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El de Richard Rojas no es el primer caso en el que la designación de un embajador político genera cuestionamientos, pero sí el más polémico en por lo menos 40 años.
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Tras el intento frustrado de colocarlo en la embajada peruana en Panamá, la designación del ex jefe de campaña de Pedro Castillo y hombre de confianza de Vladimir Cerrón como embajador en Venezuela tuvo que ser dejada sin efecto, después de que el Poder Judicial dictó seis meses de impedimento de salida del país en su contra, a raíz de una investigación que se le sigue por presunto lavado de activos.
En lo que va de su gestión, el mandatario ha designado embajadores políticos a los diplomáticos en retiro Harold Forsyth (OEA) y Oswaldo de Rivero (Estados Unidos), al excanciller Manuel Rodríguez Cuadros (ONU), a la exfuncionaria del Gobierno Regional de Junín Carina Palacios (Bolivia) y al exjefe de su campaña presidencial Richard Rojas (Venezuela). Esta última decisión tuvo que ser revertida pese a que Caracas ya había otorgado su consentimiento.
No obstante que personas allegadas a la cancillería comentan una posible designación de Iber Maraví como embajador en Venezuela, fuentes de El Comercio aseguran que el exministro de Trabajo ha sido propuesto para la embajada en Cuba.
Casos cuestionados
La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio revisó la cantidad de embajadores políticos –es decir, aquellos que no forman parte del servicio diplomático– nombrados por cada gobierno en los últimos 20 años y encontró que la administración que más embajadores políticos tuvo de manera simultánea fue la de Alberto Fujimori, con 15. En total, nombró a 25 embajadores políticos.
Le sigue Alan García, quien llegó a tener 11 embajadores políticos de manera simultánea. A lo largo de su segundo gobierno, el aprista nombró a 23 de esos funcionarios.
El único presidente de la República que no nombró ningún embajador político en los últimos 40 años fue Francisco Sagasti.
En tanto, Martín Vizcarra designó dos: el ex primer ministro Vicente Zeballos en la Organización de Estados Americanos (OEA) y el embajador en retiro Ricardo Luna en la Unesco.
Por otro lado, el gobierno de Pedro Castillo fue el que designó el mayor número de embajadores políticos durante los tres primeros meses de mandato.
Luego está Ollanta Humala, quien en los primeros 100 días de gestión designó a cuatro embajadores políticos. De estos, tres fueron blanco de críticas. El caso que más resistencia generó al momento de su nombramiento fue el de la embajadora en Francia, Cristina Velita, ginecóloga de profesión y amiga cercana de la primera dama Nadine Heredia.
Posteriormente, en el 2012, Nicolás Lynch, designado en Argentina, tuvo que dar un paso al costado después de que se supo que recibió a miembros del Movadef en la sede diplomática en Buenos Aires.
Lynch no fue el único embajador político nombrado por Humala que se vio forzado a dejar el cargo por una polémica. La misma suerte corrió Luis Raygada, ingeniero mecánico de profesión que había sido financista de la campaña del Partido Nacionalista. Raygada tuvo que dejar la embajada en Venezuela en el 2013, tras proferir ataques en sus redes sociales a congresistas peruanos que habían recibido a miembros de la oposición venezolana.
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Tras la renuncia de Héctor Béjar a la cancillería, Luis Raygada fue voceado como un posible sucesor. Finalmente, fue Óscar Maúrtua quien asumió el cargo. (Foto: Embajada de Perú en Caracas)
En la gestión de Alejandro Toledo, Fernando Olivera, colaborador cercano, fue nombrado embajador del Perú en España. El excongresista fue criticado debido a sus recurrentes viajes a Lima y por tener declaraciones de carácter político, algo mal visto en la practica diplomática.
En el segundo gobierno de Alan García se cuestionó la designación de su abogado en el Caso El Frontón, Moisés Tambini, como embajador en Costa Rica.
Por otro lado, Fujimori nombró a su entonces cuñado Víctor Aritomi como representante del Perú en Tokio. Años más tarde, Aritomi estuvo prófugo de la justicia mientras se le procesaba por la presunta desviación de fondos de donaciones desde Japón.
Pago de favores
La figura del embajador político tiene como finalidad que los presidentes puedan designar, de manera discrecional, a personas de su confianza en representaciones que consideran relevantes. Para el internacionalista Farid Kahhat, sin embargo, dicha función “rara vez se cumple”.
“En la práctica, la figura se ha usado con frecuencia para pagar favores políticos o para fortalecer alianzas políticas”, sostiene.
Mientras que en el Perú existe un límite en el número de embajadores políticos que puede nombrar el presidente de la República, en otros países –por ejemplo, Chile– no existe un máximo legal.
La norma del 20% y los intentos del Congreso por modificarla
Los embajadores políticos son aquellos que, sin formar parte del servicio diplomático, son nombrados en embajadas u organismos internacionales.
Según la Ley del Servicio Diplomático, estos no pueden exceder el 20% del total de los jefes de misiones diplomáticas y representantes permanentes en el exterior. En esta cuota están incluidos los diplomáticos en retiro.
Además, la norma establece que los políticos deben cumplir cinco requisitos: ser peruanos de nacimiento, tener capacidad y versación notoria, prestar o haber prestado destacados servicios a la nación, observar una correcta conducta pública y privada y carecer de antecedentes penales.
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Primer ministro Vicente Zeballos debería presentarse ante el Congreso para explicar medidas económicas en el marco de la pandemia, según pedido de congresista Luis Valdez (Foto: PCM)
En el 2020, después de que Martín Vizcarra nombrara al exjefe del Gabinete Ministerial Vicente Zeballos como representante permanente del Perú ante la OEA, el congresista Franco Salinas presentó un proyecto de ley que buscaba incorporar nuevos requisitos.
En el mismo período, parlamentarios de Unión por el Perú presentaron otra propuesta que planteaba eliminar la figura del embajador político.
Finalmente, la Comisión de Relaciones Exteriores elaboró un dictamen que añadía como requisitos tener competencias en materias vinculadas al quehacer diplomático y “probado comportamiento democrático de respeto y defensa del orden constitucional”. Además, disponía que se produzca el cese de los embajadores políticos en caso de “inobservancia de los requisitos”. La propuesta no fue debatida en el pleno.
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