Desde hace ya un tiempo se anticipaba que –dado el número de partidos inscritos y por inscribir– las elecciones generales del 2026 serían caóticas. A la fecha, suman 41 agrupaciones con autorización del JNE para competir, y el número final podría ser más cercano a los 50. Entre diputados, senadores, parlamentarios andinos y planchas presidenciales, el número de candidatos sería de aproximadamente 12.000.
En circunstancias normales, ello por sí solo sería suficiente para generar serios dolores de cabeza a las autoridades electorales y a los ciudadanos. Pero sucede que esta será también la elección en que se reintroducirá –tras 34 años– la Cámara de Senadores, con circunscripción nacional y circunscripciones regionales, y en la que se hará el esfuerzo para que el personal de las FF.AA. destacado en diferentes lugares del territorio nacional pueda votar.
Como indica un informe publicado hoy en este Diario, con estos cambios en mente la ONPE ha decidido trabajar con dos cédulas electorales: una para las decisiones nacionales (plancha presidencial, senadores por circunscripción única y parlamentarios andinos) y otra para las decisiones regionales (diputados y senadores por circunscripción regional). La primera será distribuida a los cerca de 250 mil miembros activos de las FF.AA. para que puedan participar –siquiera parcialmente– del proceso. En consecuencia, la ONPE implementará dos ánforas, dos cámaras secretas, aumentará las mesas de sufragio y tomará algunas medidas adicionales con el objetivo de agilizar el proceso.
Las previsiones son bienvenidas, pero a estas alturas es claro que el proceso será sumamente difícil y con nuevos retos. ¿Cómo se tratará, por ejemplo, el voto cruzado? ¿Podría alguien votar por partidos diferentes para senador por lista nacional y para senador por circunscripción regional? ¿Estarán los miembros de mesa capacitados para lidiar con esta complejidad? El voto de arrastre de la plancha presidencial hacia la lista de Senado regional también se verá debilitado. Y a todo esto se debe sumar la enorme cantidad de peruanos que salieron del país en los últimos años y que no han registrado su nueva residencia (el Banco Central de Reserva estima que cerca de 246 mil habrían emigrado cada año entre el 2022 y el 2024). En estos casos, para facilitar la participación, se debe avanzar hacia sistemas de voto electrónico seguro, como el que está analizando la Comisión de Constitución del Congreso.
El país se encamina, con toda seguridad, a un proceso electoral incierto y operativamente demandante. Las autoridades –incluyendo al Congreso, el JNE y la ONPE– tienen responsabilidad sobre las reglas y el manejo, pero la ciudadanía debe estar especialmente atenta a lo que se viene.
Fútbol peruano
