“Las redes se fueron tejiendo con la aprobación del presidente Castillo”

Tengo 32 años de abogado, he participado en el sistema de justicia antiterrorista, el sistema anticorrupción vinculado a los casos del expresidente Fujimori y Vladimiro Montesinos, el de los casos Lava Jato, los CNM audios, los casos de los policías y militares que lucharon contra el terrorismo; entonces, tengo experiencia en cuanto a las complejidades de desarrollar defensas en este tipo de casos. Esta es la más difícil de todas, porque en aquellos casos hablamos de exfuncionarios, de personas que tuvieron poder, en cambio ahora enfrentamos un caso en que la hipótesis de investigación vincula a quien ejerce el poder, el presidente. Entonces, en cualquier procedimiento de colaboración eficaz en el que las personas van a enfrentar al presidente de la República, o van a ser protegidos por la policía, que depende del ministro del Interior, con una hipótesis de investigación donde un grupo de generales podría haber pagado sobornos es indispensable que se ejecuten las medidas de vigilancia y protección que dictó la fiscal Barreto en un primer momento, y luego el juez Chuyo.

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—¿Colchado brinda esa garantía?

El coronel Harvey Colchado, por su experiencia en la Diviac, mostró una característica que no es común en un funcionario peruano, decirle a su jefe: “No, porque yo tengo otra misión”, cuando la costumbre es el chicheñó. Colchado nos da esa garantía. Como la fiscalía ha exigido que se respete que ellos son los que encargan a la policía qué trabajos se necesitan, entiendo que ese problema se habría superado.

—¿Ha detectado otros hostigamientos desde el ámbito político?

Creo que ya no se necesitarían, porque el presidente de la República ahora, desde el Twitter, ya no a través de operadores sino él personalmente, enfrenta a la fiscal de la Nación y se suma a la campaña difamatoria contra ella. No se necesita nada nuevo, ya con lo que hay es suficiente. Vamos a ver si resisten las paredes.

—¿Qué aspectos van quedando claros sobre el papel del presidente y su entorno en los casos por los que se lo investiga? ¿Qué tan cerca estamos de saber lo que ocurrió en este primer año?

Por lo que vengo analizando hasta ahora por la información que ha brindado Karelim López, por las corroboraciones, y en la defensa de Bruno Pacheco, lo que voy entendiendo es que, así como quienes llegan al Gobierno no estuvieron preparados para gobernar, tampoco vinieron con un plan preconcebido para delinquir. Creo que eso se ha ido dando en el transcurso de las circunstancias. Así como el presidente dijo que iba a aprender a gobernar en el camino, y que estaba aprendiendo, yo creo que estas personas han terminado aprendiendo que se puede delinquir. Hay un núcleo de poder que se forma en la casa de Sarratea; ese grupo nuclear está integrado por familiares, paisanos de Puña y alguna cuota de Perú Libre. Es ahí, con ese grupo, en esa casa de Sarratea, donde se toman todo tipo de decisiones legales o ilegales, y luego se formaliza o se oficializa, cuando es necesario, ya sea en Palacio de Gobierno u otra instancia.

—Es en esta red en la que el papel de José Medina, el alcalde de Anguía, es clave.

Él tiene una participación desde el inicio de la campaña, es un líder; él dirige, él solventa muchos gastos de la familia pero, como no logra lo que pretendía –ser parte del Gobierno Central–, termina desarrollando una red con la familia de la esposa del presidente. Entonces, hay una primera red de negocios –no voy a llamarlas organizaciones criminales– que incluye al alcalde, a la familia de la esposa del presidente, y que utiliza como testaferros o como empresarios simulados a los hermanos Espino. No era como un club de la construcción pequeñito en Anguía, sino que los constructores eran utilizados para que pongan la empresa y figuren.

—¿Hasta allí todavía no habían aparecido los famosos sobrinos del presidente?

