El abogado constitucionalista Domingo García Belaunde- quien colaboró con la redacción de la demanda competencial que interpuso el Congreso contra el Ejecutivo- advirtió que si el Tribunal Constitucional no concede la medida cautelar al Parlamento “agudizaría” la crisis política que atraviesa el país.
— ¿Hizo bien el Congreso en declarar improcedente la cuestión de confianza planteada por hoy ex primer ministro Aníbal Torres? ¿Tenía otros caminos?
Yo creo que hizo lo correcto, porque el problema no se trataba sobre ver si la cuestión de confianza era aceptable o no, porque esta había sido planteada [por Aníbal Torres] en un término inconveniente. Es como si yo pretendiese ir a una iglesia de rito judío y pedir que me atienda un sacerdote católico. Si se ve que una cosa no procede, se le rechaza de plano. No es que [el Ejecutivo] tomará un camino equivocado, lo que ha hecho es optar por un camino mañoso que no corresponde, ahí quedó, y no se debía hacer mayores discusiones.
— El Ejecutivo- de acuerdo a un acta del Consejo de Ministros- ha interpretado la improcedencia como una primera denegatoria. ¿Esta es la prueba de que el Gabinete Torres incurrió en una infracción a la Constitución?
Evidentemente, y eventualmente, podría haber delito porque ahí [en el acta] hay varias afirmaciones que son falsas, hay una falsedad en un instrumento público, como es un acta del Consejo de Ministros. Aquí hay un doble matiz, el constitucional, donde hay una infracción, y la penal, donde expertos en la materia dicen que han incurrido en un delito, que es haber faltado a la verdad. Es muy grave lo que demuestra esta acta.
— ¿A su juicio, el gobierno de Castillo busca disolver el Congreso fuera del marco constitucional?
Bueno, es difícil averiguar las intenciones [del presidente Castillo], pero en todo caso este [nuevo] enfrentamiento que lo ha iniciado el Ejecutivo parecería conducir a eso. Pero habría que ver qué es lo que pasa, en todo caso esas son las señales que se dan.
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— El presidente del Congreso, José Williams Zapata, ha interpuesto el último martes ante el TC una demanda competencial y medida cautelar contra el Ejecutivo. ¿En cuánto tiempo se puede resolver?
Si se siguen los plazos normales, la causa puede resolverse en dos o tres meses, quizás un poco más. Pero como también hay una medida cautelar, que es una medida de carácter provisional, que se anticipa a los hechos ante la gravedad de lo que se denuncia, se puede dar [una respuesta a esta] en una semana o en diez días, perfectamente.
— ¿Antes el TC ha brindado una medida cautelar? Recuerdo al expresidente Vizcarra se la negaron en el primer proceso de vacancia en su contra en octubre de 2020.
Sí, el TC si ha dado [medidas cautelares], pero no de manera frecuente. Cuando la cosa era grave, sí las ha admitido. Lo que pasa es que en la solicitud del señor Vizcarra, que era muy cuestionable, prefirieron abstenerse, pero sí lo puede hacer, la ley lo permite.
El problema es que si no lo hacen [si el TC no da la cautelar], agudizarían la crisis política. Cómo no la va a dar, cuando el Ejecutivo de forma mañosa quiere hacer algo que no corresponde, quiere interpretar como una primera negativa de la confianza lo que fue un rechazo [una improcedencia], eso no tiene sentido. El problema no es de interpretación, sino que [el gobierno incurre] a una mentira encubierta, que en mi opinión debe ser atajada.
— Si el TC rechaza la medida cautelar solicitada por el Parlamento, ¿cuál es el escenario que usted prevé?
El escenario que preveo es que el caso [de fondo] se seguirá viendo y van a notificar a las partes para una audiencia. [En paralelo], lo único que le queda al Congreso, en mi opinión, es la vacancia [del presidente Castillo] para la cual lo que se necesita no son pruebas, sino votos.
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— ¿El Congreso debe darle el voto de confianza al Gabinete que encabeza Betssy Chávez?
