El presidente de Perucámaras, Oscar Zapata, también cuestionó que la empresa estatal nuevamente se encuentre en medio de una histórica injerencia política y sindical. FOTO: GEC.
El presidente de Perucámaras, Oscar Zapata, también cuestionó que la empresa estatal nuevamente se encuentre en medio de una histórica injerencia política y sindical. FOTO: GEC.
Redacción EC

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), Oscar Zapata, indicó que desde mayo último viene proponiendo que sea sometida a un procedimiento concursal, a fin de que sus acreedores, muchos de ellos asociados a las cámaras de comercio regionales, puedan recuperar los créditos que le otorgaron, garantizando la continuidad de sus operaciones.

El procedimiento concursal es un ambiente idóneo para que acreedores y deudores negocien entre sí y la Junta de Acreedores opte por la reestructuración de la empresa, con la consiguiente permanencia de la unidad productiva, o a posteriori decida su liquidación en marcha”, explicó Zapata Alcázar.

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Añadió que si hace tres meses se hubiera optado por esta salida, hoy no habría problemas tan graves como la posibilidad de no poder pagar el combustible que deben descargar los barcos. En ese sentido, reiteró su llamado a tomar decisiones rápidas y concretas que signifiquen poner un punto final a este proceso.

El presidente de Perucámaras también cuestionó que la empresa estatal nuevamente se encuentre en medio de una histórica injerencia política y sindical, que la ha llevado a que se aleje largamente del manejo eficiente, transparente y del buen gobierno corporativo.

Cambiar un directorio por otro no resuelve el problema grave que hoy significa Petroperú. No es momento para que el gobierno siga apostando por un esquema estatal en una empresa que cerró el año pasado con una pérdida de US$824 millones, recursos que nos cuestan a todos los peruanos y que pudieron tener un mejor uso en servicios básicos que tanto requiere la población”, acotó.

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Zapata agregó que Petroperú es una empresa de derecho público con personería jurídica de derecho privado, organizada para funcionar como sociedad anónima, por lo que, como tal, puede ser objeto de disolución y liquidación, un procedimiento que determinaría su extinción, a diferencia de los entes de derecho público que solo se extinguen por ley.

Luego de recordar que, para este año, se tiene previsto un déficit que rondaría los US$ 673 millones, el representante gremial sostuvo que la situación de Petroperú perjudica gravemente a los proveedores nacionales, como el caso de los que trabajan con la refinería de Talara, de la cual depende el 75% de la economía de esa provincia.

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