Informe IPE: ¿Cuál es el impacto de contar con una baja cobertura en salud en medio de la pandemia del COVID-19?

La fuerte caída en los ingresos de las familias puso a los hogares en una situación de grave vulnerabilidad financiera, que en muchos casos se vio empeorada por los gastos adicionales en salud en los que tuvieron que incurrir ante la COVID-19 dada la precariedad del sistema de salud público. Las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares 2020 (Enaho) muestran que los seguros de salud habrían jugado un rol importante en este contexto para cofinanciar parte del gasto extra en salud. Sin embargo, a la fecha, aún persiste un problema de cobertura efectiva. La solución debería partir por simplificar el sistema público actual, fortalecer las redes integradas de salud y agilizar los intercambios prestacionales entre aseguradoras.

Gasto monetario de los hogares en salud

Sobre la base de la información de la Enaho, en el 2020, los hogares en el Perú reportaron gastos en servicios de salud por más de S/10 mil millones. Contrario a lo que se pueda esperar, dicho monto fue inferior a lo reportado en el 2019, previo a la crisis sanitaria. Así, mientras que en ese año un hogar promedio declaró gastar S/1.291 de su propio bolsillo en consultas, medicinas y análisis, entre otros, en el 2020 dicho monto fue de S/1.136, 12% inferior.

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Sin embargo, dicha caída en el monto pagado no fue uniforme para toda la población. A diferencia de los hogares con mayores recursos económicos, las familias en el quintil de menores ingresos vieron incrementado su gasto de bolsillo de salud entre el 2019 y el 2020. En particular, este aumentó de S/311 a S/426 entre ambos años, un incremento de 37%.

Este resultado se debería a que los hogares más pobres fueron los más perjudicados en términos económicos por la pandemia. En el quintil de menores ingresos, las familias con algún miembro con síntoma de COVID-19 tuvieron que gastar en salud 4,5 veces más que las familias no afectadas por la enfermedad. En cambio, en los hogares de mayores recursos, el impacto en el gasto fue proporcionalmente menor.

Cobertura efectiva de salud

Durante la pandemia, la tenencia de un seguro de salud ayudó a mitigar parte del gasto en salud de los hogares. Según lo estimado con la Enaho, en el 2020, la población asegurada declaró pagar, según su tipo de seguro, entre el 46% y 48% del costo total de los servicios recibidos (el resto fue cubierto por sus seguros o por otros aportes públicos o privados). En contraste, se estima que las personas sin ninguna cobertura declararon haber pagado el 78% de los costos totales de los servicios de salud recibidos.

Cabe señalar, sin embargo, que por su naturaleza la Enaho podría no ser la fuente de información más adecuada para medir la importancia de los seguros de salud para cubrir los costos de atención médica. Esto es más evidente durante el 2020, cuando la atención por COVID-19 pudo llevar a gastos catastróficos para las familias, los cuales tendrían que ser asumidos por las aseguradoras para aquella población con cobertura de salud.

De esta manera, entre las personas aseguradas, el porcentaje pagado de bolsillo sobre el total de costos de salud podría ser menor, con una mayor cobertura provista por los seguros de salud. Otras bases de datos, como las Cuentas Nacionales de Salud, no tienen aún información actualizada al 2020.

Esta limitación en la fuente de información también afecta el análisis del rol de los seguros en la cobertura que ofrecen durante los casos de atenciones por COVID-19. Según la Enaho, la población que mostró síntomas de la enfermedad pero sin una cobertura de salud declaró incurrir en un gasto 45% mayor que aquella población con algún tipo de seguro. Sin embargo, este dato podría ser mucho mayor si se utilizara información –aún no de disponibilidad pública– de los distintos aseguradores, públicos o privados.

A pesar de sus limitaciones, estas cifras apuntan a que el aseguramiento en salud contribuye a menores costos para las familias. Sin embargo, esta no llega a ser efectiva para todos los asegurados. Según el registro del Aseguramiento Universal de Salud (AUS), manejado por la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), el 95% de la población al 2020 está afilado en al menos una institución aseguradora. Sin embargo, esto difiere con lo reportado por los hogares en la Enaho, cuya información arroja una cobertura de solo 77%. La diferencia entre ambas fuentes de información se ha ido incrementando en los últimos años: mientras que, en el 2015, la diferencia era de 7,6 puntos porcentuales (pp.), esta aumentó a 18 pp. en el 2020.

Alcanzar una cobertura mayor y más efectiva también se podría reflejar en un incremento de la población que buscó atención de salud ante un problema médico. Al 2020, el 53% de la población asegurada no buscó ningún tipo de atención; este porcentaje se incrementa a 58% entre las personas sin cobertura de salud.

Medidas a futuro

El mayor gasto proporcional de los hogares más pobres del país y de la población sin cobertura es reflejo de las dificultades para acceder a establecimientos de salud. De acuerdo con un informe de Videnza Consultores, las limitaciones de acceso se deben, en parte, a la fragmentación y segmentación del sistema de salud peruano y una gestión de prestaciones de salud que prioriza la atención en los hospitales del tercer nivel de salud por sobre el primer nivel de atención.

Además, según Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, los intercambios prestacionales entre seguros de salud –públicos o privados– son clave para proveer una adecuada cobertura entre la población asegurada. Estos intercambios hacen referencia a la capacidad de que una persona pueda atenderse en cualquier establecimiento –aún si no es parte de la red de salud de su aseguradora- y ser financiado por el seguro al cual está afiliado. “El rol de los seguros debería ser financiar los servicios de salud de sus afiliados, sin importar el lugar en el que se atiendan. Se necesitan protocolos claros y previsibles entre los seguros de salud para que los intercambios sean fluidos, rápidos y masivos. Así, se podría evitar aquellos casos en los que personas aseguradas tuvieron que pagar gastos catastróficos en casos de COVID-19 solo por no ir a los prestadores de salud de su seguro”, señala Morón.

Vale resaltar que, entre SIS y Essalud, aproximadamente 30 millones de peruanos están asegurados por el sector público, de modo que ahí se encuentra el principal espacio de mejora. Modificar esta situación requerirá de reformas sustanciales durante los próximos años. Durante la campaña electoral, diversos planes de gobierno coincidieron en la necesidad de simplificar el sistema actual y de fortalecer las redes integradas de salud.

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