Documentos y registros claves fueron eliminados en Palacio de Gobierno y el Ministerio de Vivienda

Unidad de Investigación

Integrantes de la presunta red criminal, que lideraría el presidente Pedro Castillo, no solo eliminaron de Palacio de Gobierno documentación y dispositivos electrónicos con posible contenido incriminatorio, además desaparecieron información de computadoras y de correos electrónicos en el Ministerio de Vivienda, donde también operaban, según las pesquisas de la fiscalía.

En el caso de lo ocurrido en la sede de gobierno, el colaborador eficaz CE-04-2022-EFICCOP sostuvo que en diciembre del 2021 se quemaron cuadernos de ocurrencias de los edecanes del mandatario y, además, se lanzaron teléfonos celulares al mar para “desaparecer cualquier registro” que vinculara al jefe del Estado con el empresario Samir Abudayeh, investigado por el caso Petro-Perú.

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La versión señala que el presidente Castillo le dio esa orden al entonces subsecretario general Beder Camacho, sindicado como uno de sus “asesores en la sombra”, ante un inminente operativo de la fiscalía en la Casa de Pizarro.

“[Beder Camacho] se habría quedado con los equipos celulares para posteriormente —el 26 de diciembre del 2021— dirigirse a la playa La Punta, en el Callao, quemando los cuatro cuadernos y tirando los cuatros celulares al mar, comunicando de dichas acciones al presidente de la República”, se indica en un informe del equipo especial.

El colaborador eficaz brindó esa información al Ministerio Público el 30 de julio último, de acuerdo con el acta respectiva.

En el sector Vivienda

En el caso del Ministerio de Vivienda, cuyo extitular Geiner Alvarado también es considerado como parte de la misma organización criminal, los detalles sobre la desaparición de evidencias fueron revelados por el procurador adjunto del sector, Juan Marroquín.

“Después de la renuncia del jefe del gabinete de asesores [Salatiel Marrufo] fuimos informados de la eliminación de información de algunos equipos PC - computadoras”, declaró el procurador Marroquín ante la fiscalía, el 22 de setiembre de este año.

Marrufo, quien el martes reciente fue recluido de forma preliminar, se desempeñó como mano derecha del ministro Geiner Alvarado entre el 2 de agosto del 2021 y el 4 de agosto del 2022, fecha en que presentó su renuncia cuando se preveían cambios en el Gabinete Ministerial. Antes de ser funcionario, había sido asesor externo del alcalde de Anguía (Cajamarca), José Medina, quien cumple prisión preventiva por el caso de Yenifer Paredes, cuñada del mandatario.

En su testimonio, el procurador de Vivienda agregó que para verificar el hecho subió a una de las áreas y constató que el entonces asesor del despacho ministerial, Juan Mayta, supervisaba lo que un técnico informático hacía en la computadora instalada en su escritorio. Mayta asesoró a Geiner Alvarado entre febrero y agosto pasado, y luego fue su jefe de gabinete de asesores en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Asimismo, Juan Marroquín se refirió a una solicitud de Alvarado para que un funcionario de su confianza, Luis Ruiz Rojas, revisara su correo electrónico institucional durante una semana para que seleccionara “lo que sea de su interés”.

“A pedido del exministro Geiner Alvarado, el director de la Oficina General de Estadística e Informática autorizó el ingreso de Luis Ruiz Rojas a su correo electrónico. […] Ruiz es asesor de la Secretaría General del Ministerio de Vivienda”, indicó el procurador.

Para la fiscalía, estos hechos en el sector Vivienda constituyen actos de obstaculización de la investigación, pues así se busca “borrar la ruta de la corrupción en la emisión del Decreto de Urgencia 102-2021″.

Mediante esa norma, promulgada el 29 de octubre del 2021, el gobierno de Pedro Castillo autorizó el gasto de S/520 millones para obras, varias de las cuales ahora están bajo indagación.

Consultado por El Comercio sobre estas acciones, el abogado Luis Lamas Puccio opinó que “es un delito de encubrimiento y, a su vez, de obstrucción a la justicia”.

“En el contexto de una organización criminal, la condena por esos delitos fluctúa entre los 6 y 10 años de prisión”, señaló.