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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se mostró en contra del proyecto de ley presentado por Waldemar Cerrón (Perú Libre) para instaurar dentro del Congreso una comisión especial que se dedique a evaluar y sancionar a jueces y fiscales.
En un comunicado publicado este viernes 23 de agosto, señalaron que esta iniciativa es “incompatible con nuestra Constitución Política” porque afecta la separación de poderes.
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“Establecer un control político sobre las resoluciones judiciales y fiscales contraviene la independencia y autonomía de los órganos del sistema de justicia porque permitiría la interferencia en las actuaciones jurisdiccionales que deben quedar excluidas de toda influencia y protegidas frente a cualquier presión indebida”, señala el documento.
El ministerio se pronunció así sobre el proyecto de ley N°08678 de resolución legislativa busca modificar el artículo 35 del reglamento del Congreso para que se establezca la creación de la comisión ordinaria número 25, que se dedicaría a examinar el trabajo de jueces y fiscales.
El Ministerio de Justicia reconoce que hay una “preocupación legítima” desde el Parlamento ante las que califica como deficiencias en el sistema judicial por considerar que hay “irregularidades e inconductas”, así como magistrados que “indebidamente politizan sus decisiones”.
Sin embargo, recuerda que todos estos problemas están contemplados en la Constitución para que sean atendidos por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y las autoridades de control de cada institución.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, insistió en estos aspectos en declaraciones a RPP, resaltando la inconstitucionalidad del proyecto de Waldemar Cerrón.
“Interfiere directamente con la Constitución y afecta el sistema democrático porque lo que está haciendo directamente afecta la capacidad que tienen los jueces de emitir sentencias, y eso no está sujeto a fiscalización”, señaló al insistir que las decisiones judiciales no pueden ser objeto de control político y solo pueden ser revisadas a través de apelaciones.
El Ministerio de Justicia concluye su comunicado pidiendo a la autoridades nacionales de control tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, así como al JNJ, que escuchen “el clamor ciudadano y la legítima preocupación del Congreso de la República” para que determinen responsabilidades funcionales en magistrados.
