Pedro Castillo: todas las veces que el presidente arremetió contra sus críticos

“Los que gritan afuera ¿saben por qué? porque hoy no tienen espacio para robar a este pueblo y hay que darle al país y a la clase obrera y la clase trabajadora”, exclamó el presidente Pedro Castillo, durante una actividad en el emblemático centro de salud.

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En lo que va de su gestión, el mandatario ha dirigido sus ataques principalmente a la prensa, el Congreso y al Ministerio Público. Incluso, días atrás, el 24 de octubre, Castillo anunció desde Apurímac que no daría tregua “a sus detractores”.

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Con un año y cuatro meses de gestión, el presidente Castillo ostenta el récord de iniciativas de vacancia, investigaciones y denuncias constitucionales acumuladas en su contra.

La relación del presidente de la República con las fuerzas de oposición es tensa. Solo en el mes de octubre, el jefe de Estado ha arremetido en múltiples oportunidades contra los congresistas que integran el llamado “bloque democrático”.

Por ejemplo, el 18 de octubre, Castillo cuestionó a los congresistas “limeños” que participan en las marchas donde se promueve su vacancia.

“Algunos congresistas dicen ser padres de la patria, limeños, van con sus cámaras inclusive a hacer sus marchitas por allí, a hacer sus paseos en contra para quebrar la institucionalidad. Ese es su trabajo, la vida que hacen algunos. ¿Cuántas leyes han presentado a favor de la niñez, del pueblo, de la educación, de la salud del pueblo peruano?”, dijo.

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Un día después, se dio a conocer que el mandatario le había pedido a la OEA la activación de la Carta Democrática señalando que en “los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones” desde fiscalía y el Congreso que “han configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática”.

Ese día, en un mensaje a la Nación, Castillo señaló que “ahora el Congreso quiere cambiar ese artículo [117] para poder instrumentalizar la nueva modalidad del golpe de estado, pidiendo al Tribunal Constitucional una interpretación distinta a su letra, es decir, antijurídica y anticonstitucional”.

Además, señaló que “fuerzas desestabilizadoras” han utilizado en el Congreso “mociones de vacancia presidencial, de interpelación y censuras a muchos ministros y han impedido también el ejercicio de las competencias exclusivas que me asigna la constitución como presidente de la república, la cual es dirigir la política exterior de la nación con reiteradas negativas de ejercerla”.

Los ataques continuaron. El 29 de octubre, desde Yanahuanca (Pasco), Castillo les dijo a los pobladores: “Vayan a preguntar cuál es su agenda de estos señores. Desde hace más de un año, pregunten a esos congresistas que están conduciendo el Congreso de la República cuál es su agenda. Vacancia. ¿Saben de Yanahuanca, preguntan qué necesitan? Responden vacancia. Les preguntan de educación, vacancia. Les preguntan de salud, vacancia. Les preguntan de agricultura, vacancia”.

Meses atrás, el 6 de agosto, Castillo dio un ultimátum a sus opositores en el Poder Legislativo señalando que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo y tender la mano “por última vez” a “estas fuerzas golpistas”.

En esa ocasión, el presidente también criticó que el Parlamento le haya negado el permiso para viajar a Colombia para la toma de mando de Gustavo Petro. “Qué moral tienen hablar de diplomacia cuando nos quitan este derecho constitucional”, expresó.

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La tregua ofrecida por Castillo no duró mucho tiempo.

A mediados de octubre, El Comercio reveló que el presidente interpuso una acción de amparo contra el Parlamento. El documento, al que accedió este Diario, lleva su firma y la del abogado Ananías Narro.

Su objetivo es la anulación de lo actuado por la Comisión de Fiscalización respecto a la investigación que lo incluye como supuesto líder de una red criminal, una denuncia constitucional por presunta traición a la patria y una eventual nueva moción de vacancia, a pesar de que esta aún no existe formalmente. Castillo también pidió que se ordene al Congreso “se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria”.

Los demandados son José Williams, Héctor Ventura y Lady Camones, titulares del Congreso, la Comisión de Fiscalización y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, respectivamente; además del procurador del Parlamento, Manuel Peña.

Este Diario conoció que el juzgado ante el cual se presentó el amparo se declaró incompetente para ver el caso y lo derivó a una sala constitucional.

