Pasado, presente y futuro de las APP

En 1992, la densidad telefónica en el Perú era de 2,93, lo que nos colocaba como penúltimos en la región. El impulso para la inversión privada a través de la COPRI primero y de ProInversión después fue intenso en la década de los noventa y muy fructífero luego de la caída de Sendero Luminoso.

Pero, no siguió una trayectoria lineal, lamentablemente. Algunos presidentes le dieron más impulso, varias veces acompañado de incentivos cuantiosos a sus arcas personales. Cuando explotó el escándalo de la corrupción liderada por Odebrecht a fines de 2016, experimentamos un gran retroceso en cuanto a la promoción de la inversión privada en obras de infraestructura. Luego vino la pandemia y retomar cualquier ritmo pasado ha sido “cuestarriba”.

De ahí la importancia que cobra el esfuerzo que emprendió ProInversión de la mano del BID el año pasado de evaluar el impacto de las APP. Estas evaluaciones de impacto se han realizado con métodos robustos, datos lo más actualizados posibles y, además, revisadas por pares evaluadores, en el mejor estilo de publicación para revista académica.

Contamos ahora con las evaluaciones de impacto de 5 proyectos: el Fondo Social del Terminal Portuario de Salaverry (TPS); 3 carreteras, acceso a Internet de banda ancha, de 2 proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y de los policlínicos Kaelin y Barton. En todas estas evaluaciones se encuentran efectos de incremento del bienestar y no solo por reducciones de gasto, que sería una medición puramente económica, sino por mejoras en indicadores sociales: reducción del número de defunciones por las acciones del Fondo Social del TPS, reducción de anemia o enfermedades diarreicas agudas en el caso de los PTAR, o reducción del tiempo de espera para la atención en el caso de los policlínicos.

Los evaluadores atribuyen al esquema de desarrollo del proyecto -APP en este caso- los beneficios logrados por la infraestructura nueva, lo que podría ser una crítica a la perspectiva de evaluación de impacto adoptada. Dicho esto, me parece razonable preguntarse cuán aceptable es este reparo, en la medida en que el proyecto probablemente seguiría en planos si no hubiera sido incluido en la cartera de proyectos de ProInversión.

Aguardamos todavía una evaluación que incluya también el proceso mismo y pueda dar cuenta de las fallas de coordinación y las dificultades que se encuentran en los procesos que lleva adelante ProInversión. Así, se abre la puerta a un mejor diseño de las posibles modificaciones en la normativa que la rige.