La Justicia británica ha declarado este jueves ilegal el plan del Gobierno conservador de enviar a Ruanda a los inmigrantes llegados irregularmente al Reino Unido, un fallo que han celebrado las organizaciones de derechos humanos y que el Ejecutivo piensa recurrir.
La Corte de Apelación ha dictaminado, por una mayoría de dos jueces a uno, que Ruanda “no es un tercer país seguro” para deportar a los potenciales refugiados debido a las “deficiencias” de su sistema de asilo y señala que la estrategia oficial será ilícita hasta que eso se corrija.
El primer ministro, Rishi Sunak, ha anunciado la intención de recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, mientras que la oposición y las ONG piden abandonar el polémico proyecto, condenado también por las Naciones Unidas.
La Corte de Apelación ha admitido el recurso presentado por varios solicitantes de asilo y entidades humanitarias contra un dictamen de diciembre del Tribunal Superior que favorecía la política gubernamental.
El jefe de los jueces en Inglaterra y Gales, Ian Burnett, leyó una decisión que pone en cuestión la política migratoria del Gobierno, cuyo proyecto de ley de Inmigración ilegal tramita actualmente el Parlamento.
Burnett explicó que, de un panel de tres magistrados, Geoffrey Vos y Nicholas Underhill concluyeron que las insuficiencias del sistema ruandés suponen un “riesgo real” de que las solicitudes de asilo no sean procesadas adecuadamente y los candidatos sean repatriados a sus países.
Sin embargo, él sí consideró válidas las garantías ofrecidas por el Ejecutivo y juzgó que Ruanda “es un país seguro”, una opinión minoritaria que abona el camino para el recurso gubernamental.
El Reino Unido y Ruanda acordaron en abril de 2022 un plan a cinco años para la transferencia a Kigali de la mayoría de inmigrantes que lleguen por vías no autorizadas a territorio británico, cuyas demandas se procesarían allí sin posibilidad de regresar a este país.
A cambio, Londres ha facilitado al país africano 120 millones de libras (unos 138 millones de euros) en fondos para el desarrollo y se haría cargo de los costes de tramitación e integración de cada persona reubicada.
Sunak dijo en Twitter que “discrepa fundamentalmente” del dictamen judicial.
“Creo firmemente que el Gobierno ruandés ha ofrecido las garantías necesarias para asegurar que no exista un riesgo real de que los solicitantes de asilo reubicados en virtud de la política de Ruanda sean devueltos por error a terceros países, algo en lo que coincide el jefe de los jueces”, ha afirmado.
La ministra del Interior, Suella Braverman, insistió por su parte en que sigue “plenamente comprometida” con el plan, diseñado para disuadir la llegada de potenciales refugiados en barcas por el canal de la Mancha.
La ministra subrayó que, si bien el tribunal ha censurado el sistema ruandés, al mismo tiempo “ha dejado claro que la política de reubicar a los solicitantes de asilo a un tercer país seguro para el procesamiento de sus solicitudes es acorde a la Convención de Refugiados”.
El Gobierno de Kigali se distanció a su vez del fallo al sostener que “es uno de los países más seguros del mundo”.
“Ruanda sigue totalmente comprometida con hacer que esta asociación funcione. El fallido sistema de migración global no protege a las personas vulnerables y empodera a las bandas criminales de tráfico” humano, ha declarado.
ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha celebrado la decisión de los jueces y subraya su oposición a “la externalización de las obligaciones de asilo”.
Entre la oposición política, la portavoz de Interior laborista, Yvette Cooper, ha instado a anular el plan por “inviable, poco ético y exorbitante”.
Cooper recuerda que, según datos del propio Ejecutivo “tory”, el coste de las deportaciones a Kigali se estima en 169.000 libras por persona (195.000 euros), más de lo que cuesta actualmente tramitar las solicitudes aquí.
Yasmine Ahmed, de Human Rights Watch, deseó que “se relegue esta propuesta cruel e inhumana a los libros de historia” y la portavoz de Amnistía Internacional UK, Sacha Deshmukh, instó a abandonarla “antes de que se haga más daño a la reputación internacional” del Reino Unido o “a las personas afectadas”.
El primer vuelo con inmigrantes con destino a Ruanda fue detenido el 14 de junio de 2022 por una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue muy criticada por el Ejecutivo conservador.
