Betssy Chávez: Lo que dejó la audiencia de prisión preventiva por el golpe de Estado

El juez Juan Carlos Checkley dirigió este jueves la audiencia para evaluar el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez (PCM), Willy Huerta (Mininter) y Roberto Sánchez (Mincetur), exministros del gobierno de Pedro Castillo. Todos ellos son investigados por la Fiscalía de la Nación por su presunto rol en el golpe de estado del 7 de diciembre.

Por más de cuatro horas, el magistrado escuchó el requerimiento del Ministerio Público, a los abogados de los procesados y a los exintegrantes del gabinete ministerial. Culminada la audiencia, anunció que su decisión frente al pedido se conocerá recién el miércoles 26 de abril.

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Así, se deberá esperar casi una semana para saber si la investigación seguirá con ellos en libertad o en prisión. Esto a pesar de que, para el Ministerio Público, hay un riesgo latente de fuga o de obstaculización de la justicia de parte de ellos. Por lo menos hasta ese día, ninguno de ellos tendrá alguna medida que le impida salir del país.

Por parte del Ministerio Público, la fiscal adjunta suprema provisional Galinka Meza Salas fue la encargada de sustentar el requerimiento contra los exministros.

La imputación es que ellos, junto a Pedro Castillo, el asesor Aníbal Torres y otra personas “en proceso de identificación”, se habrían reunido en Palacio de Gobierno la mañana del 7 de diciembre para acordar el cierre ilegal del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y la instauración de un gobierno de excepción

Para esto, habrían aprovechado el rol del entonces presidente como jefe supremo de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para ordenar a que estas se alcen en armas contra el régimen constitucional, los otros poderes del estado y los organismos autónomos. Esto configuraría el delito de rebelión y, alternativamente, conspiración.

A Betssy Chávez se le imputa en concreto haber hecho las coordinaciones previas para que Pedro Castillo dé el mensaje a la nación en el que se anunció el golpe de Estado; así como la convocatoria -a poco de darse el golpe- a los integrantes de su gabinete para que concurran a Palacio de Gobierno, diciéndoles que “hoy es un día histórico”.

La imputación se basa en los chats del gabinete a los que accedió la fiscalía, las imágenes grabadas por cámaras de Palacio de Gobierno y en los testimonios de los testigos de lo ocurrido ese día. Entre estos están los exministros y los periodistas de TV Perú que acudieron a Palacio de Gobierno para la transmisión de los que se les había anunciado como una entrevista.

Los testimonios ubican a Betssy Chávez en el despacho presidencial, junto a Pedro Castillo y Aníbal Torres, antes y durante el mensaje a la nación; y le atribuyen haber llevado personalmente al equipo de TV Perú hasta el despacho presidencial para la transmisión.

La reportera del canal del estado, según dijo la fiscal, ha declarado que la propia Betssy Chávez le hizo gestos para indicarle que el mensaje de Pedro Castillo había concluido y que después se acercó para darle un abrazo y decirle “tranquilidad, fortaleza”.

Luego, la reportera le preguntó “ahora qué viene”, a lo que presidenta del Consejo de Ministros le dijo “adelanto de elecciones”, sin responderle sobre si serían elecciones generales. “Va a reestructurase el estado, va a haber muchos cambios [...] Ahora mismo tengo que emitir el decreto supremo”, dijo Betssy Chávez, según el testimonio citado por la fiscal.

Esto no llegó a ocurrir: las Fuerzas Armadas y la PNP no acataron la orden de Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso y detenido en flagrancia por del delito de rebelión cuando se dirigía a la embajada de México. Betssy Chávez anunció su renuncia luego de más de una hora, siendo de los últimos de su gabinete en comunicar esa decisión.

En tanto, Roberto Sánchez es implicado por supuestamente haber apoyado a Betssy Chávez en el chat de ministros y por presuntamente haberle dicho “por el Perú” a Pedro Castillo luego de su mensaje a la nación, a manera de apoyo a su golpe de Estado.

Finalmente, a WIlly Huerta se le atribuye haber estado con Pedro Castillo al momento del golpe y haber llamado al jefe de la PNP para que el presidente le ordene cerrar el acceso al Congreso, darle protección a la casa de sus padres y a las de Betssy Chávez y Aníbal Torres, y para que intervenga a la fiscal de la nación, Patricia Benavides.

Por otro lado, tal como adelantó El Comercio el último martes, se argumentó que Betssy Chávez se enfrentaba a una posible pena de 23 años y nueves meses si llegase a ser declarada culpable de rebelión y de 9 años, 11 meses y 30 días si fuese hallada responsable de conspiración. Lo mismo para los otros dos exministros.

La fiscal también sostuvo de que hay riesgo de que los investigados fuguen y de que obstaculicen las investigaciones. En el caso de Betssy Chávez, se indicó que no tenía una arraigo domiciliario, que no tenía un arraigo laboral de calidad tras ser suspendida del Congreso y que no tenía arraigo familiar.

En ese aspecto, se recordó que el 9 de marzo pasado, la exministra y todavía congresista dispuso prescindir de seguridad por varias horas y que recién se le pudo ubicar al día siguiente, por lo que “se activaron las alertas por el inminente peligro de fuga”. “El mismo 10 de marzo, [Betssy Chávez] protagonizó una huida, cambiando de vehículo con rumbo desconocido y dejando atrás a su seguridad personal por el resto del día”, agregó.

“La imputada no ha mostrado actitud alguna que permita vislumbrar que pretende reparar el daño ocasionado [tras lo ocurrido el 7 de diciembre]. Por el contrario [...] se niega a reconoce que el día 7 de diciembre del 2022 hubo un golpe de estado”, agregó la fiscal.

Sobre el peligro de obstaculización, indicó que a pesar de que sabía que estaba siendo investigada junto a Pedro Castilllo, continuó visitándolo en tres ocasiones entre el 16 de diciembre del 2022 y el 26 de enero del 2023; y que en diciembre, azuzó a los simpatizantes del exmandatario en los exteriores de la sede de la Diroes contra la fiscal de la Nación.

Finalmente, la fiscal señaló que Betssy Chávez “habría destruido y ocultado su equipo celular”. Grabaciones demuestran que, hasta marzo del 2023, tenía un smartphone, a diferencia de los celulares analógicos que le fueron hallados durante el allanamiento a su vivienda en marzo pasado por el caso Los Niños. A todo esto sumó su actual cercanía a la frontera con Chile, ya que la investigada se ha mudado de vuelta a la región Tacna.

En cuanto a los otros exministros, también su cuestionó la calidad de sus arraigos y se citaron antecedentes como la investigación a Roberto Sánchez por obstrucción a la justicia relacionada a la fuga de Bruno Pacheco; y un supuesto “reglaje” y “amedrentamiento” a colaboradores como Zamir Villaverde y Karelim López cuando Willy Huerta era ministro del Interior.

“La privación de la libertad de los imputados permitirá conseguir dos finalidades. Asegurará su presencia en el proceso penal, estando recluidos no podrán sustraerse de la acción de la justicia. Por otro lado, permitirá que no se obstaculice el prceso [...] no podrán influir en los cómplices y testigos, afirmó.

La fiscal remarcó que los investigados “no solo no cuentan con arraigo domiciliario, laboral o familiar de calidad”, sino que también “han venido realizando actos de obstaculización”. Por ello, requirió formalmente que se les imponga 18 meses de prisión preventiva, de cara a un eventual control de acusación y juicio oral por este caso, y se ordene sus internamientos en un penal.

A su turno, los abogados de los tres exministros pidieron al juez Juan Carlos Checkley que rechace el pedido de la fiscalía y en su lugar, se dicte una medida para que sean investigados en libertad. Esta puede ser una comparecencia simple (sin ninguna prohibición) o una comparecencia con restricciones.

El abogado de Betssy Chávez, Erwin Siccha, sostuvo que los testimonios recogidos por la fiscalía solo acreditan que Betssy Chávez estuvo en Palacio de Gobierno ese día, pero que ello no basta para evidenciar su rol en el golpe de estado. “Nunca existió, por parte de mi patrocinada, algún acuerdo para subvertir el orden constitucional. Ella no tenía conocimiento del contenido del mensaje”, afirmó.

Luego, aseguró que sí tiene arraigo laboral (presentó dos contratos con empresas tacneñas para brindar asesoría legal), arraigo familiar y arraigo laboral en Tacna, además de lo que llamó “arraigo educativo” por una maestría en Derecho que cursa en esa región y “arraigo religioso” por su pertenencia a una iglesia evangélica. Todo esto para negar un peligro de fuga.

También afirmó que el 9 de marzo la exministra solo suspendió la labor de su escolta porque le habían dando un descanso médico; mientras que el 10 de marzo no hubo un intento de huida, sino que tuvo que alejarse por el “acoso” de la prensa y para poder tener una reunión con sus abogados. También negó haberse deshecho de su celular, sino que tuvo que devolverlo al Ministerio de Cultura por estar a nombre de ese sector del que fue titular entre agosto y noviembre pasado.

La propia Betssy Chávez tomó la palabra al final de la audiencia para reiterar que tiene arraigo laboral dando asesoría legal a dos empresas en Tacna; arraigo familiar al vivir con sus padres; y arraigo domiciliario al tener su residencia fija en esa misma ciudad.

Heberth Saldaña, abogado de Willy Huerta, negó que existan elementos suficientes que vinculen a su defendido con la imputación de la fiscalía. Si bien no niega que haya estado en Palacio de Gobierno el día del golpe, ello no prueba su participación en el acuerdo para el golpe, ya que fue Pedro Castillo quien habló con el jefe de la PNP.

También rechazó que haya riesgo de fuga. Para sustentar su arraigo laboral, por ejemplo, aseguró que está dando asesoría legal a una empresa. El exministro también participó para indicar que ha colaborado desde el inicio con la investigación fiscal de este caso.

Carlos García, abogado de Roberto Sánchez, aseguró que la imputación de la fiscalía a su defendido es “forzada” y que no estuvo en el ambiente donde se leyó el discurso del golpe de estado. También refirió que su vinculación con el caso fue a partir de una declaración inicial del exminsitro Willy Huerta, de la cual este luego se retractó.

De forma similar, refirió que tiene arraigo laboral por su rol como congresista, del que -a diferencia de Betssy Chávez- no fue suspendido. Por lo mismo, tiene una escolta policial, lo que impediría que se dé a la fuga.

Roberto Sánchez, quien se conectó a la audiencia desde el hospital donde ayer nació su segunda hija, cerró la audiencia afirmando que es ajeno a los hechos que están siendo investigados y que, más bien, está interesado es que conozca la verdad sobre lo ocurrido el 7 de diciembre.

Así, minutos antes de las 3:00 p.m. de este jueves, el juez Juan Carlos Checkley cerró el debate y citó a las partes a una audiencia a realizarse el miércoles 26 de abril desde las 3:00 p.m. Es decir, seis días después. Allí leerá la resolución sobre el pedido de la fiscalía contra los tres exministros de Pedro Castillo.