“Maduro detiene a los activistas de derechos humanos para desmovilizar a la ciudadanía de Venezuela”

En su último informe del 10 de enero, la ONG Foro Penal contabilizó un total de 1.697 personas detenidas desde la represión que se desató luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, cuando miles de venezolanos salieron a las calles a manifestarse y denunciar fraude. Ello tras los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron como ganador a Maduro sobre el gran favorito, el opositor Edmundo González Urrutia.

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Han pasado más de seis meses y el CNE todavía no publica las actas electorales para probar la victoria de Maduro. En cambio, la oposición llegó a conseguir el 85% de las actas oficiales, donde se demuestra que en realidad González ganó con más de 30 puntos de diferencia sobre el chavista.

De los 1.697 detenidos, 221 son políticos, 23 periodistas y 6 activistas defensores de los derechos humanos, informó el medio venezolano El Pitazo.

“Dichas personas fueron sacadas de sus hogares, interceptadas en las calles, locales y en carreteras por las autoridades venezolanas, en su mayoría sin órdenes de captura ni motivos explícitos”, refirió El Pitazo.

El partido de la líder opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, es el que registra más arrestos de políticos, con 67, el 30% del total. Lo siguen otros opositores como Primero Justicia con 35 (16,1%), Encuentro Ciudadano con 20 (9,2%), Voluntad Popular con 20 (9,2%), Acción Democrática con 13 (5,9%), Un Nuevo Tiempo con 6 (2,7%), La Causa R y Convergencia con cuatro (1,8% cada uno).

Uno de los casos más sonados en el 2024 fue el arresto del líder de Voluntad Popular, Freddy Superlano, ocurrido el 30 de julio. Ni su familia ni abogados han podido verlo desde su detención.

Este año, uno de los políticos de más alto perfil que fue detenido es el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez. Fue arrestado el 7 de enero en Caracas.

Al día siguiente, el régimen confirmó el arresto a través del ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien dijo que Márquez, según un documento presuntamente encontrado en su computadora, había propuesto celebrar un acto de juramentación de Edmundo González en una embajada venezolana en el exterior.

Su partido, el Frente Democrático Popular de Venezuela, denunció que lo dicho por Cabello forma parte de una “campaña de difamación” contra Márquez con el objetivo de “criminalizarlo”.

Otro arresto sonado, aunque no se trata de un político, es el de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González. Él fue llevado por agentes del régimen el 7 de enero. Se desconoce su paradero y los cargos que se le imputan.

Sobre Carlos Correa y la no confirmación de su arresto por parte del régimen, Andrés Cañizález, periodista, doctor en ciencia política e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, le dijo a El Comercio que se estaría siguiendo un patrón que ha documentado la Misión de Verificación de los Hechos (una instancia especializada con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU).

Sostuvo que usualmente se extraen mensajes “comprometedores” de celulares personales de los detenidos y se les chantajea cuando están en estado de indefensión. En varios casos se hacen videos donde sin que haya ocurrido un juicio, y sin derecho a la defensa, el desaparecido asume los hechos que se le quieren achacar.

Sólo cuando sucede lo último, el desaparecido es asumido como detenido por el Estado. Cuando existen “pruebas irrefutables” en manos de la Fiscalía y se pasa luego a procesos judiciales que se extienden por mucho tiempo sin que haya una condena firme. “En realidad, no parece haber interés en que haya una decisión formal de un tribunal ya que el castigo es la propia desaparición y posterior detención”, sostuvo.

“Es probable que Carlos Correa, este hombre preocupado por los derechos de los demás desde que estuvimos juntos en la Universidad Católica Andrés Bello en los 1980, haya vivido en carne propia este calvario”, agregó.

“Carlos es una figura largamente comprometida con los derechos humanos y un activista con un lenguaje moderado y profesional en sus entrevistas e intervenciones públicas. Carlos está al frente de una ONG que tiene más de 20 años de existencia y que ha sido ampliamente reconocida por su independencia y profesionalismo”, siguió.

¿Entonces, por qué fue detenido? Cañizález cree que “es una manera de decir que no hay intocables, por más prominente, respetada e independiente que sea una trayectoria en el campo de la defensa y promoción de los derechos humanos. Es una forma de decirle al resto de activistas de la sociedad civil que ni los reclamos de libertad al más alto nivel, como se han hecho en el caso de Carlos, servirán para revertir una decisión que, como otras, se inscribe en la lógica de un chavismo que ya cruzó el Rubicón”.

