¿Debe tener el Congreso un oficina de estudios económicos?

El congresista Alberto de Belaunde, de la bancada de Peruanos por el Kambio, presentó la semana pasada el proyecto de ley que busca crear la oficina de estudios económicos del Congreso de la República.

Esta se encargaría de “absolver consultas en cualquier materia económica o de impacto regulatorio que realicen los grupos parlamentarios y las comisiones del Congreso”, señala la propuesta. Se añade que estas consultas podrían incluir la elaboración del análisis costo-beneficio de los mismos. 

“El interés por este tema nace de encontrarme en los proyectos de ley constantemente con la frase ‘este proyecto no irroga gasto alguno al Estado”, cuenta De Belaunde. Así, el congresista decidió adoptar la medida planteada por la Asociación Civil Transparencia y elaborar este proyecto de ley. 

“En solo un mes –del 26 de julio al 26 de agosto– se han presentado 169 proyectos de ley”, detalla Gerardo Távara, secretario general de Transparencia. Señala que la primera pregunta que se deben hacer los parlamentarios en este sentido es si la solución al problema es una ley o si existe otra vía, y en segundo lugar, analizar los efectos en la economía de la ley que se busca promulgar. 

De Belaunde afirma que el apoyo de la oficina de estudios económicos del Congreso no sería obligatorio y que los resultados no tendrían carácter vinculante, sino más bien acompañarían el dictamen para que el pleno pueda tener claros los efectos de la propuesta y, por otro lado, generar mayor transparencia de cara a la ciudadanía. 

José Beteta, director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto, considera que esta oficina permitiría democratizar el diseño de las leyes al fomentar la discusión de los efectos entre diversos actores y elevaría la calidad de la producción legislativa. 

—Las claves—

Los expertos resaltan que un aspecto clave para garantizar el buen funcionamiento de esta oficina es asegurar su imparcialidad, por lo que la composición del equipo resultaría clave. 

En esta línea, dado que se busca racionalizar los recursos del Congreso, se realizaría un concurso público interno en la institución para cubrir los puestos. De no lograrse, se haría un concurso externo. 

Beteta afirma que esto podría significar un riesgo para el reclutamiento, pues limitaría el perfil de los profesionales que ingresarían a trabajar en esta oficina. Óscar Sumar, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, considera que, además, es una contradicción del propio proyecto de ley, en el que se dice que muchas veces los equipos del Congreso no cuentan con el perfil necesario para realizar el análisis costo-beneficio.

Otro de los puntos claves identificado por Beteta es que al momento de reglamentar la norma se tendría que hacer énfasis en los plazos para que esto no genere más burocracia. 

Por otro lado, Sumar critica el análisis costo-beneficio que incluye el proyecto de ley pues considera que no está bien hecho al no cuantificar adecuadamente los costos reales de la implementación de la OEC. “Eso descalifica el proyecto y es hasta irónico: el proyecto que propone la oficina de análisis costo-beneficio no hace un análisis costo-beneficio”, señala.

En esta línea, Sumar añade que se debería buscar un análisis racional de fondo que acompañe el análisis costo-beneficio dado que podría ser muy frío. Por ejemplo de un sector extractivo: en términos económicos es muy rentable, pero el costo social muchas veces no es cuantificable.

Sobre esto, Beteta menciona que se debe reconocer que el análisis costo-beneficio no es solo cuantitativo, sino que también hay leyes que buscan regular derechos, generar inclusión, etc., lo que no siempre es cuantificable.

—Modelo a seguir—

El proyecto de ley hace referencia a la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE.UU. (Congressional Budget Office) compuesta por 234 personas, que funciona bajo la misma lógica y es una institución que ha logrado mantener una trayectoria imparcial en sus estudios. Esta oficina no puede dar recomendaciones de política, solo análisis. Hoy, la oficina cuenta con la legitimidad del Congreso y la opinión pública.