Contraloría recomienda denunciar a hermano de Dina Boluarte por contratar con municipio

En un informe del 26 de octubre último, al que accedió El Comercio, el ente contralor determinó que el hermano de la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, fue contratado como Asesor I del Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, bajo la modalidad del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, según Resolución de Alcaldía 266-2021-MPL del 4 de agosto de 2021.

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Por tanto, aceptó su contratación y además presentó una declaración jurada de no tener impedimento, “pese a que se encontraba impedido para contratar por ser hermano de la primera vicepresidenta de la República” quien desempeña el cargo desde el 28 de julio del 2021; “afectando la transparencia, imparcialidad y legalidad en el correcto funcionamiento de la administración pública”.

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“Declaro bajo juramento que no me encuentro incurso en ninguna de las causales que impiden mi contratación bajo el Régimen de Contratación Administrativo de Servicios, regulada en el Decreto Legislativo 1057 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 075- 2008-PCM v sus modificatorias”, fue lo que suscribió el hermano de quien ya era ministra.

Es decir que, advierte el informe de la Contraloría, teniendo pleno conocimiento de dicho impedimento, suscribió y presentó la mencionada declaración, con lo que habría faltado a la verdad.

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En virtud a ello, concluyó que se hallaron presuntos actos irregulares en dicho acuerdo contractual y recomendó, entre otras cosas, que el Procurador Especializado en delitos de Corrupción inicie las acciones penales contra Boluarte Zegarra y otros funcionarios de dicho municipio.

“Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones descritos por el señor Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, se ha determinado que no desvirtúa los hechos comunicados, puesto que, en su calidad de Asesor I del Despacho de Alcaldía, como complemento de su proceso de contratación, presentó declaración jurada de no estar impedido para contratar, no obstante estar incurso en los impedimentos de ley, con lo que incurrió en falsa declaración presentada en un proceso”, señaló el organismo contralor.

Los hechos

Según declaración del mismo Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, la última semana de julio de 2021 fue invitado por el entonces alcalde de la Municipalidad de Pueblo Libre para integrar su equipo de asesores de confianza. Por ello, presentó su legajo personal.

Los funcionarios a cargo de analizar su hoja de vida determinaron que sí cumplía con el perfil y el 4 de agosto se expidió la resolución municipal sobre su contratación. Ese mismo día, Boluarte firmó su contrato pese a ser de público conocimiento la relación de parentesco con la vicepresidenta de la República. Este hecho, cabe precisar, fue denunciado en febrero de este año.

El hermano de la ministra, según la reciente documentación de la Contraloría, cobró los meses de agosto y setiembre del 2021 S/8 mil 370 y S/9 mil 300, respectivamente.

La Contraloría alertó fue que, al solicitar un informe sobre la asistencia del investigado, la Municipalidad de Pueblo Libre indicó que no existe registro del ingreso y salida de los servidores encargo de confianza, como el de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, pues se encuentran exentos de ello.

Además, cuando se requirió documentos que evidencien sus aportes como asesor de la Alcaldía, la Subgerencia de Recursos Humanos señaló que no fue contratado para emitir productos mensuales y que cumplía con las funciones designadas para el cargo.

De esta manera se vulneró el Decreto Legislativo 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.

La Contraloría advierte que también transgredió la Ley de Contrataciones del Estado 30225, que regula los impedimentos, entre ellos prevé que el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los vicepresidentes de la República y de ministros de Estado están impedidos de contratar en todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo y hasta los doce meses después de haber concluido el mismo.

En el caso del implicado, se encuentra comprendido en el segundo grado de consanguinidad con Dina Boluarte, vicepresidenta desde el 28 de julio del 2021.

Por ello, junto al hermano de la ministra, a quien se le atribuyen presunta responsabilidad penal y administrativa, también han sido comprendidos los funcionarios Karl Paul Mandros Poblet (gerente Municipal) por responsabilidad penal y administrativa y Alberto Rubén Cordero Núñez (subgerente de Recursos Humanos) por presunta responsabilidad administrativa.

“Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa, derivada del deber incumplido previsto en la normativa señalada dando mérito al inicio del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente; asimismo, al presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan al comisión de delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes”, se pronunció la Contraloría.

La Municipalidad de Pueblo Libre, indicó que Resolución de Alcaldía N° 266-2021-MPL de fecha 4 de agosto del 2021, fue designado en el cargo de Asesor I del despacho de alcaldía bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 y no por la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que no había ningún impedimento legal que lo prohíba.

Dicha designación, la cual corresponde a un cargo de confianza, se realizó en estricta observancia de la normativa vigente y en la jurisprudencia establecida por la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en la causa 03150-2017-PA/TC. Además, en virtud a su comprobada capacidad profesional y su amplia trayectoria en materia de gestión pública y municipal.

Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra aseguró que su contratación como Asesor I bajo el Régimen Laboral CAS del Despacho de Alcaldía de la Municipalidad distrital de Pueblo Libre “es absolutamente legal, pasó por la evaluación de las instancias respectivas de la Municipalidad, en consecuencia, las conclusiones a la que llega la OCI, son absolutamente arbitrarias y subjetivas, las mismas deberían ser revisada por la Instancia Superior de la Contraloría General de República”.

Aseguró que mediante sentencia N° 03150-2017-PA/TC, de fecha 6 de noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la razonabilidad de los impedimentos para contratar con el Estado indicando que el impedimento del cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los altos funcionarios públicos citados en el artículo resulta desproporcionada y configura una amenaza de transgresión al derecho a la libre contratación.

Agregó que “los trámites realizados por las diferentes instancias de la municipalidad distrital de Pueblo Libre, y la Declaración Jurada firmada por mi persona, no han vulnerado ninguna norma legal”, por el contrario, se manejó estrictamente dentro de los parámetros normativos que regulan estos derechos para todos los peruanos sin distinción alguna.

Finalmente, que en sus declaraciones presentadas ante la CGR, están declarados todos sus hermanos, entre ellas su hermana Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

Lee aquí el informe de la Contraloría