Luis Nunes, politólogo venezolano afincado en el Perú, le dijo a El Comercio que estas detenciones de políticos, periodistas y activistas de derechos humanos “forman parte de la típica política represiva que el régimen cree que le está dando resultados”.

“Están poniendo como símbolo al yerno del presidente electo, que es la carta de intercambio que tienen ellos, para tratar que González no visite más países y no hable en favor de la libertad de Venezuela”, dijo Nunes.

Agregó que tener estas cartas de intercambio le permite al régimen mantener la tensión en el país.

“Todas las noticias que recibo señalan que el gobierno está muy nervioso con la toma de mando el próximo lunes del presidente de Estados Unidos Donald Trump, y por las primeras medidas que este anunciará para Venezuela”, indicó.

“Ellos creen que teniendo gente presa, consiguen herramientas de intercambio para poder negociar cualquier medida enérgica que tome Trump al asumir el mando”, explicó Nunes.

“Normalmente lo llaman la política del carrusel. Te suelto dos presos por una puerta, pero también te meto 10 por la otra”, enfatizó.

En cuanto al caso de Carlos Correa, cuya detención no se ha confirmado de manera oficial, Nunes sostuvo que el régimen de Maduro aplica la política del silencio que se utiliza mucho en Cuba, “para psicológicamente maltratar no solo al preso, sino también a su familia. Y emite una lección de miedo a la población en general, como diciendo ‘si te metes con nosotros te desaparecemos sin juicio, sin sentencia, sin excusa, para que veas que no te debes meter con el régimen’. Es una política muy acostumbrada de las dictaduras”, remarcó.

¿Y ante qué entidad se puede apelar ante una detención arbitraria si los órganos de justicia están controlados por el régimen? Nunes explicó que normalmente las personas tendrían que recurrir a la Defensoría del Pueblo, “pero como todos sabemos, esta institución también está en manos del régimen. Entonces, solo queda el trabajo de las ONG particulares que registran estos casos”.

“No hay ninguna institución del Estado que defienda al ciudadano ante una detención arbitraria”, agregó.

Óscar Pérez, presidente de la Unión Venezolana en el Perú, manifestó a El Comercio que con el arresto de políticos el régimen busca que los dirigentes se muestren silenciosos frente a los atropellos que ocurren en el país, cosa que en algunos casos ya ha conseguido.

“Buscan tratar de quebrar a algunos dirigentes de la oposición para que puedan pegarse a las pretensiones de Nicolás Maduro”, indicó Pérez.

En el caso de la sociedad civil, Pérez dijo que el régimen busca intimidar para desmovilizar a la ciudadanía.

Agregó que con los arrestos arbitrarios que no se reconocen de manera oficial, el régimen busca también que los detenidos acepten haber participado en algún delito, así no sea cierto, y señalar a algún dirigente político para recuperar su libertad.

“Quieren alimentar este libreto de que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, junto a otros dirigentes políticos y de la sociedad civil, están fraguando toda una estrategia de violencia en nuestro país”, anotó.

Sobre Carlos Correa, Pérez aseguró que en ningún momento ha participado en actividades que pudiesen estar reñidas con la legalidad y que nunca se ha involucrado en actividades políticas. “Con su caso, se está enviando un claro mensaje a los activistas de derechos humanos, a los defensores de la libertad de expresión, a los comunicadores sociales, sobre cuál pudiese ser el destino que correrían en caso de que asuman posiciones similares a la de Carlos Correa, que son básicamente en contra del desmontaje de la libertad de expresión en Venezuela”.

De los 221 políticos detenidos, al menos 12 se encuentran recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocido como El Helicoide, en Caracas; 38 fueron enviados al Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón; 20 a Tocuyito, y otros estarían repartidos en sedes del Sebin, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y comisarías, informó El Pitazo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas de protección en favor de al menos siete de ellos: el coordinador del partido Prociudadanos, Leocenis García; al ex diputado Américo de Grazia; a la abogada y activista política de Alianza Bravo Pueblo, Carmen Leonor García; al diputado del Consejo Legislativo del Zulia, Eduardo Labrador; al político Biaggio Pilieri y a su hijo Jesús Pilieri, y al exdiputado Williams Dávila.

En cuanto a los periodistas detenidos, los últimos arrestados la semana pasada fueron el reportero de LUZ Radio, Leandro Palmar; y el camarógrafo Belises Salvador Cubillán, ambos cuando cubrían una protesta opositora en Maracaibo.

“Pretenden imputarles delitos de terrorismo, asociación para delinquir e instigación al odio”, denunció el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).