Congreso evaluará si insiste con ley que otorga beneficios a militares

En su agenda de este miércoles, el pleno del Congreso tiene previsto evaluar si aprueba por insistencia una autógrafa observada por el Ejecutivo, cuyo objetivo es que se otorgue beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que participaron en la lucha contra la subversión en el país, entre 1980 y el 2000.

La iniciativa parte de un dictamen de la Comisión de Defensa –aprobado en diciembre pasado– que agrupó tres proyectos, uno de Karina Beteta (1169), uno de Roy Ventura (2022) y Gilmer Trujillo (2024). Todos ellos integran la bancada de Fuerza Popular.

En síntesis, la norma incorpora a los integrantes de las FF.AA. que combatieron al terrorismo a la Ley 24053, hecha a favor de los militares que combatieron, en Zarumilla y la frontera nororiental del Perú, en la guerra contra Ecuador.

Los beneficios para estos, de acuerdo a la norma, deben ser una bonificación mensual equivalente a “tres ingresos mínimos legales” (S/2.790), atención médica y medicinas gratuitas en cualquier hospital de las FF.AA., del seguro social y de la policía, entre otros.

En una de sus disposiciones complementarias, la ley precisa que quedan excluidos de los beneficios quienes tengan sentencia firme condenatoria por la comisión de delitos.

Después de ser observada por el Ejecutivo, la autógrafa retornó a la referida comisión el 16 de agosto pasado. El 13 de setiembre, la Junta de Portavoces acordó la exoneración de dictamen del grupo de trabajo.

–Las observaciones–
En un oficio enviado el 22 de julio a Luis Galarreta, entonces presidente del Congreso, el gobierno justificó su observación a la autógrafa señalando que esta ley generará “gastos de carácter permanente que afectarán la caja fiscal” y que no fueron previstos en el presupuesto público.

“Por tal motivo, se estaría contraviniendo el principio de equilibrio presupuestario recogido en el artículo 78 de la Constitución”, indica el documento firmado por el presidente Martín Vizcarra y el primer ministro César Villanueva.

Además, el oficio indica que no se puede “otorgar el mismo tratamiento legal” a un grupo de personas que se encuentran en una situación jurídica distinta a los combatientes de la guerra contra Ecuador.