Empiezo a entender que Gian Marco Castillo tiene un rol trascendente, que lo ubica no solo como un ejecutor sino un cerebro, para cosas buenas y no buenas. Estuvieron él, Fray Vásquez, Zamir Villaverde, el exministro de Transportes (Juan Silva), y desarrollaron una serie de actividades desde el MTC para favorecer a empresas chinas y también a aquellas obras que se comprometían con los congresistas a cambio de los votos para ir contra la vacancia del presidente. Esa es una segunda red de negocios ilícitos.

—¿Cuándo comienza a tejerse esa red?

Todo se genera durante el proceso de convertirse en presidente proclamado, cuando iba formando gabinetes, luego propiciando quién debía ser ministro. En el caso de los congresistas, era el voto a cambio de obras o del nombramiento en una dirección ministerial.

—¿Hay otras redes ilícitas que aún no conocemos del todo?

Hay una tercera red que se da en el ámbito del sector Vivienda, que todavía no se ha trabajado. Y una vinculada a Petro-Perú, en particular a la designación de Hugo Chávez por gestión de los propietarios de la clínica La Luz. Hubo varias redes de negocios, tres o cuatro, que no forman una organización criminal estructurada y monolítica. Las redes se fueron tejiendo en torno a ciertos sectores económicos para hacer negocios ilícitos, donde coincidían algunos. A los de la red de Silva no los veo junto al alcalde de Anguía y la familia de la esposa del presidente; en cambio, a los sobrinos Gian Marco y Fray sí los veo transversales en varias redes. Y todo con la aprobación y el conocimiento del presidente Castillo.

—Tampoco sabemos lo suficiente sobre los acuerdos legales o no que se tomaron en Sarratea. Las cámaras descubrieron ese entripado recién en noviembre del 2021.

Yo creo que es poco. Se sabe que los congresistas que se opusieron a la vacancia decían: obras o nombramientos. ¿Qué pasó con esos nombramientos? No se sabe. ¿Qué recibieron ellos de los empresarios? Tampoco se sabe. Hay varias líneas de desarrollo por trabajar. Sobre lo que se hizo en el MTC solo se conoce el caso Tarata, cuya licitación se dejó sin efecto. ¿Y todos los demás contratos dados por Provías en este gobierno, por millones y millones de soles? Allí la red la integran Silva, los sobrinos, Villaverde. Silva podría explicar la red ilícita más lucrativa.

—En paralelo, el surgimiento de colaboradores eficaces debería ayudar a responder otras preguntas. Una de ellas es: ¿hubo un fraude organizado en las elecciones?

Trato de separar los tiempos políticos de los tiempos de la justicia. Sé que hay una crisis política, que se buscan herramientas para solucionarla, y muchos creen que las investigaciones penales pueden ser una herramienta más. Por eso hay una desesperación y parte de una filtración incontrolada. Mucho de lo que ha salido, a la carrera y sin un orden, no es cierto. En el tema del supuesto fraude electoral Bruno Pacheco lo niega enfáticamente. Él señala que nunca existió fraude, que los audios que se utilizan para sostener eso son falsos, distorsionados completamente. Como abogado de Pacheco, habiendo él sido atacado mediáticamente por este señor [Zamir Villaverde] a través de audios, sí puedo mencionarlo para dar un ejemplo de que no todo lo que hay y se ha dicho es cierto.

—¿Por qué Villaverde querría atacar a Pacheco y dar información falsa, sabiendo que mantener la libertad depende de que su testimonio sea comprobable?

Él tiene una personalidad muy compleja. Entre la libertad o la venganza, hay gente que elegiría la libertad, otros no necesariamente. Por eso él dice que solo ha dado 100.000 soles para ver si lo ablandaba a Juan Silva, pero no reconoce ningún negocio ilícito, aunque Bruno Pacheco lo ubica en todos. Creo que a Villaverde no le hacían caso y para explotar el tema y llamar la atención empieza con lo del supuesto fraude, pero sería bueno que la fiscalía explique si hay alguna evidencia, porque hasta donde sé no ha dado ninguna.

