Esta foto tomada el 9 de junio de 2021 muestra ST. Basílica de San Pedro en el Vaticano. (Foto de ANDREAS SOLARO / AFP).
Esta foto tomada el 9 de junio de 2021 muestra ST. Basílica de San Pedro en el Vaticano. (Foto de ANDREAS SOLARO / AFP).
/ ANDREAS SOLARO
Agencia AFP

El Vaticano anunció formalmente su firme oposición a un proyecto de ley en para combatir la , una intervención inusual en las relaciones diplomáticas entre los dos países, según comentó este martes el diario Il Corriere della Sera.

El proyecto de ley, que se debate en el Senado, tiene como objetivo sancionar los actos de discriminación e incitación a la violencia contra gays, lesbianas, transexuales y discapacitados.

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Según el diario, monseñor Paul Gallagher, responsable del Vaticano para las Relaciones con otros Estados, envió una “nota verbal” a la embajada de Italia ante la Santa Sede el 17 de junio en la que advierte que se viola el tratado entre los dos Estados.

La nota considera que algunos puntos del proyecto de ley italiano son contrarios al tratado bilateral vigente entre Italia y la Santa Sede, ya que violan la libertad de la Iglesia Católica en materia de organización y ejercicio del culto, así como la libertad de expresión concedida a los fieles y a las asociaciones católicas.

El proyecto de ley no exime a las escuelas católicas italianas de la obligación de participar en actividades relacionadas con el día nacional contra la homofobia.

“Se trata de un acto sin precedentes en la historia de las relaciones entre los dos Estados, al menos no hay precedentes públicos”, sostiene Il Corriere della Sera.

El portavoz del Vaticano se limitó a confirmar a la AFP la entrega del documento, sin hacer comentarios sobre el caso.

El proyecto de ley, con “medidas para prevenir y combatir la discriminación y la violencia por razón de sexo, género, orientación sexual, identidad de género y discapacidad”, lleva el nombre del diputado del Partido Democrático (centro-izquierda) Alessandro Zan y fue aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre.

Políticos divididos ante el proyecto

Actualmente se debate en el Senado. Hace un año, el episcopado italiano había impugnado el proyecto de ley, lo que provocó protestas por parte de las organizaciones de homosexuales y de varios miembros del parlamento.

“La posible introducción de nuevas disposiciones corre el riesgo de abrir el camino a derivas liberticidas y a más discriminaciones”, sostienen los obispos italianos, ya que consideran que Italia está dotada de instrumentos legales adecuados para combatir las discriminaciones.

“Someter a un proceso penal, por ejemplo, a quienes creen que la familia requiere de un padre y de una madre, y no de la misma doble figura, equivaldría a introducir un delito de opinión. Esto, de hecho, limita la libertad personal, las opciones educativas, la forma de pensar y de ser, el ejercicio de la crítica y el disenso”, recalcó la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).

En general son las conferencias episcopales locales que intervienen sobre los asuntos candentes que atañen principios de la iglesia católica.

Italia y la Santa Sede normalizaron sus relaciones diplomáticas a través de los acuerdos de Letrán en 1929, tras sesenta años de crisis y conflictos.

El concordato fue revisado en 1984 para poner fin al estatus especial de la religión católica, que dejó de ser la religión del Estado de Italia.

Por su parte, el autor del controvertido proyecto de ley, Alessandro Zan, rechazó las críticas al texto y niega que limiten la libertad de expresión y de religión.

“Se trata de una grave interferencia en los asuntos italianos, que rechazamos. (...) Un ataque a la laicidad de nuestras instituciones”, reaccionó el mayor sindicato del país, CGIL.

Fuentes vaticanas aseguran que “no piden bloquear la ley, sino una nueva formulación para que la iglesia pueda ejercer libremente a nivel pastoral, educativo y social”.

La posición del Vaticano desató reacciones de representantes de todos los colores políticos, entre ellos del ultraderechista Matteo Salvini, quien considera el proyecto de Zan “una mordaza” a la libertad de opinión, mientras el Partido Democrático defiende el proyecto, sin excluir “aportar modificas” tras un debate serio.

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