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Las cartas de Vizcarra: ¿qué tan factible es lograr el adelanto de elecciones?

A pesar de existir distintas estrategias posibles, ninguna garantizaría un triunfo del Ejecutivo.

Martín Vizcarra

Martín Vizcarra presentó al Congreso el 31 de julio la propuesta sobre el adelanto de elecciones. (Foto: Congreso)

Ha pasado ya más de un mes desde que el presidente de la República, Martín Vizcarra, presentara ante el Congreso de la República el proyecto de ley que plantea un adelanto de elecciones, pero no pareciera haber motivos para pensar que este será debatido y aprobado pronto por el Legislativo.

Mientras que el Ejecutivo pretendía que la propuesta sea aprobada en el mes de setiembre, los organismos electorales aún no manejan un cronograma cierto y el Parlamento se prepara para la visita de la Comisión de Venecia, que será recibida en la Comisión de Constitución el 23 de este mes.

Así las cosas, son distintos los escenarios que podrían suscitarse en el tablero político de aquí a diciembre del presente año. Entre ellas, uno de los menos probables es que la propuesta sea aprobada en el Congreso: en el supuesto de que el proyecto se apruebe en la comisión de Constitución y pase al Pleno, este no alcanzaría los 66 votos requeridos para ser aprobada. En el mejor de los casos, incluso asumiendo que Cambio 21 -que aún no sienta postura al respecto- votara a favor, la propuesta conseguiría 54 votos.

Escenarios de Martin Vizcarra

Son distintos los posibles escenarios en el tablero político respecto al adelanto de elecciones al 2020.

Infografía: El Comercio

Para conocer cuáles podrían ser las alternativas barajadas por el presidente para lograr el anticipo de elecciones, El Comercio consultó con los abogados Francisco Eguiguren, Enrique Ghersi, Walter Albán y Luciano López, así como con los analistas políticos Enrique Castillo y Javier Torres. Sin embargo, todos coincidieron en que, a pesar de existir posibles estrategias, ninguna garantizaría un triunfo del Ejecutivo.

1. Plantear cuestión de confianza sobre un proyecto de ley controversial
Esta alternativa implicaría que el presidente de la República presente ante el Congreso una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley que, sin implicar una reforma constitucional, genere una oposición previsible por parte del Parlamento. De ese modo, el Legislativo denegaría la confianza y Vizcarra se vería habilitado para disolver el Congreso.

Sin embargo, según el analista político Enrique Castillo, el Legislativo, para evitar ser disuelto, podría otorgar la confianza al proyecto presentado.

“La no reelección de congresistas era una especie de suicidio político y el fujimorismo la aceptó. Si el fujimorismo ha aceptado que le cierren la puerta a la reelección, ha aceptado el referéndum, que le dio el mayor triunfo político a Vizcarra, el presidente no tiene ninguna seguridad de que presentando cuestión de confianza pueda cerrar el Congreso y convocar elecciones”, indicó el especialista.

Para el abogado constitucionalista Enrique Ghersi, el Parlamento podría otorgar la confianza sobre cualquier proyecto de ley, pero luego no aprobarlo. “La cuestión de confianza es un acto político, no jurídico, por lo que el Congreso no está obligado a aprobar el proyecto, así le otorgue la confianza”, señaló.

El también especialista en Derecho Constitucional, Luciano López, consideró que, aunque plantear la cuestión de confianza sobre un proyecto de ley es constitucional, resulta complicado de poner en práctica, pues, en caso se rechace la confianza y el presidente decida disolver el Congreso, este tendría que convocar elecciones para un nuevo Parlamento que “no duraría nada”. Al igual que Castillo y Ghersi, López duda que el Parlamento no le otorgaría la confianza al Ejecutivo. “Ellos van a cuidar su curul”, señaló.

Por otro lado, el analista político Javier Torres considera que, para que esta alternativa tenga éxito, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo no solo tendría que ser inaceptable para el Congreso, sino que tendría que ser uno que no genere rechazo en sectores importantes de la población. “Por ejemplo, presenta algo sobre enfoque de género, pero ahí te enfrentas con un sector importante de la ciudadanía”, señaló el especialista en referencia al ala conservadora de la población.