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Desde que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, anunció que continuaría con la investigación que abrió su antecesor Pablo Sánchez contra Pedro Castillo, inició nuevas pesquisas contra el mandatario y creó un equipo especial de fiscales para luchar contra la corrupción en el poder, el Ejecutivo no ha cesado los ataques contra ella.

Primero, se conoció que, a inicios de agosto, Beder Camacho, que en ese entonces era uno de los hombres de confianza del presidente, había intentado entregar información falsa sobre la fiscal al semanario Hildebrandt en sus Trece. Posteriormente, se supo que un dron había sobrevolado la casa de Benavides.

Días después, el 9 de agosto, cuando se había dictado la detención preliminar de su cuñada Yenifer Paredes, Castillo dijo, en un mensaje a la Nación, que este hecho demostraba la “evidente confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático”.

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Posteriormente, cuando Paredes ya se había entregado a las autoridades, el presidente apuntó desde Twitter: “Se han ensañado con ella y la han alejado de nosotros”.

Además, criticó el pedido de impedimento de salida para su esposa Lilia: “Con mentiras de supuesta fuga, se pretende montar una solicitud de impedimento de salida del país contra mi esposa Lilia Paredes. No se puede fugar, aquel que es inocente. Se queda en el Perú porque acá esta su familia, sus hijos, sus hermanos, porque no hay nada que temer”.

Ese mes también, un grupo de congresistas de Perú Libre, partido aliado de Castillo, presentó una denuncia constitucional contra ella por supuestamente haber infringido los artículos 146 (numerales 2 y 3) y 159 (numeral 2) de la Constitución Política del Perú al presuntamente cometer los delitos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia en agravio del Estado. Por ello, solicitan que se le imponga una sanción de inhabilitación de la función pública por 8 años y se le destituya de su cargo actual.

Luego, en octubre, cuando la fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso, Castillo, intensificó sus ataques. Durante una actividad, el 18 de octubre, con licenciados de las Fuerzas Armadas, en la que criticó al Congreso y a la prensa, también cargó contra el Ministerio Público señalando que hay una “intención macabra” en su contra y la de su familia y enfatizó que se mantendrán firmes hasta julio del 2026.

Además, afirmó que se ofrecen “millones de soles” a gente de su entorno para que se conviertan en colaboradores eficaces.

Asimismo, en el pedido que hizo el presidente ante la OEA para que se active la Carta Democrática, también cuestionó las pesquisas fiscales.

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El 25 de octubre, Castillo aseguró que se ha buscado “gestar” e “inventar” carpetas fiscales a fin de hacer creer que su gobierno habría cometido irregularidades.

“Hay un grito del país y eso tenemos que asumirlo para hacer una lucha contra la corrupción, igual que ustedes, muchos por situaciones mezquinas, igual también al Gobierno. Han querido gestarse, inventarse, carpetas fiscales e involucrar en tantas cosas que algunos fácilmente creen por estar pendientes de la pantalla, gente que es ajena al país y que piensan en hacer sus lobbies”, aseguró en una actividad con gobernadores regionales.

Los ataques continuaron los días posteriores, el 29 de ese mes, Castillo volvió a cuestionar la labor de la fiscalía.

“Para denigrar y para hacer creer a la población que este es un gobierno corrupto, han cogido gente de nuestro entorno, que empezaron a trabajar con nosotros. Los encierran diez días, los amenazan para declararse colaboradores eficaces por temor”, aseguró.

“Algunos fiscales que no conocen la realidad, el último que está en la cola, se presta para estas cosas y vienen montando acusaciones. Dirán presuntamente, diría, existiría, probablemente habría. Un hombre que vive del campo, un maestro de escuela rural, un campesino no ha venido a robar a este pueblo”, agregó Castillo, todo durante un discurso en la plaza de Yanahuanca, en Pasco.

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Castillo no solo ha arremetido contra el Ministerio Público y su titular de manera verbal, también lo ha hecho en el plano judicial. Desde inicios de octubre, los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio −asesores de Bermejo y visitantes de Castillo en Palacio de Gobierno− han presentado diversas denuncias contra la fiscal Benavides.

En la primera pidieron que se indague a la fiscal por organización criminal. En otra la denunciaron por prevaricato.

