No es salud

La situación del Seguro Social de Salud (Essalud) es equivalente a la de un paciente grave y abandonado a su suerte. Se trata de una institución que siempre ha tenido problemas, sobre todo para darse abasto en lo que concierne a la atención médica de calidad a los asegurados y a hacerlo además en un plazo razonable. Pero durante este gobierno –primero bajo la administración de Pedro Castillo y ahora bajo la de Dina Boluarte– su proverbial precariedad ha conocido extremos inéditos.

Particularmente, en lo que toca a su manejo. Ocho han sido, en efecto, los presidentes que han desfilado por esa entidad pública en el tiempo que media entre el 28 de julio del 2021 y la actualidad, y con ese permanente ‘reseteo’, ya se sabe, no hay gestión seria posible. Entre ellos, además, se contaron personas como Mario Carhuapoma, que tenía denuncias por violencia familiar y por manejar en estado de ebriedad; Alegre Fonseca, que arrastraba denuncias por hurto agravado y abuso de autoridad, entre otras cosas; y Aurelio Orellana, cuestionado por el desembolso de S/41 millones a favor de la empresa Aionia Technology Corporation por la compra de pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19 en el 2020: una operación observada por la Contraloría General de la República por la presunta existencia de una orientación interesada en el pago, que dejó en una situación comprometida al exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén e incluso al actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

A esa circunstancia, ya penosa, ha venido a sumársele ahora un auténtico sainete. Nos referimos al trance del nombramiento y destitución ‘express’ de Rosa Gutiérrez en la presidencia de la institución y a su reemplazo por César Linares. Dos decisiones inexplicables si se intenta interpretarlas sin malicia.

La señora Gutiérrez, como se recuerda, venía de un paso lamentable por la cartera de Salud (cuyo peor ingrediente fue el desborde de los casos de dengue en el país) y finalmente había renunciado tras una interpelación parlamentaria que era solo la evidente antesala de su censura. Su colocación a la cabeza de Essalud, en consecuencia, parecía una broma cruel de la presidenta Dina Boluarte y de su jefe del Gabinete. La ola de críticas que la reposición desató determinó que, tras solo 11 días en el cargo, ella fuera destituida. Una medida a la que ella intentó resistirse y que, una vez consumada, la llevó a lanzar denuncias contra la mandataria y otros funcionarios del Ejecutivo en las que alegó que había sido removida por haber tratado de combatir la corrupción en la entidad.

Pero el sainete no acaba allí. Con una contumacia que desconcierta, el Gobierno colocó este fin de semana en remplazo de Rosa Gutiérrez a César Linares Aguilar, una persona sobre la que pesan denuncias por delitos que van desde lesiones leves a terceros y colusión simple hasta homicidio culposo. Difícilmente el mejor currículo para ocupar el puesto para el que ha sido designado, como la nueva lluvia de crítica que ha caído sobre el Ejecutivo muestra. Y acaso otra designación condenada a extinguirse pronto. De hecho, si el Congreso no se ha ocupado de ella todavía, es porque está envuelto en dilemas relacionados con la elección de su próxima Mesa Directiva.

La situación de Essalud está lejos de ser saludable y cualquier observador atento de lo que sucede no puede menos que preguntarse si la mezcla de torpeza y desidia que exudan estos nombramientos es solamente eso (que ya sería bastante malo). Porque, obviamente, también cabe leerlos como intentos de atraer la atención pública hacia ciertos escándalos para evitar que se fije en otros. Como aquellos que hemos denunciado en este Diario y que, como señalábamos antes, comprometen a personajes mucho más encumbrados en la estructura de poder de este gobierno. Hay que advertir, sin embargo, que si esa es la intención detrás de tanto desatino, no está funcionando.