de transparencia y acceso a la información pública.

Dándole cumplimiento, en el portal de cada entidad pública se reconoce este derecho ciudadano y se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles para dar respuesta a las solicitudes de información. Sin embargo, estoy convencida de que informar sobre la gestión pública es mucho más efectivo que atender solicitudes particulares.

Así lo entendimos en Mincetur cuando, por ejemplo, se organizaron las oficinas comerciales en el exterior y se publicaban informes periódicos con los resultados que se iban obteniendo, de manera que el país conociera los beneficios de los recursos públicos invertidos. Lo mismo se puede replicar en otras entidades públicas.

Todo servidor público debe contribuir a crear bienes y servicios de calidad para la satisfacción de las necesidades de la población, y por ello se hace imprescindible que se ejerza también la función de difusión y comunicación de los resultados obtenidos. Solo conociendo lo que se hace en la administración pública podremos interactuar entre Estado y sociedad para continuar lo que se hace bien y corregir lo que no. Ese es el poder de la información.

Esta sirve para que los agentes económicos tomen decisiones de consumo, ahorro e inversión. Pero principalmente para que todos estemos enterados de lo que el Estado hace con nuestros impuestos.

En cambio, si cuando entramos a sus portales vemos información atrasada, incompleta o errada, tenemos el derecho de preguntarnos si se trata de un mero descuido o no se le da ningún valor a la información, o es que no se está haciendo nada.

Esa cultura de transparencia que exigimos a nuestros políticos deberíamos también aplicarla a la gestión pública en todo nivel: nacional, regional y local para que no nos llevemos amargas sorpresas al final de cada administración. La rendición de cuentas debe ser permanente y extensiva a todo funcionario público.

No es una tarea imposible. El sector público tiene todas las herramientas tecnológicas para poder hacerlo. Es solo cuestión de voluntad y de compromiso con el ciudadano.

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