El Perú es un país marcado por una gran diversidad cultural, con realidades, problemáticas y necesidades distintas en cada región. En este punto, radica un dilema central del estudio de una política social: cómo diseñar e implementar intervenciones que logren reducir la pobreza y la desigualdad estructural.
Otro aspecto clave es la necesidad de que las políticas sociales contribuyan no solo a la mitigación de la pobreza, sino también a la generación de capacidades y autonomía de las personas, promoviendo su participación activa en la sociedad y evitando la reproducción limitante de dependencia asistencialista. América Latina, y el Perú en particular, enfrenta el reto de adaptar sus políticas sociales a las nuevas demandas de una clase media emergente que no solo exige servicios de mayor calidad, sino también garantías que aseguren su bienestar y movilidad social.
Esto implica políticas capaces de responder a dinámicas sociales cambiantes por la persistencia de conflictos sociales. En suma, desde una perspectiva más amplia, la política social cumple una función mediadora, que contribuye al bienestar colectivo y promueve la justicia social. En ese sentido, será importante analizar cómo formular y ejecutar políticas culturalmente sensibles, integrales y adaptativas, especialmente en contextos marcados por la diversidad y la conflictividad social. Solo sobre la base de las mismas y de objetivos consensuados respecto de la direccionalidad que se busca es posible discutir la orientación y contenido de labor dentro de un marco democrático en el Perú.
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