Para el exdefensor del Pueblo, Walter Albán, esta sí sería una posible salida. Según el especialista, si el Ejecutivo planteara un proyecto de ley sobre una materia como el matrimonio entre personas del mismo sexo, “[el Parlamento] con seguridad va a denegarlo y terminaría no dándole la confianza, lo que habilitaría al presidente para disolver el Congreso”.

Albán sostiene que, dependiendo de cómo se plantee la cuestión de confianza sobre un proyecto de ley polémico, el Gobierno podría evitar que se le otorgue la confianza y luego no se apruebe la propuesta. “No se puede capar al gato dos veces. Ya aprendió el Ejecutivo que [los congresistas de oposición] son capaces de hacer jugarretas, por lo que tiene que plantear la cuestión de confianza de modo en que se apruebe y punto. El truco está en cómo. Puede presentar el proyecto, hacer cuestión de confianza y decir ‘quiero que esto se resuelva de inmediato’”.

Para Albán, de no aprobarse posteriormente el proyecto, el presidente podría dar por denegada a confianza y proceder a la disolución del Legislativo.

2. Nombrar un gabinete polémico
Otra posibilidad que se baraja consiste en que el presidente de la República renueve su gabinete de ministros y coloque como premier a un personaje adverso al fujimorismo, de modo que no se le otorgue la confianza.

Si se interpretan los mandatos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra como parte de un solo gobierno, esta sería la segunda vez que el Parlamento niega la confianza a un gabinete de ministros (la primera fue en setiembre de 2017, al gabinete de Fernando Zavala). De ese modo, Vizcarra se vería en la posibilidad constitucional de disolver el Congreso y convocar elecciones.

Para Ghersi, lo más probable es que, de plantearse este escenario, el Legislativo otorgue la confianza al gabinete, al igual que en el caso anterior, para evitar una disolución congresal.

Lo mismo opinó el analista Enrique Castillo, quien manifestó que “el presidente podría hacer cuestión de confianza de un gabinete y poner de primer ministro a un [Pedro] Cateriano o un [Daniel] Salaverry”, pero “no hay garantía” de que el Parlamento vaya a negare la confianza.

En la misma línea, Torres duda que presentar un gabinete controversial vaya a generar la negativa de confianza por parte del Legislativo. “La prioridad [del Congreso] es mantenerse hasta el 2021. Podrían ponerle a Antauro Humala [de primer ministro] y no le negarían la confianza”, señaló.

3. Convocar a una Asamblea Constituyente
Esta opción, que ha sido reclamada por las bancadas de izquierda, fue mencionada por la congresista de Unión por la República, Patricia Donayre, en una entrevista publicada este martes por El Comercio.

“Necesitamos un Congreso Constituyente que elabore la Constitución y que pueda generar un contrapeso de poder con este Congreso, que se ha vuelto sordo a las demandas de la población”, señaló la legisladora a este Diario.

Sin embargo, el abogado constitucionalista, Francisco Eguiguren, asegura que la Constitución no establece la posibilidad de que el presidente de la República convoque a un Congreso Constituyente.

“Las palabras ‘Asamblea Constituyente’ no existen en la Constitución. La Constitución habla de reforma constitucional y esta solo la puede aprobar el Congreso”, afirmó.

Del mismo modo, López señaló que una sentencia del Tribunal Constitucional del 2003 establece que, para convocar a una Asamblea Constituyente, la propuesta debe ser aprobada siguiendo el procedimiento de reforma constitucional, es decir, con aprobación del Parlamento.

De igual manera, para Albán, esta opción no es constitucional. “No lo veo viable. La Constitución plantea los procedimientos para la reforma constitucional y ese [convocar una Asamblea Constituyente] no está previsto. Sería al margen de la Constitución”.

4. Solicitar a la OEA que instale una mesa de diálogo
Para Luciano López, la crisis política no tiene otra solución posible que encontrar un consenso. “Yo creo que la única forma de llegar a un adelanto de elecciones es con un acuerdo político, porque el Congreso ya colocó todas sus trincheras y, por el otro lado, el presidente está firme en que quiere elecciones anticipadas”.

En ese sentido, el especialista considera que una alternativa que tendría el Ejecutivo sería pedirle a la Organización de Estados Americanos (OEA) que instale una mesa de diálogo para encontrar una salida constitucional y consensuada, tal como se hizo en el año 2000.

