Ejecutivo solicitará al Congreso convocar a sesión extraordinaria del pleno por delegación de facultades

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, informó que este martes 18 de junio el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, buscará programar con el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), una sesión del pleno, a fin de que se apruebe el pedido de facultades del Ejecutivo.

En diálogo con RPP Noticias, recordó que la Constitución le otorga potestad a la mandataria Dina Boluarte para convocar a una sesión extraordinaria del pleno, cuyo único punto de agenda sería la delegación de facultades.

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“Tengo información que el premier mañana se estará comunicando con el presidente del Congreso a fin de programar una sesión especial del pleno (…) para ver como único punto de agenda que este tema”, indicó.

Como se recuerda, el último sábado el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen que delega facultades al Poder Ejecutivo para legislar en 10 materias referidas a reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

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Durante la última sesión del pleno, se votó por separado cada uno de los diez temas materia de la delegación de facultades legislativas.

Sin embargo, el pedido para que el referido dictamen sea exonerado del trámite de segundo votación no fue aprobado, pese a que obtuvo 74 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones.

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De aprobarse la delegación de facultades, el Poder Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos en temas autorizados por el Congreso, por un plazo de 90 días calendario, contados a partir de la entrada en vigor de la norma.

Cabe indicar que el Parlamento Nacional se encuentra en receso desde esa fecha, al haber culminado la segunda legislatura del periodo de sesiones 2023-2024.

¿En qué materias podría legislar el Gobierno?

• Fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos.
• Mejora de la calidad de la inversión pública.
• Fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado.
• Reducción de costos de transacción.
• Acceso y competencia en servicios financieros.
• Equilibrio fiscal.
• Tributaria.
• Política criminológica y penitenciaria.
• Desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay.
• Seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital.