Actualmente, los jueces y fiscales de nuestro país son elegidos, ratificados y destituidos por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), una entidad autónoma reconocida por la Constitución Política. Sin embargo, dicho sistema de selección no sería el adecuado según el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, quien plantea sean elegidos por mandato popular.
¿Una elección popular de magistrados es viable o adecuada para el sistema de justicia peruano? El Comercio consultó con el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva y el abogado penalista Carlos Caro, quienes han advertido que ese mecanismo sería contraproducente.
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El 1 de mayo, durante el debate en Chota (Cajamarca) frente a su contrincante política de Fuerza Popular Keiko Fujimori, Pedro Castillo se refirió a esa propuesta.
“Los jueces y fiscales tienen que ser elegidos por mandato popular, los nuevos jueces deben ser elegidos por mandato popular para que hagan una buena justicia en el país”, dijo Castillo.
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El ideario de Cerrón
La propuesta que hizo Castillo Terrones tiene su origen en el ideario del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que fue presentado como Plan de Gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Mientras tanto, el denominado Plan del Bicentenario de 17 páginas -que ha sido presentado recientemente por Pedro Castillo- no plantea nada sobre el sector justicia.
Si bien Castillo, durante el debate en Chota, habló de “jueces y fiscales”, los lineamientos de su propuesta están referidos sobre todo a reformar al Poder Judicial.
El ideario de Perú Libre indica que de los tres poderes del Estado, el PJ es el único que “no quiere someterse a la elección popular”.
“La designación de este poder, que en última instancia decide asuntos trascendentes para el Estado, debe pasar el filtro democrático y no ser designado por un pequeño grupo de personalidades electas afines al sistema o la clase dominante del país”, indica la propuesta.
También incluye que los magistrados no sean ratificados, pues como ocurre en la reelección parlamentaria -indican- sería “institucionalizar la corrupción”.
Además, considera que ello se prestaría a la prebenda de fallos judiciales, creación de mafias criminales, sujeción al poder político o la presión mediática, en muchos casos llegando a sentenciar inocentes o liberar criminales con tal de garantizar su permanencia en el cargo.
Sin embargo, para los especialistas consultados por El Comercio, lejos de contribuir a la fortalecer la independencia del sistema de justicia, la elección popular de jueces y fiscales, crearía un vínculo más intrínseco respecto a la dependencia y el sometimiento al poder político, entre otros.
Agravaría deficiencias actuales
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado explicó que en la tradición peruana sí se puede encontrar, de manera aislada, intentos de incluir procesos de elección popular o instituir jurados populares.
Lo más próximo, manifestó, son los jueces de paz no letrados que existen actualmente. Si bien no pasan por una elección popular, estas autoridades que no son abogados elegidos por la Corte Suprema. Por ejemplo, es un líder de una comunidad o una persona reconocida por su edad o antigüedad en su labor.
Maldonado señaló que el fallecido relator especial de las Naciones Unidas, Leandro Despouy, elaboró un informe sobre el sistema de elección de jueces en el mundo y llegó a la conclusión de que “los sistemas de elección de jueces; ya sea por elección política, popular o por medio del Congreso, eran los más vulnerables” a ser lesionados en sus principios fundamentales de independencia e imparcialidad.
En ese contexto -advirtió- el Perú está lejos de poder contar con un sistema judicial lo suficientemente fuerte y, al mismo tiempo, con una sociedad cohesionada alrededor de ciertos valores nacionales.
“Entonces, incorporar un sistema de jueces popular o elección de jueces por elección popular sería muy delicado en nuestro sistema jurídico y solo supondría un riesgo adicional a lo que ya, lamentablemente, confronta el sistema de justicia en el Perú”, exclamó el exprocurador.
En esa línea, consideró que los jueces no deben ser políticos, sino independientes y, por ello, ser elegidos por un estamento profesional no objeto de manipulación política.
“No hay una institucionalidad judicial fuerte, ni hay una sociedad suficientemente madura, y eso se demuestra en la contienda electoral presente. Pero también se demuestra en los efectos del caso Los Cuellos Blancos del Puerto que, como hemos dicho, es la punta del iceberg pues el caso es más complejo”, sostuvo.