“Si el Congreso está llamando a la Comisión de Venecia, el Ejecutivo podría llamar a la OEA para que instale una mesa de diálogo como se hizo en el 2000. Ellos fueron los que nos pusieron las cláusulas constitucionales que permitieron el recorte del mandato. Tienes que buscar un tercero, el problema es que ese tercero no lo vas a tener en el país”, señala López.

Sin embargo, para Torres, en la actualidad la OEA no está calificada para resolver el entrampamiento político. “[Esta] no es una crisis igual a la del 2000 y creo que la OEA ha perdido bastante legitimidad”, manifestó.

Por su parte, Eguiguren tampoco considera que esta medida sería idónea. “Nadie puede obligar a ponerse de acuerdo a quien no se puede poner de acuerdo. Yo creo que se buscan salidas que pueden parecer ingeniosas, pero la responsabilidad está en manos del Congreso y del presidente, sea de aprobar esta reforma o aprobar otro camino”, indicó.

5. Plantear un referéndum directo
Según Luciano López, la Constitución permite impulsar un “derecho de referéndum” para reformas constitucionales. Para ello, afirma el especialista, no se requeriría de aprobación previa del Congreso, sino que bastaría con que se reúnan más de dos millones de firmas, equivalentes al 10% del último padrón electoral.

“Cualquier ciudadano podría copiar el proyecto de ley de Vizcarra de adelanto de elecciones, comprar un kit electoral y recopilar dos millones de firmas. Con eso se convoca un referéndum directo”, señaló.

El especialista, sin embargo, considera que, si bien la alternativa es posible en teoría, sería sumamente difícil de llevar a cabo en la práctica. “[Para recolectar más de dos millones de firmas] necesitarías un buen aparato logístico y es algo que tomaría unos cinco o seis meses”.

Eguiguren, por otro lado, sostiene que en nuestro país no existe una interpretación que permita asegurar que el referéndum en materia constitucional pude ser realizado directamente, sin previa aprobación del Congreso.

En la misma línea, Walter Albán aseguraa que no hay posibilidad de plantear un referéndum directo, ya sea por parte de un ciudadano como del Ejecutivo. “No hay manera. El procedimiento que la Constitución ha previsto para su modificación establece que se debe aprobar primero la iniciativa en el Congreso”, señala.

-¿Todos los caminos llevan al TC?-

Desde que Martín Vizcarra presentara la cuestión de confianza sobre seis proyectos de reforma política en mayo, la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional se ha ventilado en más de una ocasión.

De hecho, el pasado julio, el Pleno de Congreso aprobó interponer una acción competencial para que el máximo órgano constitucional se pronuncie sobre dicha cuestión de confianza, aunque esta aún no ha sido remitida a la entidad.

Al igual que en ese entonces, hoy en día el debate gira en torno a si puede o no el presidente plantear cuestión de confianza por su proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones, una discusión que aún no ha sido zanjada.

Así, cabe la posibilidad de que el Congreso de la República decida acudir al Tribunal Constitucional (TC), de modo que sea este el que decida si el accionar del Ejecutivo es válido o no. De ser así, serán los votos de los magistrados los que decidan, finalmente, quién gana y quién pierde.

Sin embargo, el mandato de seis de los siete miembros del TC ya ha culminado su periodo, por lo cual el Congreso debe nombrar a sus reemplazantes. Como informó este diario, el Parlamento ya designó a los encargados de realizar la selección de los postulantes.

La composición de la comisión queda de la siguiente manera:
Presidente del Congreso, Presidente Supernumerario
1. Juan Carlos del Águila (Fuerza Popular)
2. Luis Galarreta Velarde (Fuerza Popular)
3. Marisol Espinoza Cruz (Alianza para el Progreso)
4. Alberto Quintanilla Chacón (Nuevo Perú)
5. Marco Arana Zegarra (Frente Amplio)
6. Víctor A. García Belaunde (Acción Popular)
7. Alberto Oliva Corrales (Peruanos por el Kambio)
8. Javier Velásquez Quesquén (Apra)
9. Clayton Galván Vento (Cambio 21)

Así, existe la posibilidad de que no sean los actuales magistrados del TC los que tengan la responsabilidad de resolver un eventual entrampamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo por la posibilidad de plantear cuestión de confianza respecto a reformas constitucionales, sino que sea tarea de los nuevos magistrados designados por el Congreso.

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