La tarde del miércoles, la policía de Nicaragua allanó la vivienda y arrestó a Cristiana Chamorro, la opositora con las mayores opciones de ganarle a Daniel Ortega en las elecciones presidenciales programadas para noviembre de este año. Este incidente, sin embargo, es tan solo el último de una serie de acciones similares adoptadas por el régimen sandinista contra la periodista.
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Cristiana nació en Managua hace 67 años, es hija del periodista, político y director del diario “La Prensa”, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado en 1978 por el régimen de Anastasio Somoza, y de la también periodista y expresidenta del país, Violeta Barrios.
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Su madre se convirtió en 1990 en la primera mujer electa en las urnas para ocupar la presidencia en toda América. En dicha contienda electoral, a la que llegó bajo la bandera de la Unión Social Opositora, derrotó a su exaliado y representante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega, quien buscaba su primera reelección en el cargo.
Mientras su madre llegaba a la presidencia, Cristiana se convertía con apenas 35 años en la editora del periódico familiar, cargo que abandonó en 1998 para crear la Fundación Violeta Barrios (FVBCH), dedicada a velar por la libertad de prensa y la cual dirigió hasta febrero de este año.
En ese mes, el régimen de Daniel Ortega -quien volvió a la presidencia nicaragüense en el 2007 y actualmente acumula tres mandatos consecutivos- aprobó a través del Parlamento la Ley de Agentes Extranjeros, destinada a bloquear el financiamiento extranjero a organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, la prensa independiente y la sociedad civil, identificados principalmente con la oposición a Ortega.
La legislación fue rápidamente señalada como una herramienta para anular a la oposición en respuesta a las protestas que desde el 2018 se vienen registrando en el país en contra del régimen.
Debido a esta ley, organizaciones como la FVBCH o la PEN Nicaragua, dedicadas a proteger la libertad de expresión, se vieron obligadas a cerrar debido a la falta de financiamiento. La norma también estipula que quienes deseen manejar una organización de este tipo en el país tendrá que registrarse ante el Ministerio de Gobernación, institución a la que mensualmente deberán reportar sobre sus operaciones.
Este año, además, Chamorro anunció su precandidatura a la presidencia de Nicaragua, una decisión que ha ido ganando apoyo entre la población. Según una encuesta realizada por la firma CID Gallup la semana pasada, la opositora tiene un 21% de intención de voto frente al 30% que apoya a Ortega.
El escenario no ha podido evitar pintarse de poético al recordar que hace 30 años su madre también le ganó a Ortega encabezando una alianza opositora. Al ser consultada al respecto por La Voz de América, Cristiana dijo “Yo estoy segura que si los nicaragüenses quieren, si los nicaragüenses se apuntan a ir a votar y seguimos hoy hasta el día de las elecciones exigiendo elecciones libres, observadas, elecciones en libertad, como fueron en el pasado, unas elecciones donde nos podamos movilizar, expresar libremente sin presos políticos. Yo creo que sí. Sí le ganamos a Ortega”.
BLOQUEO JUDICIAL
En los últimos días, sin embargo, el camino de Chamorro parece alejarse cada vez más de las urnas y dirigirse aceleradamente a los tribunales.
Basados en la Ley de Agentes Extranjeros, el Ministerio de Gobernación de Ortega inició a mediados de mayo una investigación contra Chamorro acusándola de irregularidades en el manejo de la FVBCH. Este martes, el Ministerio Público formalizó la denuncia contra la opositora acusándola de “los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”, según un comunicado de la institución.
El pedido de la Fiscalía ante las acusaciones contemplaría inhabilitar a Chamorro de la carrera presidencial. Las medidas que solicitan son “retención migratoria (...) prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, más la inhabilitación para cargos públicos, por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”, precisan.
Este miércoles, el Juzgado V de los Penal de Audiencias informó que había aceptado la petición de la Fiscalía contra Chamorro.
Sumado a ello, el hermano de la periodista, Carlos Chamorro, denunció mediante su cuenta de Twitter que la policía había allanado la casa de la opositora avalados por una orden emitida por la jueza Karen Chavarría, titular del Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua. En la misma intervención Chamorro fue detenida.
La presidenta de la organización no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, declaró a periodistas que los agentes policiales irrumpieron “violentamente” en la residencia de Cristiana Chamorro, ubicada a unos 11 kilómetros al sur de la capital, según la agencia AP.
“Una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le realizará la respectiva audiencia”, agrega un comunicado divulgado por el Ejecutivo.
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