La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ha fijado para el próximo 28 de enero la evaluación del recurso que el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro) ha presentado ante el Poder Judicial a fin de que se revierta la resolución de primera instancia que declaró su ilegalidad. La eventual confirmación de esa sentencia, cabe anotar, supondría el cierre de los locales de la organización política a escala nacional y cancelaría su inscripción en el registro ante el Jurado Nacional de Elecciones y, con ello, sus posibilidades de participar en las elecciones del 2026.
Como se sabe, el partido en cuestión es liderado por Antauro Humala, principal responsable de la asonada del 2005 conocida como el ‘andahuaylazo’, que terminó con seis muertos (cuatro de ellos policías) y nueve heridos. Más allá de los intentos de algunos voceros partidarios por negar el referido liderazgo, este se ve confirmado por la asociación que las siglas del nombre sugieren con el nefasto personaje.
En ese sentido, el pronunciamiento en primera instancia señala que resulta “significativo que los dirigentes que encabezan el partido no hayan efectuado un deslinde ante las propuestas realizadas por Antauro Humala de fusilar a los expresidentes […] [y] de la exclusión y persecución de ciertas personas vulnerables”. A partir de esas consideraciones, se concluye que queda acreditado que la mentada organización política “viene realizando actividades contrarias a los principios democráticos”.
El razonamiento que conduce a la cancelación que nos ocupa se muestra, pues, bastante lógico, y lo que llama más bien la atención es que en su momento una mayoría de los miembros de la representación nacional no tuviera el suficiente compromiso con la institucionalidad y el Estado de derecho como para evitar la participación en los procesos electorales de quienes han cometido crímenes como los mencionados.
Como se ha dicho hasta el cansancio, la democracia no puede ser boba, permitiendo que sus enemigos se valgan de sus mecanismos para liquidarla. Y eso es precisamente lo que Antauro Humala y sus cómplices (aventureros que quieren beneficiarse del respaldo que él pudiera alcanzar en la votación) persiguen.
Es fundamental por todo ello que la Corte Suprema ratifique el fallo emitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente en primera instancia. Suficientes problemas se anticipan ya para el próximo proceso electoral, con la inevitable dispersión del voto ciudadano que traerá, como para sumarle otro.