Previamente, ambos ya habían pedido que se le investigue a nivel fiscal por delitos como organización criminal; y en la JNJ por supuestas faltas “graves y muy grave” a la carrera fiscal.

Posteriormente, presentaron un oficio ante la Administración del Control de Drogas (DEA) señalando presunta vinculación que tendría la fiscal de la Nación con el narcotráfico.

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Cuando asumió la Presidencia de la República, la relación de Pedro Castillo y los medios de comunicación ya estaba resquebrajada. No brindaba entrevistas e incluso su personal de seguridad impedía el trabajo de los periodistas que cubrían las actividades del mandatario. Por ejemplo, en agosto de 2021, durante una actividad oficial, señaló: “En campaña decimos una cosa en la calle y los reporteros sacan otra”.

Ese mismo mes, la periodista Tifanny Tipiani, que laboraba en TV Perú Noticias, fue retirada bruscamente por agentes de Seguridad del Estado cuando buscaba obtener una declaración del presidente Castillo. Días después de este hechio, la reportera Hellen Meniz, de RPP, sufrió agresión física por parte de Franco Pomalaya, asistente de Comunicaciones de Palacio de Gobierno.

Luego en noviembre de este mismo año calificó de “loco” a un periodista que le preguntó si renunciaría al cargo.

“¿No ha pensado tal vez en alguna renuncia?”, le preguntó el hombre de prensa mientras el presidente recorría la región de Amazonas, la cual fue afectada por el terremoto de 7,5 de magnitud.

“¿Usted está loco señor? ¿A qué se debe su pregunta? ¿Por qué voy a renunciar? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? ¿Quiere que se muera esta gente? ¿Quiere que los agricultores se mueran? ¿Quiere que los maestros se queden sin escuela?, ¿Quiere que esta gente muera y se colapse?”, contestó Castillo.

Castillo se molesta con reportero

En ese entonces, la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País) impulsaba la primera moción de vacancia en contra del presidente. Además, ya se había difundido el reportaje de “Cuarto Poder” sobre las reuniones informales del mandatario en la famosa casa de Sarratea en Breña.

Los ataques contra la prensa continuaron y se intensificaron. En febrero, durante una actividad oficial en Lurín, cuando el mandatario se encontraba supervisando el funcionamiento de tabletas escolares, un reportero le preguntó a Castillo: “¿Mintió ante el Ministerio Público sobre reuniones con Karelim López?”.

El jefe de Estado se molestó y respondió: “Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de educación peruana, ¿por qué no se centran en los temas importantes? [¿Pero mintió?] Cómo voy a mentir, yo no tengo por qué estar mintiendo. Ese es el problema que queremos cambiar desde la educación. Acompáñenos a ver cómo están las escuelas, los niños. A mí me interesa el país”.

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechazaron las expresiones del mandatario.

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Solo en septiembre de este año, un informe de la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario hizo un recuento de 30 oportunidades en las que el jefe de Estado arremetió contra los medios de comunicación.

En octubre, el CPP, el IPYS y la Defensoría del Pueblo exhortaron al mandatario a moderar sus expresiones contra la prensa y advirtieron que su conducta fomenta la violencia contra los periodistas.

Ello luego de que el 18 de octubre Castillo atacara una vez más a la prensa. En esa oportunidad señaló que los medios de comunicación están “coludidos con un poder que ha mancillado al pueblo peruano”.

“Están coludidos para sacar lo que quieren, coludidos para forzar la independencia de poderes […] Aquellos que no conocen el país y salen en pantalla han cansado al pueblo. Vamos a enseñarles lo que es la democracia”, expresó desde el Patio de Honor de Palacio de Gobierno frente a un grupo de reservistas.

Días atrás, Beder Camacho, quien meses atrás era uno de sus hombres de confianza y ferviente defensor de su gestión, denunció que fue amenazado por la “organización [criminal] que investiga el Ministerio Público.

Ese día un periodista de Latina fue agredido por simpatizantes de Castillo.

El último fin de semana, El Comercio dio a conocer que un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa considera al gobierno Castillo como “enemigo de las libertades de expresión y de prensa”. El documento también afirma que “no solo estigmatiza e insulta a los medios de comunicación y periodistas individuales, sino que obstruye su trabajo, en especial las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción”.