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Edwin Oviedo: los argumentos fiscales y de la defensa en audiencia judicial

El Ministerio Público sustentó este viernes su pedido de 24 meses de prisión preventiva contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Sesión duró más de 10 horas en Lambayeque

La situación de Edwin Oviedo Picchotito, empresario y presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), está en suspenso. Este viernes, el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Carlos Chanamé Chumán, decidió tomarse más tiempo para evaluar el pedido de 24 meses de prisión preventiva que solicita la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo.

Oviedo es acusado por la fiscalía de ser el autor mediato del asesinato de los dirigentes Manuel Rimarachín Cascos (perpetrado en el 2012) y Percy Farro Witte (en el 2015). El Ministerio Público también le atribuye el delito de asociación ilícita en agravio del Estado por ser el presunto cabecilla de la organización criminal Los Wachiturros de Tumán. Según la acusación, esta atacaba a quienes se oponían a la gestión de Oviedo al frente de la azucarera Tumán entre el 2007 y el 2015.

Tras una audiencia de más de diez horas en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el juez Chanamé decidió reservar su fallo para “hacer una evaluación correcta” de las posturas de la fiscalía y de la defensa de Oviedo. Pese a que había anunciado su presencia aun cuando no estaba obligado a hacerlo, Oviedo no asistió a la audiencia judicial.

“He tenido toda la intención y las ganas, he estado muy ilusionado de estar allá enfrentando la acusación fiscal ante el juez, […] pero por recomendación de los abogados hay que ser prudentes para evitar cualquier desmán”, declaró Oviedo a RPP, minutos antes de la audiencia.

La sesión, no obstante, se desarrolló sin contratiempos, salvo un breve enfrentamiento verbal entre trabajadores de Tumán y familiares de los fallecidos dirigentes sindicales Manuel Rimarachín y Percy Farro contra un grupo de simpatizantes del club Juan Aurich –del cual Oviedo es principal accionista– en los exteriores de la sede judicial.

Por las calles contiguas, unos 500 trabajadores de Tumán marcharon con carteles en apoyo al requerimiento de prisión preventiva.

Los argumentos fiscales

El fiscal Juan Carrasco expuso que “existen fundados y graves elementos de convicción que vinculan al empresario con el homicidio de ambos dirigentes” y añadió que las penas por los delitos que se lo investigan superan los cuatro años de prisión [ocho años por el delito de asociación ilícita y 15 años por homicidio calificado].

En cuanto al peligro procesal, dijo que “sí existe peligro de fuga al tener Edwin Oviedo arraigo laboral, domiciliario y familiar débiles”, además de asegurar que existe peligro de obstaculización de la justicia a través de la compra de testigos para desvirtuar la responsabilidad del presidente de la FPF.

El fiscal Carrasco también indicó que Oviedo utilizó “su poder político” para atentar contra dirigentes sindicales o quienes se oponían a la administración judicial de la azucarera, “conformada por Segundo Ordinola y otros”, personas presuntamente propuestas por el empresario azucarero para beneficiarse.

Carrasco, además, cuestionó la conducta del procesado y afirmó que “había una alianza estratégica entre él y el sustituido juez supremo César Hinostroza Pariachi”, presunto cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. “La denuncia constitucional [que pesa] contra Hinostroza establece que recibió dinero y beneficios [como entradas para el Mundial Rusia 2018] de parte de Edwin Oviedo para ser favorecido en este caso”, sostuvo.

La defensa de Oviedo

José Carlos Isla Montaño, abogado de Edwin Oviedo, rebatió el requerimiento fiscal y cuestionó los argumentos fiscales.

“El señor Edwin Oviedo nunca fue administrador judicial de Tumán, tiene arraigo laboral, familiar y domiciliario sólidos y no existe el peligro de fuga, pues se ha puesto a disposición de la justicia para que se aclaren los hechos”, sostuvo.

También negó que su patrocinado haya comprado testigos y aseguró que no se le ha abierto una investigación por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto. “Lo que hace el fiscal es arbitrario y no hay un solo elemento de convicción en contra de Edwin Oviedo”, añadió Isla.

Según el abogado, su patrocinado es una persona honorable “que está trabajando por el deporte”, por ello pidió que se descarte la prisión preventiva.

El juez Chanamé dijo que notificará su decisión a las casillas electrónicas de las diferentes partes del proceso. Habría un plazo máximo de 10 días para conocer su fallo.

-Detalles de un proceso-

Según el Ministerio Público, la organización criminal Los Wachiturros de Tumán estuvo integrada por más de 20 personas, entre dirigentes, sicarios, personal de seguridad, supervisores y miembros de la misma Policía Nacional del Perú.

 La fiscalía también indicó que en la azucarera Tumán se preparó a un grupo de sicarios y se estableció el uso de armas de fuego para aniquilar a quien se opusiera a la gestión de Oviedo.

 A la audiencia acudieron la madre del desaparecido dirigente sindical Percy Farro Witte, Norma Witte de Farro, y Brayan Rimarachín Vera, hijo del otro dirigente sindical asesinado en Tumán, Manuel Rimarachín Cascos. Ambos volvieron a responsabilizar a Edwin Oviedo de la ejecución de sus parientes. La fiscalía pide 20 años de cárcel por estos asesinatos.

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