Yo creo que sí, porque en principio ese voto de confianza se da a los 30 días de que un Gabinete asume el cargo, y cómo yo no voy a darle el voto de confianza a una persona que no ha actuado, en principio se le debe dar. Ahora, yo estoy en contra del voto de confianza a un gabinete que se estrena, es una medida absurda. La Constitución de 1979 era muy sensata en ese punto, decía después de la presentación del Gabinete, se daba lugar a un debate más no a voto [en el pleno]. Hay que presumir que el Gabinete es nuevo y que va a actuar bien, y si no lo hace, se le censura más adelante.
— El Parlamento, además, estaría ganando tiempo, hasta que el TC resuelva el fono de su demanda…
Correcto, también sería estratégicamente adecuado hacer eso [darle el voto de confianza al Gabinete de Chávez], por cierto.
— En el supuesto de que el Parlamento no dé el voto de confianza a Chávez y el presidente disuelve el Congreso interpretando que esa es la segunda denegatoria, ¿el Legislativo puede activar el artículo 117? ¿Quién define el tema, teniendo en cuenta que es poco probable que el TC se pronuncie sobre el fondo en un mes?
Ahí sí sería un problema, porque para cerrar el Congreso, para disolverlo hay que enviar a la fuerza pública, Vizcarra [en el 2019] hizo eso, yo no sé si Castillo lo puede hacer. ¿Qué sucede si el presidente disuelve el Congreso a la 1 de la tarde, y a la 6 de la tarde, el Congreso lo vaca? ¿Quién gana? No lo sé, porque el Congreso no maneja la fuerza pública, y la que maneja el Ejecutivo es mínima, sería un escenario inédito y complicado.
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— En el tema de fondo de la denuncia competencial, ¿cuál cree que debe ser el camino que siga el TC?
Yo creo que el Tribunal Constitucional va a fallar a favor del Congreso, porque hasta un ciego ve que esta cosa [la interpretación del Ejecutivo] es inconducente, lo que ha hecho Torres con esa acta farisea se cae a pedazos, no hay sentido común ahí. No tiene sentido lo que ha hecho el Ejecutivo y no entiendo cómo esa acta ha sido firmada por varios ministros, ellos son responsables por eso, y un día lo van a sufrir en carne propia.
— El TC anuló el proceso de denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo en el Parlamento. ¿No ha sido un error de la oposición enfocarse en este tema?
Totalmente, esa denuncia era un absurdo y no solo eso, sino que ha sido mal planteada, la propuesta que hizo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales era realmente un adefesio. No sé cómo la aprobaron y eso habla muy mal del Congreso, de sus capacidades y de sus asesores. No creo que un asesor bien calificado pueda haber hecho ese adefesio que presentó la subcomisión. Así que está muy bien anulada, lo cual no significa que no se pueda presentar otra vez en el futuro, pero bien fundamentada.
— ¿El Parlamento debe darle prioridad a la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra Castillo?
El Parlamento lo que tiene que hacer es estudiar la denuncia de la fiscal de la Nación y archivarla para mañana, porque eso no procede, [Benavides] ha imputado delitos [contra Castillo] que no proceden hoy en día, eso es un error. Podríamos decir que está bien que lo haya planteado, pero eso no va a prosperar, eso es inviable y va a quedar para más adelante. Procederá cuando Castillo esté fuera del cargo. Sí proceso, en este momento, para los involucrados exministros [Juan Silva y Geiner Alvarado].
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— El Congreso ha iniciado un tercer proceso de vacancia, pero es poco probable que tengan los 87 votos necesarios. ¿La oposición quedaría debilitada si es que esta moción no prospera?
No creo, lo que queda debilitada es la institución de la vacancia, no nos olvidemos que la primera moción de vacancia [presentada por Patricia Chirinos] fue un disparate, una tontería, no sé por qué la interpusieron cuando el presidente recién había iniciado [su gobierno]. La segunda salió mejor, pero la actual está muy bien elaborada y sustentada, ahora que tenga los votos es otro problema, pero de las tres mociones de vacancia para mí, es la única importante y valedera. Las demás no debieron presentarse.
— ¿La salida a la crisis más realista no es el adelanto a elecciones generales?
No sé si sea la salida más realista, se puede hacer, pero el único problema que yo veo es que esto implica una reforma constitucional que demora un año, a eso hay que sumarle unos meses para que la ONPE y el JNE preparen las nuevas elecciones, estamos hablando de año y medio. ¿Resistiremos un año y medio? Como fórmula no hay que descartarla, pero no es fácil tampoco.