¿Quién arrancará la economía?, por Cecilia Blume

El país tiene que arrancar y para ello el Gobierno apuesta a que la inversión pública y la privada jalen el carro. El problema es que la inversión pública requiere de gestión. Y considerando que se ha cambiado a muchos funcionarios públicos con capacidades de decisión en el Ejecutivo y que los gobiernos regionales y municipales cambiarán a fin de año, habrá un largo período de “reacomodo” y aprendizaje, como sucede siempre ante la falta de una carrera pública.

Y este cambio, inevitable en cargos de decisión y de gestión fundamentales para impulsar la inversión pública, impedirá que la misma avance a la velocidad necesaria.

Por eso, si el Gobierno piensa que la inversión pública impulsará el desarrollo, se equivoca. Esta requiere de gestión y los funcionarios que entrarán como nuevas autoridades necesitan tiempo para conocer el Estado y empezar a ejecutar. Peor aun, los funcionarios están asustados porque ven en sus antecesores cómo se les puedes complicar la vida si firman opiniones que puedan ser cuestionadas, incluso estando seguros de estar haciendo lo correcto. Hoy, nadie respalda a los funcionarios y todo acaba en la contraloría o en el Congreso.

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tendrá nuevos interlocutores que, a su vez, necesitan pasar por un período de aprendizaje.

Entonces, la solución sería fomentar la confianza del sector privado a fin de que este sea quien impulse el desarrollo nacional.

Pero la inversión privada está parada también por una crisis de confianza y por la corrupción en la ejecución de las obras de infraestructura, que ha paralizado al sector construcción.

El Congreso ha expedido la Ley Nº 30737 para sustituir al D.U. Nº 003-2017. Dicha ley es confusa, difícil de aplicar, le retiene al constructor su utilidad y opta por el castigo sin ninguna lógica económica. Al respecto, el profesor Waldo Mendoza ha señalado que el Gobierno “está pensando cobrar a las empresas corruptas un porcentaje muy alto, pero de algo que puede ser cero. En esto de los cobros a los corruptos hay que tener en cuenta las implicancias macroeconómicas que significan paralizar todos los proyectos de infraestructura”. No habrá infraestructura con las empresas constructoras fuera de carrera y la inversión privada caerá. Se debió castigar con una severa multa a las empresas; a los empresarios corruptos juzgarlos y castigarlos y dejar que la empresa continúe.

La realidad económica puede revertirse con un gobierno que priorice, por sus precios y efectos, la minería. Tía María, Quellaveco y Michiquillay deben salir. Tía María ya completó los estudios de ingeniería y obtuvo el estudio de impacto ambiental. Les falta la licencia de construcción para poder empezar con una operación de explotación de 120.000 toneladas de cobre anuales invirtiendo más de US$1.400 millones de dólares en Arequipa. Pero se necesita gestión y liderazgo para convencer a los ciudadanos del Tambo que no habrá problema con el agua.

Quellaveco en Moquegua demandará una inversión estimada entre US$4.000 y US$6.000 millones de dólares para producir 225.000 toneladas de cobre al año. Michiquillay, en la deprimida Cajamarca, invertiría US$2.500 millones para explotar cobre.

Estos proyectos no los hacen solo los inversionistas. Requieren de un Estado claro, sin titubeos; que explique transparentemente los alcances de los proyectos, sus beneficios y también cómo se mitigarán los problemas asociados a su ejecución. Las zonas donde están estos proyectos recibirán canon y el Ejecutivo debe garantizar que este dinero mejorará la calidad de vida de las poblaciones aledañas sin desperdiciar recursos.

El Gobierno no la tiene fácil y el Ejecutivo y el Congreso deben explicarle a la población qué se necesita y cómo se hará. Se dice que para reconstruir y para crecer, el Ejecutivo relajará las normas de la reconstrucción y de Invierte.pe. En un país tan corrupto y pobre como el nuestro, donde necesitamos que cada sol sea productivo, relajar las normas solo garantiza caer en el abismo.

Esperemos las señales del Gobierno, son muy importantes.