¿Qué dice la ley para detener y deportar a migrantes por delitos menores, la primera norma que firmará Trump?

El pasado lunes, el Senado ya había aprobado el proyecto y lo envió a la Cámara Baja para su votación final tras varias enmiendas al texto original.

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La votación final, 263 votos a favor y 156 en contra, implicó el respaldo de parlamentarios demócratas: 46 de sus representantes se unieron a todos los republicanos para aprobarla, una señal de que se está gestando un consenso entre los partidos en torno a la adopción de una línea más dura contra los inmigrantes indocumentados.

El proyecto de ley fue presentado por Mike Collins, representante republicano por Georgia.

Según el texto, las autoridades federales estarán obligadas a mantener bajo arresto a cualquier migrante detenido o acusado de delitos menores como el hurto en tiendas, allanamiento con fines delictivos y latrocinio.

El alcance de la propuesta se amplió en el Senado para incluir también a los acusados de agredir a un agente de policía y delitos con resultado de muerte o lesiones corporales graves.

Hasta ahora, solo están sujetos a una posible deportación los migrantes que tengan una condena firme por al menos dos delitos menores.

La nueva ley también otorga a los fiscales generales de los estados el derecho a demandar al fiscal general de Estados Unidos, o al secretario de Seguridad Nacional, si un migrante que entró ilegalmente en el país llegara a cometer un delito que perjudicara al estado o a cualquiera de sus residentes.

En este punto, las organizaciones que defienden a los migrantes han denunciado que la ley es un intento encubierto de dejar que los gobernadores conservadores y los fiscales generales estatales dicten las políticas federales de detención de migrantes. Los demócratas presionaron sin éxito en el Senado para que se eliminara esa disposición del proyecto de ley.

La ley no incluye financiación adicional para que los servicios migratorios implementen la nueva norma. El personal demócrata del Comité de Asignaciones Presupuestarias del Senado estima que costaría 83.000 millones de dólares en los próximos tres años, según un memorando obtenido por la agencia de noticias The Associated Press. Los republicanos rechazaron esa estimación.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) asegura que la ley permitirá la discriminación racial a la hora de castigar delitos no violentos, y creará un caos jurídico.

La Coalición de Inmigración de Nueva York subrayó que la ley elimina el debido proceso para los indocumentados y permitirá la deportación de inmigrantes sin papeles “acusados de delitos no violentos” que no han sido declarados culpables.

Laken Riley fue asesinada el 22 de febrero del 2024 mientras trotaba en la Universidad de Georgia (UGA). El autor del crimen fue el inmigrante indocumentado José Ibarra, de nacionalidad venezolana y quien ya había sido detenido por delitos menores.

Tras el crimen, Ibarra fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Juré que lucharía con todas mis fuerzas para asegurarme de que protegíamos a las familias de todo el país, y lo hicimos”, dijo tras la aprobación de su proyecto el representante Collins, cuyo distrito incluye Athens, la ciudad natal de Riley.

“No se aprobará ninguna ley significativa en esta ciudad hasta que el pueblo estadounidense la exija y, por Dios, exigen que se apruebe y saquemos a estos criminales de nuestro país”, agregó.

Durante la campaña electoral y después de ella, Trump y otras figuras políticas republicanas, además de medios de comunicación que simpatizan con el magnate, han reforzado la narrativa de que los inmigrantes recién llegados, en especial los indocumentados, están provocando un fuerte aumento de la delincuencia en Estados Unidos. Para ello, generalizan cuando informan de hechos terribles como el caso de Laken Riley. ¿Pero realmente es así?

Para el analista internacional Francesco Tucci, responsabilizar a los inmigrantes por la criminalidad es un discurso bastante populista.

“Durante todo su primer mandato Trump dijo que prácticamente todos los mexicanos eran criminales, narcos y violadores”, recordó Tucci al El Comercio.

“Entonces, este discurso responde a un miedo, a una necesidad que está presente en la sociedad norteamericana, que no se siente segura por una serie de razones, y la respuesta del presidente es esta. Hay que ver si efectivamente podrá llevar adelante estas deportaciones que prometió”, agregó Tucci.

Un estudio codirigido por la economista Elisa Jacome, de la Universidad Northwestern, descubrió que los inmigrantes tenían sistemáticamente menos probabilidades de ser encarcelados que las personas nacidas en Estados Unidos.

Mientras que otro análisis del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, también desmintió el mito de “la ola de la delincuencia migratoria”. Aseguró que la cantidad récord de inmigrantes que ha cruzado la frontera con México durante los últimos dos años no ha significado un aumento global en el delito en las ciudades donde se ha instalado la mayoría de ellos.

En cuanto a la estrategia que Trump debe llevar adelante con los países de América Latina que van a recibir a gran cantidad de deportados, Tucci recordó una declaración que hizo el presidente el lunes, cuando la prensa le preguntó lo que pensaba de Brasil y de América Latina, “él dijo, nosotros no necesitamos de América Latina y Brasil, son ellos los que nos necesitan. Eso da una idea del enfoque que tiene hacia la región”.

