El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, afronta cinco pedidos de suspensión y una solicitud de vacancia del cargo en el segundo año de su gestión.
Cuatro ciudadanos han demandado ante el Consejo Regional de Áncash la suspensión del titular de Áncash por la causal de incapacidad física o mental temporal, sustentada en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
En tanto, un ciudadano ha pedido la suspensión de Morillo Ulloa por “dejar de residir de manera injustificada, hasta un máximo de 180 días en la región, o por un término igual al máximo permitido por ley para hacer uso de licencia”.
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El consejero delegado del Consejo Regional de Áncash, Carlos Pajuelo Camones, precisó que los demandantes argumentan que el gobernador Morillo Ulloa no ha ejercido a cabalidad sus funciones porque se encuentra en proceso de recuperación a causa del COVID-19.
Vale indicar que el mandatario ancashino fue internado el 17 de agosto en el Hospital Edgardo Rebagliati, en Lima, donde recibió tratamiento contra el coronavirus por 24 días. Sin embargo, el 15 de septiembre el Consejo Regional de Áncash aprobó la solicitud de licencia del gobernador por motivo de salud después de que se reincorporara a su trabajo.
No obstante, el ciudadano Darío García Polo ha requerido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Consejo Regional de Áncash la vacancia de la autoridad regional por no instalar ni convocar por lo menos una vez cada dos meses al Comité de Seguridad Ciudadana, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
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El JNE, quien recibió dos de las seis demandas ciudadanas, ha trasladado los expedientes al Consejo Regional de Áncash para que se discuta en el pleno regional.
Por ello, el Consejo Regional convocó a una sesión de consejo virtual el próximo martes 1 de diciembre a las 9:00 a.m., para dar cuenta de las solicitudes de suspensión y vacancia contra Morillo Ulloa y programar los debates a fin de aprobar o desestimar los requerimientos.
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