Consideró que el Perú tiene un serio problema, más allá del sistema de justicia, vinculado al ordenamiento jurídico; una complejidad enorme que se expresa con una etiqueta de “debilidad de la conciencia jurídica de la sociedad peruana”.
“La reforma judicial es una tarea institucional de órganos como la Junta Nacional de Justicia, el Congreso, el Ejecutivo, pero también hay una tarea de todos”, concluyó.
Es irresponsable y muestra desconocimiento
El exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva, coincide con Maldonado. El exintegrante del Ministerio Público sostuvo que el tipo de elección propuesta para jueces y fiscales, no es mala de por sí. Esta funcionaría en países en donde la democracia está consolidada y el orden jurídico es sólido.
“En mi opinión esa propuesta no funcionará en un país como el nuestro, donde la democracia no es sólida (...) donde nuestras instituciones son muy débiles; por lo que plantear eso como solución es peor que la enfermedad”, advirtió Cubas Villanueva.
Explicó que la selección por elección popular, en nuestro país, tiene una serie de defectos que “traería como consecuencia tener jueces y fiscales” como se tiene ahora parlamentarios, “que no entienden cuál es su labor” o como alcaldes que no saben cual es su rol e incrementan los actos de corrupción, abuso de poder o malversación de fondos. Añadió que ello se debe a la ignorancia respecto al ejercicio de la función.
“Ese mismo panorama se presentaría si se decidiera que los jueces y fiscales sean elegidos por votación popular”, cuestionó.
El exmagistrado supremo recordó que la Asamblea Constituyente -que aprobó la Constitución de 1979- y que en su opinión estuvo integrada por personas que conocían del sistema de justicia- planteó la elección de magistrados por un organismo técnico y no político, pues de esa manera se consolidaba su independencia e imparcialidad.
A esa institución, indicó Cubas Villanueva, se le denominó Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que funcionó en términos aceptables, pero debido a los elevados niveles de corrupción fue contaminada, desfigurada y convertida en una entidad que servía a los intereses de las organizaciones criminales. Hoy, ha sido reorganizada y restituida como la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Otro aspecto a considerar, mencionó el exfiscal supremo, es que la elección por voto popular de magistrados en América Latina, no ha funcionado.
“Hacer un planteamiento político de ese tipo, en este momento, para la situación del Perú, es una irresponsabilidad y muestra desconocimiento de cómo funciona el sistema de la administración de justicia en nuestro país”, lamentó el exfiscal.
Por ello, consideró que en el país, se debe afinar y perfeccionar los mecanismos de selección para que jueces y fiscales sean profesionales con la más elevada formación jurídica y con el premiso de servir a la sociedad.
“Se perdería lo que es esencial en un juez que es la independencia e imparcialidad. En nuestro país se está por terminar de implementar un sistema procesal acusatorio (Nuevo Código Procesal Penal) que en esencia refuerza la independencia de jueces y fiscales. Ambos deben estar y solo pueden estar sometidos a la Constitución y a la ley constitucional”, sostuvo.
El Poder Judicial se politizaría
El abogado penalista Carlos Caro, sostuvo que tener un sistema por elección popular es jurídicamente inviable e implicaría una reforma constitucional.
Respecto a si es o no conveniente realizarlo a futuro, el penalista dijo estar en desacuerdo. Recordó que en el Perú se aplica el sistema “romano-germánico”, como lo tiene Europa y Latinoamérica en general, donde la elección de los jueces es a través de instancias neutrales al poder político.
Explicó que, en Estados Unidos, por ejemplo, se maneja un sistema de elección popular pero únicamente para los fiscales de distrito, que incluso es el de menor nivel.
“Entonces qué puede significar que se elijan a los jueces por elección popular, es que el candidato o juez tendrá que hacer campaña como lo hacen en campaña electoral. Eso no garantiza que lleguen los mejores, por el contrario, vas a politizar el Poder Judicial. Ese lado es absolutamente inconveniente”, anotó.
En ese sentido, consideró que lo más adecuado es fortalecer el trabajo que viene realizando la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que es una entidad que tiene arraigo constitucional.
“Precisamente, por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto es que se eliminó el Consejo Nacional de la Magistratura y se creó la Junta Nacional de Justicia que tuvo reforma constitucional y que está comenzando a funcionar. Han suspendido jueces, han destituido jueces y fiscales supremos. Están haciendo su trabajo”, afirmó.
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