“Entonces, pienso que Trump no va a tener una política multilateral con América Latina, va a ser bilateral, se va a entender con cada país, porque de esa manera Estados Unidos puede ejercer una mayor influencia desde el punto de vista político, económico y militar. Trump está en contra del multilateralismo y eso es evidente... Eso puede perjudicar claramente los intereses de varios países latinoamericanos”, indicó.

Por otro lado, a Tucci le preocupa la designación de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, una medida aprobada el lunes por Trump.

Dijo que Estados Unidos podría realizar operaciones unilaterales en territorio mexicano, “como ha pasado, por ejemplo, en el continente africano y en Asia. Y ojo que es una estrategia donde se utilizan drones y fuerzas especiales. Y se remonta a la Presidencia de Barack Obama”.

“Esto podría generar serias tensiones con México debido a la falta de autorización. Al tratarse de operativos encubiertos, no van a ser comunicados”, remarcó.

El crimen Riley ocurrió el 22 de febrero del 2024. Ese día ella salió de casa a las 9:03 de la mañana y se dirigió a los senderos boscosos de la UGA, donde solía hacer deporte.

Los datos de su reloj muestran que a las 9:10 am estaba corriendo a un ritmo rápido, cuando ocurrió algo que la hizo detenerse en seco. La mujer llamó al 911 a las 9:11 am, según Univisión.

Una operadora del 911 respondió pero nadie habló del otro lado. La operadora devolvió la llamada y no hubo respuesta.

Cuando Ibarra interceptó a Riley, “la llevó 19,79 metros fuera del sendero con el propósito de victimizarla” dijo durante el juicio la fiscal Sheila Ross.

Ibarra golpeó a Riley en la cabeza con una piedra varias veces y la asfixió. De acuerdo con los fiscales, la intención inicial del migrante era abusar sexualmente de la joven.

El cuerpo de Riley fue encontrado el mismo día del crimen en los senderos después de que una amiga informara a la policía que no había regresado.

Cuando se halló el cuerpo de Riley, sus pechos estaban expuestos, las tres capas de su ropa superior estaban levantadas, sus leggins estaban bajados, su ropa interior estaba rasgada y tirada fuera de sus mallas, dijo la fiscalía.

El médico forense dictaminó que la muerte de Riley fue un homicidio causado por los efectos combinados de un traumatismo craneal contundente y asfixia.

José Ibarra fue arrestado por la Policía de la UGA al día siguiente del crimen.

Durante el corto juicio, la fiscal Sheila Ross dijo que los análisis forenses encontraron ADN de Ibarra en las uñas de Riley, de acuerdo con Univisión.

Además, el sargento de policía Joshua Epps dijo en el juicio que cuando fue arrestado, Ibarra tenía “rasguños de uñas” en los brazos y en una de sus muñecas.

Univisión informó que los fiscales también presentaron evidencia de ADN de Riley e Ibarra en una chaqueta azul que la policía encontró en un contenedor de basura del complejo de departamentos donde él vivía.

Un testigo dijo que había visto a una persona con una chaqueta azul el día del asesinato de Riley.

En uno de los botones de la chaqueta se halló mechones de cabello largo.

Los fiscales también presentaron videos de cámaras de seguridad que mostraban a Ibarra tirando una chaqueta azul en un contenedor de basura.

Además, uno de los hermanos de Ibarra confirmó que la persona que estaba en el video era el acusado.

El día del crimen, Ibarra también fue grabado en video merodeando afuera del departamento de una estudiante de posgrado. La mujer le dijo a la policía que alguien intentó entrar por la puerta principal mientras ella estaba en la ducha. El hombre miró por su ventana, sostuvo.

La fiscal Ross dijo que Ibarra estaba “al acecho y cazando mujeres” y cuando no pudo entrar al departamento se dirigió a los senderos para correr en busca de una víctima, informó Univisión.

Los fiscales también encontraron una huella dactilar en el teléfono de Riley, que después fue identificada por un especialista como perteneciente a Ibarra.

Los abogados de Ibarra argumentaron que las pruebas contra él eran circunstanciales y no concluyentes.

José Ibarra ingresó a Estados Unidos el 8 de setiembre del 2022 de forma irregular. Lo hizo por el estado de Texas.

Fue detenido por las autoridades migratorias, pero lo pusieron en libertad con un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos mientras una corte revisaba su caso.

Ibarra primero se dirigió a Nueva York y el 2023 se trasladó a Athens, en Georgia, porque su hermano vivía allí.

El 13 de setiembre del 2023, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dijo a Fox News que la Policía de Nueva York había arrestado a José Ibarra por haber intentado dañar a un “menor de 17 años” y por haber conducido una motocicleta sin licencia.

En Georgia también había sido detenido por hurto.