El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, prefirió no ahondar sobre su declaración ante la Fiscalía de la Nación por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
“En mi caso, a diferencia de algunos funcionarios como el procurador general del Estado, yo respeto escrupulosamente la reserva de las investigaciones y me remito al accionar de la fiscalía y del Ministerio Público”, expresó brevemente.
En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno luego del Consejo de Ministros, el titular de la PCM fue consultado sobre los detalles de la diligencia fiscal y si colaboró “de manera adecuada”.
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Como se recuerda, el primer ministro y la mandataria Dina Boluarte son investigados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, genocidio y lesiones graves.
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A diferencia de lo ocurrido ese mismo día con la mandataria, quien optó por no responder preguntas, Alberto Otárola no se acogió a su derecho a guardar silencio y sí atendió las interrogantes de la fiscalía.
El titular de la PCM negó de plano cualquier responsabilidad en las muertes bajo investigación. Fuentes de El Comercio señalan que alegó desconocimiento de planes operativos y que su defensa objetó a cada momento las interrogantes que se le hicieron.
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Cabe indicar que Alberto Otárola ya había brindado una primera declaración a fines de enero de este año ante la fiscalía y la Procuraduría General del Estado (PGE), la cual se interrumpió por el contexto de las protestas de esos días.
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