Alejandro Toledo: Autoridades peruanas deben viajar a EE.UU. para proceder a su extradición, afirma Silvana Carrión

La procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, afirmó que una vez que se dicte la detención del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) en Estados Unidos, las autoridades nacionales deberán viajar a ese país para proceder con su extradición al Perú.

En diálogo con RPP Noticias, indicó que el exmandatario tendrá que ser puesto a disposición del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service), como parte del proceso de extradición.

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“Lo que viene ahora es que en los próximos días el magistrado [Thomas S.] Hixson tomará la decisión de acoger lo que ha pedido el Departamento de Justicia, de revocar la fianza y emitir la orden de detención”, expresó.

“El señor Toledo tendrá que ser entregado a Marshals, que es el órgano de policía en Estados Unidos, porque es esa autoridad la que debe hacer entrega a las autoridades peruanas que deben viajar para recibir al señor Toledo y traerlo a nuestro país”, agregó.

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Carrión remarcó que para la justicia estadounidense, los cargos que enfrenta Toledo Manrique “son graves” y detalló que para el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito de la Corte, el expresidente trata de dilatar el proceso de extradición.

“Esta es una decisión importante y va en camino de la línea de las últimas decisiones que ha tomado la justicia americana, de cara a ir declarando infundado los últimos pedidos que ha presentado la defensa del señor Toledo para evitar la ejecución de la extradición”, subrayó.

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“Nuevamente el Noveno Circuito ha tenido consideraciones fuertes con respecto a todas las maniobras y acciones que está ejercitando el señor Toledo para tratar de dilatar este proceso”, añadió.

Cabe indicar que el Gobierno de Estados Unidos presentó un nuevo requerimiento de detención contra el expresidente Alejandro Toledo, luego de que el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito de la Corte de Estados Unidos rechazara el recurso de apelación al pedido de suspensión temporal que presentó.

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Como se recuerda, el caso se inició en el 2017 tras conocerse las primeras declaraciones de los exdirectivos de la empresa Odebrecht. Toledo fugó hacia Estados Unidos días antes de que se dictara una orden de prisión preventiva en su contra y desde entonces se inició el proceso de extradición.

La fiscalía ha solicitado 20 años y seis meses de cárcel para el extraditable al acusarlo de haber recibido una presunta coima de U$S 35 millones de empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht, a cambio de beneficiarlas con los proyectos de obras públicas para los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.