—En este cruce de versiones también Silva resulta ser la pieza faltante.

Juan Silva podría conocer todas las obras que fueron materia de negocios ilícitos, ya fuera por acuerdo con congresistas, o por relación directa con empresarios, y llevaría a Villaverde a que se centre. Villaverde solo reconoce haber dado 100.000 soles, tratando de invertir en negocios que no prosperaron; lo que se ha establecido es que el señor participó en todas las obras públicas y tenía dos funciones: él ayudaba viabilizar los acuerdos con los congresistas, y a su vez tenía sus propios negocios con empresas chinas, y todo eso con los dos sobrinos y Juan Silva.

—¿Considera que los indicios obtenidos hasta ahora podrían llevar a una suspensión del cargo, o es escéptico sobre esa ruta?

Todo depende de cuánta fuerza y audacia tenga la fiscal de la Nación. Lo que se tiene que determinar es lo siguiente: ¿cuál es la finalidad de la inmunidad, para qué se le dio ese escudo, esa protección constitucional al presidente? Para que realice las funciones públicas. Pero negocios particulares no son actos presidenciales, por lo tanto escapa de la protección. Una cosa es ser presidente y otra cosa es actuar como presidente; si el presidente viola o si el presidente es narcotraficante, no está siendo presidente.

—Bajo esa lógica, ¿las decisiones ilegales que se tomaron en la casa de Sarratea llevan al presidente a la posibilidad de perder la inmunidad? Suena simple cuando lo dice un abogado, pero supongo que no lo es.

La fiscal está en condiciones no solo de investigar preliminarmente, sino de someter a proceso penal sin necesidad de autorización del Congreso. Por eso es que depende de los dos caminos. Si va a quedarse en denuncia constitucional, siempre será el Congreso el que decida. Si se acoge esta otra posición, en que los casos ya no están protegidos por la inmunidad, la fiscal tiene la carretera libre.

El “punto final de una historia”

—Sus casos son siempre mediáticos. No terminábamos de sorprendernos de que fuera abogado de Karelim López, cuando de pronto asumió la defensa de Bruno Pacheco.

El de Bruno Pachecho va a ser un testimonio muy importante. Ese es mi compromiso. Yo participo para que la sociedad conozca lo que ha sucedido y para que la justicia de una vez funcione. Es frustrante. Cuando participaba en los casos de corrupción de los años 2000, yo pensaba que era el punto final. Yo creo que el presidente Castillo tiene que ser el punto final de una historia. No creo que demos para más. Tengo que demostrar que sí se puede hacer algo, pero desde el punto de vista de la justicia, no en el tema de la crisis política.

—A diferencia de sus otros grandes casos, esta vez no solo enfrenta –como abogado defensor– al sistema de justicia, sino además a quien ejerce el poder más alto.

Todas las personas a las que he defendido a lo largo de mi carrera han estado contracorriente. El presidente Fujimori, los ministros... Estoy acostumbrado a ir contra la corriente. Pero acá hay un plus, sin duda. No creo que Castillo tenga algún manejo del Ministerio Público o del Poder Judicial, como pudo haber en otras épocas de nuestra historia, pero...

—Pero tiene el aparato estatal a su favor, lo sepa usar o no.

Ayer, desde la casa de seguridad, nos seguían. A mí me lleva y me trae la policía que se encarga de esta vigilancia, y los agentes tuvieron que hacer muchos esfuerzos para identificar quiénes eran y hacer una serie de maniobras. Era un auto con lunas polarizadas. Es la primera vez que sucede en mi experiencia como abogado.

—Gran parte de la situación política del país depende de lo que diga Pacheco a los fiscales.

Él se ha entregado a la justicia porque tiene hijas a las cuales quiere darles una vida más tranquila, reparar los problemas que tiene. Se ha entregado para eso, él quiere cumplir, asumiendo la responsabilidad que deba.