Los primeros 100 días de Pedro Castillo: Las designaciones que opacaron al gobierno y la marca de Perú Libre en el Estado

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Los nombramientos más polémicos con marca partidaria del lápiz fueron personificados por el ahora exministro Guido Bellido y su exviceministro de Gobernanza Territorial, Braulio Grajeda. Ambos ingresaron al Ejecutivo entre críticas por tener investigaciones fiscales. También fue llamativo el caso de Natalia Jiménez, quien había militado en Perú Libre entre el 2015 y el 2020.

La designación fallida de Jiménez Velásquez, vigente solo por dos días, fue observada por la Contraloría, pues la abogada con título del 2019 no tenía experiencia profesional para el puesto de directora ejecutiva del proyecto especial de infraestructura de transporte descentralizado en Provías, despacho dependiente del MTC.

Pero también hay funcionarios que, pese al ruido, permanecen en sus puestos. Luz Apolinario, militante y excandidata de Perú Libre al Congreso, sigue cumpliendo el cargo de directora de Diálogo y Gestión Social del MTC desde el 10 de agosto. En su momento, la Contraloría alertó que la licenciada en Administración tampoco tenía el perfil requerido.

“Creo que los nombramientos han sido la pata más floja del Ejecutivo en estos 100 días. Hubo casos muy notorios y no solo a nivel ministerial-político, sino también en puestos técnicos y de manejo presupuestal importante, como direcciones de sectores. Normalmente, no habría problema en que una persona ejerza función pública teniendo alguna vinculación partidaria con el gobierno, pero lo que hemos visto es que, por una cantidad importante de casos, se impuso el factor partidario por sobre el filtro técnico o moral”, comentó el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, a El Comercio.

De otro lado, Rogelio Huamaní, militante del lápiz desde el 2019, es director ejecutivo de Agro Rural, adscrito al Midagri, desde el 14 de octubre. Previamente, fue gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Junín, durante la gobernatura de Vladimir Cerrón. Hace unos días, este Diario reveló registros de chats de Huamaní en una aparente coordinación de cobro de cupos en el marco del caso Los Dinámicos del Centro.

También es recordada la designación de Julián Palacín Gutiérrez, excandidato al Parlamento y afiliado activo de Perú Libre, como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Su ingreso a la entidad, el 13 de setiembre, produjo rechazo entre los miembros del Consejo Consultivo, quienes renunciaron en las horas siguientes. Los reclamos se centraban en su limitada experiencia como socio del estudio jurídico de su padre, Julián Palacín Fernández, ex integrante del equipo técnico en la campaña de Pedro Castillo.

Cristian Quispe Montañez, otro militante y excandidato al Congreso, registra antecedentes por disturbios, pero sigue gestionando conflictos como subsecretario de esa materia en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM. Su nombramiento fue oficializado el 1 de octubre, durante la gestión de Guido Bellido como primer ministro.

Otro afiliado y excandidato del lápiz con cuestionamientos es el ministro del Ambiente Rubén Ramírez. De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, Ramírez Mateo fue denunciado en el 2019 por violencia familiar. Años antes, su propia hermana lo había denunciado por agresión física.

En el sector Defensa, otra decisión llamó la atención el 1 de octubre, cuando se le dio el puesto de coordinador parlamentario del Ministerio a David Fernando Caballero Llanos. Caballero no es propiamente militante de Perú Libre, pues su partido original, cancelado por no pasar la valla, es Unión por el Perú. Sin embargo, es dueño de Radio Latina, plataforma de abierto apoyo a Castillo durante la campaña.

Para Samuel Rotta, de Proética, si bien los casos controvertidos son diversos, todos pueden impactar no solo en la correcta función estatal, sino también en la credibilidad e imagen de las instituciones ante la ciudadanía.

“Cuando tenemos un nuevo gobierno, es normal que ocurran nuevas designaciones en puestos públicos. El problema viene cuando estos nombramientos no compatibilizan con un nivel de conocimiento que permita o haga confiar que habrá una transición adecuada. En el plano contrario, con personas que no tienen herramientas de experiencia técnica ni idoneidad, hay un claro riesgo para los procesos y la ejecución de políticas”, señaló el especialista.

La politóloga Kathy Zegarra, por su parte, resaltó que lo registrado en estos 100 es “la continuación de una mala costumbre vista en otros gobiernos”, que es la de incluir en instituciones a sus círculos cercanos sin sopesar consecuencias.

“Pareciese que no se busca un cambio vital o el impulso de una reforma. Lo que vimos es un reparto de puestos, copando lugares muy sensibles en el Estado sin calificaciones ni prioridades reales en el impulso de las políticas. Eso solo da la sensación de que la visión es que hay cuotas de poder en juego y que el Estado es una fuente de empleos donde lo técnico se relativiza. Eso tiene un impacto muy negativo porque genera la pérdida del sentido de la meritocracia, la deserción de buenos burócratas y del talento, y el retroceso en la continuidad de políticas públicas”, dijo.

