Este informe fue publicado el 14 de abril antes de la audiencia en la que el PJ evaluó el pedido de prisión preventiva y republicado este miércoles 26 a pocas horas de conocerse la decisión del magistrado.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria anuncia este miércoles, desde las 3 de la tarde, si acepta el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva contra el congresista y exministro Roberto Sánchez por el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.
Por ese caso, el parlamentario de Cambio Democrático - Juntos por el Perú y ex titular de Comercio Exterior y Turismo es investigado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
Según la tesis fiscal, Castillo, Sánchez, la ex primera ministra Betssy Chávez, el exministro Willy Huerta (Interior) y el ex primer ministro Aníbal Torres acordaron disolver el Congreso e instaurar un estado de excepción en el Perú.
El Congreso aprobó la acusación constitucional contra Sánchez en marzo pasado, pero se negó a suspenderlo. Por ello, el legislador se mantiene en funciones.
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Hace más de una semana, por ejemplo, firmó un proyecto de ley de Luis Kamiche que busca, según su título, fortalecer la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional en los gobiernos regionales y locales. Además, participó en la sesión del pleno.
Posibles escenarios
La situación de Sánchez fue distinta a la de Betssy Chávez, quien sí fue suspendida del Parlamento y reemplazada por su accesitario, Isaac Mita Alanoca.
No obstante, si el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley le dicta 18 meses de prisión preventiva, “consecuentemente, dado que no puede ejercer el cargo, tendrá que darse acceso al sustituto correspondiente”, explicó el abogado Carlos Caro, especialista en derecho penal.
El ingreso de la accesitaria de Sánchez será una consecuencia indirecta de la prisión preventiva.
El abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho parlamentario, añadió que “el juez hará lo que el pleno del Congreso no hizo en su oportunidad” si dicta prisión preventiva contra Sánchez, ya que le comunicará la decisión al Parlamento, que no tendrá otro camino que suspenderlo.
Actualmente, Sánchez ya no cuenta con ningún tipo de inmunidad, ya que se le levantó la prerrogativa del antejuicio.
"Si el juez desaprueba el pedido fiscal, no hay nada que hacer. Pero si lo aprueba, se suspende al congresista y el presidente del Congreso tiene que oficiar al JNE para que acrediten al accesitario"
Alejandro Rospigliosi, abogado especialista en derecho parlamentario
El ingreso de la accesitaria permitirá que los electores del distrito electoral de Lima continúen representados. No obstante, Rospligiosi precisó que ello ocurrirá siempre y cuando el juez ordene una prisión preventiva de más de 120 días.
Ello porque el artículo 25 del Reglamento del Congreso precisa que el congresista será reemplazado solo si “ha sido suspendido en antejuicio político o se le ha impuesto detención por más de 120 días calendario”.
En ese caso, los haberes de Sánchez serán depositados en una cuenta especial. Si es absuelto, le será entregada la suma acumulada y recobrará todos sus derechos. En caso de sentencia condenatoria por delito doloso, el monto depositado revertirá al presupuesto del Congreso.
La accesitaria
La accesitaria de Sánchez es Gahela Cari, fundadora de la agrupación política Nuevo Perú, de la excandidata presidencial Verónika Mendoza.
Cari es activista del movimiento LGTBIQ+. Y de reemplazar a Sánchez, se convertirá en la primera congresista trans del Perú.
La accesitaria de Sánchez es egresada de Derecho de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, de Ica. No obstante, durante la campaña pasada señaló que no obtuvo el grado de bachiller porque se le pidió que respondiera a la identidad de su DNI.
Cari obtuvo 20. 034 votos en las elecciones 2021. Participó de los comicios como afiliada a Juntos por el Perú, partido al que renunció ese mismo año.
Fuentes de su agrupación aseguran que de llegar al Parlamento, no integraría la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú. Intentamos comunicarnos con ella, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes hasta la publicación de esta nota.
La defensa de Sánchez
Sánchez dijo el jueves pasado que se está allanando a las investigaciones y apelará si recibe prisión preventiva.
“Estoy presentando cada cosa que me soliciten. [...] Estoy en un proceso de investigación y me allano a todo ese extremo. Si es que fuera el caso [de la prisión preventiva], el derecho a mi defensa me otorga diferentes procedimientos. Apelaré e insistiré porque creo que la verdad me asiste”, señaló en diálogo con la prensa desde el Parlamento.
El ex ministro niega haber participado en el golpe de Estado. En marzo pasado ante el Congreso aseguró que la reunión que sostuvo el 6 de diciembre en Palacio, un día antes del golpe de Estado, fue para preparar el discurso de defensa de Pedro Castillo ante la tercera moción de vacancia presidencial.
Además, el exministro dijo que no se reunió con Castillo el día del golpe, y que los ministros estuvieron “aislados de la decisión” del golpe.
“Nunca tuvimos conocimiento, ni antes, ni durante, ni en diálogo, nada. Estuvimos aislados de esa decisión”, señaló.