Después de cuatro años, la construcción de la Central Hidroeléctrica Mamacocha (Arequipa) ya cuenta con luz verde para que su ejecución. Sin embargo, un proyecto de Ley respaldado por nueve congresistas podría poner un freno a dicha inversión. La infraestructura, que se erigirá en el manantial más grande del país, estará ubicada en el distrito de Ayo, provincia de Castilla en Arequipa,
La obra, valorizada en 60 millones de dólares, generará 20 Megawatt (MW) de energía, equivalente al consumo de 10 mil hogares. Sin embargo, aún no cuenta con el consenso total de la población para su edificación, ya que la mayoría de éstos la rechazan. Los vecinos están convencidos que la edificación de la central generará daños en el paisaje y el ecosistema del oasis. La concesionaria Hidroeléctrica Laguna Azul, de capitales americanos y europeos, garantizó que solo utilizarán los excedentes del agua que rebosa del lago (10 metros cúbicos por segundo) y que el impacto será mínimo en la zona.
Aun así, un amplio sector desconfía. El presidente del Frente de Defensa de Recursos Naturales y Culturales del Distrito de Ayo, Albino Vera, cuestiona el procedimiento de la empresa. Sostiene que la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, otorgado por la Autoridad Regional Ambiental (ARMA) en el 2014, fue dado de manera irregular.
Paralización previa
En el 2015 la empresa inició las visitas a la laguna. Los habitantes se opusieron a que se realicen los estudios. En medio de los reclamos se conformó aquella vez una mesa de diálogo. En abril de 2016 la empresa se había comprometido a no realizar más trámites, ni trabajos de campo hasta que se esclareciesen las dudas sobre el proyecto. Sin embargo, en junio de ese mismo año, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) le entregó la concesión definitiva a la empresa. Este hecho agudizó la desconfianza de la población hacia los inversionistas.
Se rompió el dialogo y más pobladores se sumaron a rechazo. Es así que al siguiente mes se conformó una comisión en el Consejo Regional para que investigue las resoluciones emitidas por la ARMA a favor de la empresa. Según el consejero por Castilla, Edy Medina, existió dolo en los trámites. Dijo que el DIA era falso y que fue otorgado por un funcionario que no tenía la facultad de hacerlo.
Al término de la investigación, el Consejo recomendó al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) iniciar acciones legales para derogar las autorizaciones. El Ejecutivo inició un proceso contencioso administrativo para que se declare nulo las resoluciones.
Los pobladores creyeron que con esta acción paralizaron el proyecto y que ni un trámite más se realizaría. Pero las cosas dieron un giro en el 2017.
Camino libre.
En enero del año pasado el Minem y la Concesionaria firmaron la Adenda N° 2 del Contrato, en la que establece como nueva fecha de inicio de operación marzo de 2020. En julio, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina Ocoña, le otorgó la autorización de ejecución de obras en la fuente natural y dispuso los volúmenes de agua que utilizarán.
La empresa presentó a la entidad un cronograma del proyecto escrito en inglés para que sea aprobado. De este hecho no tenían conocimiento los pobladores.
El director de la AAA, Alberto Osorio, explicó que la empresa cumplió con todos los trámites y por eso le entregaron la autorización. “Nosotros no evaluamos si el DIA está bien o mal, o si le entregó un funcionario que no debía. Si presenta el documento cumple con el requisito. Lo que podemos decir desde nuestra entidad es que si existe agua suficiente para que se desarrolle el proyecto sin que se afecte el caudal natural”, apuntó.
El único trámite pendiente en la AAA es la autorización de uso de agua para la construcción, que es automático.
El último 27 de diciembre, la gobernadora regional, Yamila Osorio, mediante resolución N° 665 autorizó a la Procuraduría Pública Regional que desista del proceso contencioso iniciado en el 2016. La procuradora, Amparo Begazo, indicó que de manera inmediata desistieron de la demanda. “Tan igual que me dijeron que haga la demanda, ahora me están diciendo que ya no lo haga. Las razones del porqué, ya no me compete a mí”, aclaró.
La demanda
El jefe de la Oficina de Dialogo y Gobernabilidad del GRA, César Huamantuma, reveló que existe una intensión de demanda arbitral de la empresa amparado en las garantías del Tratado de Libre Comercio (TLC). El funcionario contó que la comisión especial de controversias internacionales del gobierno nacional evaluó una perdida millonaria para el Estado.
Solo el proceso de arbitraje generaría un gasto de US$ 4 millones de dólares, por daño emergente se calcula US$ 15 millones y por lucro cesante se estima que no es menor a US$ 30 millones. Huamantuma reconoció que el GRA no está en la capacidad de asumir el riesgo.
La resolución firmada por la titular del GRA, también dispone la creación de un fondo social con los recursos de la empresa para la ejecución de proyectos sociales, además de que se retomen las mesas de dialogo donde participen todos los involucrados.
Para el presidente del Frente de Defensa, la decisión de la gobernadora los deja solo en su lucha. Anunció protestas y una serie de movilizaciones para que no se toque la Laguna Mamacocha. El dirigente advirtió que la empresa no puede iniciar sus obras porque existen dos medidas legales interpuestas por pobladores de la zona.
Los ciudadanos David Miranda y Julian Begazo solicitaron una medida cautelar y una acción de amparo contra el proyecto. Por el momento los pobladores que rechazan la inversión se niegan a participar en una mesa de dialogo.
El gerente del proyecto Hidroeléctrica Mamacocha, Carlos Diez Canseco, manifestó que por el momento no se pronunciarán sobre el tema. Dijo que en los próximos días estarán en la ciudad, para que la empresa de a conocer su postura. Lo que sí confirmó es que existe personal de la concesionaria trabajando en Arequipa.
Una situación que no advirtió la empresa es el respaldo que los pobladores conseguirían de los Congresistas. Ocho parlamentarios respaldaron el proyecto de Ley de la legisladora, Alejandra Aramayo, que busca declarar de necesidad pública la protección de la Laguna de Mamacocha. El documento ingresado el pasado cinco de enero, sostiene que la construcción de la central hidroeléctrica provocaría un severo impacto ambiental negativo en el lugar.
De aprobarse la propuesta, la Ley de protección de la Laguna Mamacocha dificultaría la ejecución del proyecto.