El debilitamiento político por la frecuencia de desaciertos

Los nombramientos escandalosos en los 100 primeros días del presidente Pedro Castillo no solo se reducen a personas con carné de Perú Libre. En las primeras semanas generaron polémica, particularmente, algunas designaciones firmadas por el ministro de Transportes, Juan Silva, quien carga también con sus propios cuestionamientos, como su cercanía a gremios de transporte informal, sus multas vehiculares pasadas y hasta una denuncia de hace unos años en su contra por violencia familiar.

Silva es uno de los 12 ministros que se han mantenido desde la juramentación del primer Gabinete el 29 de julio. Desde el despacho del MTC, las controversias llegaron con la fallida designación de Natalia Jiménez en Provías, pero también con la de Alberto Falla en la dirección de Promovilidad. Falla, quien al igual que Silva no tiene vínculo partidario, fue retirado de Promovilidad a los dos días, luego de conocerse su antigua vinculación con una empresa de revisiones técnicas vehiculares sancionada por la Sutran.

Además de Falla, fueron breves el ahora exviceministro de Comunicaciones del MTC, Harold Mora, acusado de plagiar el 68% de su tesis de maestría en Gestión Pública y el ex secretario general del MTC, Mario Rubio, quien había atropellado a una persona en el 2003 y seguía adeudando la reparación civil.

Otro episodio polémico fue el de Marco Tulio Falconí, quien renunció como jefe de Asesores del MTC a los cinco días, luego de que los medios recordaran su participación en llamadas con el ex juez supremo César Hinostroza. El revés más reciente fue el de Enver Figueroa, nombrado y ‘desnombrado’ en un mismo día como director de programas y proyectos de comunicaciones del MTC, pues ya tenía plaza designada en Produce.

La politóloga Paula Távara remarca que la frecuencia de algunos fichajes polémicos “profundizó dudas sobre las prioridades del gobierno y el liderazgo del presidente” cuando se requirió poner orden.

“Creo que, por un lado, estas designaciones tan malas y sumamente cuestionables han superado en ruido político a algunos pocos aciertos. Pero también diría que, en este tramo, el presidente Castillo ha evidenciado no solo no tener cuadros, sino también lo mucho que le cuesta renunciar a ciertos actores políticos o círculos. Su comportamiento ha sido claramente errático, dubitativo y de lento aprendizaje en términos de olfato político cuando se trató de tomar decisiones firmes cuando algunas designaciones que además él hizo se tornaron insostenibles”, explicó.

Távara ejemplifica con los casos de Guido Bellido y Luis Barranzuela, ministros que fueron finalmente removidos, pero con amplias dosis de lentitud. “En Castillo hemos visto a una persona más bien retraída, silenciosa, huidiza cuando es momento de dar explicaciones o sentar posición ante su propio Ejecutivo. Creo que todo esto hace dudar sobre si está realmente dispuesto a gobernar bien”, comentó.

La politóloga Kathy Zegarra coincide en que las designaciones fallidas reducen la confianza que la ciudadanía podía depositar en el Gobierno. “Cuando entran personas que no son adecuadas para cargos; cuando buena parte de los designados cuestionados son personas con afinidad partidaria, la mirada que la ciudadanía fácilmente puede armar es un gobierno improvisado, con presiones políticas internas. Y eso, definitivamente, es negativo para Castillo en términos de popularidad. Si los ciudadanos consideran que el aparato estatal está siendo repartido por cuotas de poder, la confianza disminuye en la figura política máxima, que es el presidente”, expresó Zegarra.

Más datos:

Durante estos 100 días, el Ejecutivo removió a un total de nueve ministros: Héctor Béjar (Cancillería); Guido Bellido (PCM); Íber Maraví (Trabajo); Ciro Gálvez (Cultura); Juan Carrasco (Interior); Luis Barranzuela (Interior); Juan Cadillo (Educación); Yván Quispe (Produce) e Iván Merino (Minem). Una mayoría salió tras la renovación parcial del Gabinete que lideraba Bellido.

De acuerdo con el registro de visitas al despacho presidencial, los ministros que más reuniones personales han tenido con el presidente son Pedro Francke (MEF), Walter Ayala (Defensa), Aníbal Torres (Justicia) y Óscar Maúrtua (Cancillería). En tanto, quien menos despachó con Castillo fue Dina Boluarte, con un registro de apenas cinco visitas.

A lo largo de la gestión, también han ingresado a puestos públicos 68 personas con vínculos vigentes o anteriores a otros partidos de izquierda. La cuota izquierdista se centra en los partidos Nuevo Perú (en vías de inscripción); Juntos por el Perú; Frente Amplio, Partido Nacionalista, Unión por el Perú y Renacimiento Unidos (estos cuatro con inscripción cancelada por no haber superado la valla electoral).

Además, si clasificamos todas las 764 designaciones por género, encontramos un brecha: 512 puestos han sido confiados a hombres y 252, a mujeres; la mayoría de estos últimos, de menor jerarquía.

Este año, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) relanzó cifras de su estudio “La Mujer en el Servicio Civil”, donde da cuenta que, al 2019, el número de mujeres trabajando en el Estado se había incrementado a un 47%. La politóloga Paula Távara considera que el no ir del lado de esta tendencia en las designaciones es una muestra de bajo compromiso con la igualdad de género, aunque remarca que es también una consecuencia de círculos de confianza todavía muy masculinos.

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