El Poder Judicial evaluará este jueves un pedido planteado por la defensa de Jaime Yoshiyama, que podría afectar el caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas de Keiko Fujimori en el 2011 y 2016, según advierten expertos consultados por El Comercio.
Yoshiyama solicitó al juez Víctor Zúñiga que se anule el traslado desde otra carpeta, al caso de Fuerza Popular, del testimonio que brindó Jorge Henrique Simoes Barata a los fiscales del equipo especial Lava Jato en marzo de 2020.
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Fuentes vinculadas al caso indicaron que se trata de un recurso sin mayor fundamento y forma parte de una estrategia de la defensa para dilatar el proceso, además de que se busca eliminar las declaraciones.
Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, remarcó que “no está pidiendo anular la declaración de Barata”, sino el traslado “de una serie de declaraciones de otra carpeta a la carpeta de Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori”.
Señaló que, al trasladar testimonios de otras carpetas a la del caso de Fuerza Popular, se violó el derecho de la defensa al contrainterrogatorio y puntualizó que conocieron el testimonio de Barata antes de que el caso se cerrara.
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¿Cuál sería el impacto?
Abogados penalistas consultados por El Comercio coincidieron en que el testimonio de Barata es importante para la fiscalía y el caso perdería una pieza clave en la etapa de juicio oral si el juez decide prescindir de su declaración. Además, indicaron que el recurso es parte de una estrategia de la defensa para dilatar el proceso.
La incorporación del testimonio de Barata que Yoshiyama pretende anular, representa para la fiscalía la confirmación de la tesis que explica la ruta del dinero, desde su salida de la caja 2 de Odebrecht hasta la entrega final en manos de Jaime Yoshiyama.
En su declaración del 11 de marzo del 2020, Barata explicó cómo los activos ilícitos de la constructora estaban destinados para campañas electorales, mediante el codinome ‘CAMPANHA’. En su testimonio, menciona el caso específico de la entrega de dinero para la campaña de Fujimori.
Con el codinome ‘CAMPANHA NAC 3’ se programaron dos entregas, por un total de US$518.134,72 como remisión de activos ilícitos que habrían sido entregados para el partido fujimorista.
Otra declaración incluida en el pedido de la defensa de Yoshiyama es la de Luiz da Rocha Soares, extesorero internacional de la constructora. También la de la publicista brasileña Mónica Moura y la de María Lucía Guimaraes Tavares, exsecretaria de la caja 2.
Tal como informó El Comercio, de acuerdo al requerimiento de Abanto, se solicitó al juez Víctor Zúñiga Urday que declare la nulidad absoluta de las disposiciones fiscales 207, 208 y 210, en los extremos donde se determina el traslado de los testimonios desde otras carpetas de investigación y de colaboración eficaz.
Dilación y estrategia
El exprocurador Antonio Maldonado explicó a El Comercio que el testimonio de Jorge Barata es parte de un proceso de colaboración eficaz “rigurosamente procesado y aprobado judicialmente que, de acuerdo a la legislación vigente, tiene total legitimidad”.
“Cuestionarlo, sin sustento, ni fundamentos jurídicos y fácticos serios, tornaría en ilusoria la capacidad punitiva del Estado y el cumplimiento de los deberes de investigación efectiva y sanción rigurosa de los crímenes, sobretodo, si estos son graves, sumándose a ello, el deber del Estado de luchar contra la impunidad”, sostuvo.
Maldonado indicó que, de aprobarse el pedido de nulidad, significaría “un retroceso, no sólo respecto a la investigación o del caso en curso, sino incluso respecto de la utilidad y eficacia de las normas”.
Señaló que las declaraciones “quedarían excluidas” y que, como elementos de prueba, no podrían ser reconstruidos, ni recibidos de otra forma.
“Dichos medios probatorios, si bien no son los únicos, son el corazón de la estrategia del Ministerio Público. Para lograr ese objetivo, la defensa tendría que presentar argumentos muy sólidos porque, en el fondo, el valor probatorio de esa específica colaboración eficaz, es lo que se va a discutir en la fase del juicio”, dijo.
“Se ve que la defensa de Keiko Fujimori está desesperada y quieren ganar tiempo para que la fase final del juicio no coincida con su probable triunfo electoral”, agregó.
En la misma línea, el también exprocurador Iván Meini consideró que el recurso de la defensa es una manera de retrasar el inicio de las etapas siguientes en el proceso: el control de acusación y juicio oral.
“No solamente este pedido, sino el que planteó la defensa de Fuerza Popular y Keiko Fujimori para que no se cierre la investigación y todavía está pendiente de ser resuelto”, indicó.
“Hay razones para considerar que esto más que argumentos técnicos de defensa, son estrategias para dilatar el inicio de un juicio hasta después de que se sepa los resultados de la segunda vuelta, porque tanto han pedido los investigados que se llegue a un juicio oral, que termine la investigación, que se formule la acusación para que en el ámbito del juicio puedan discutirse las eventuales responsabilidades, llama la atención que estando en ese momento no lo acepten y quieran postergarlo”, sostuvo.
Sobre los argumentos de la defensa para pedir la nulidad de la incorporación del testimonio, señaló que “podría tener validez en el juicio oral, en la investigación fiscal no”, y que la defensa pudo haber presentado un testigo de parte.
“Decir que no ha tenido un contrainterrogatorio no es un argumento para plantear esa nulidad o para que el juez le dé la razón”, agregó.
Meini también subrayó que si el juez le da la razón a la defensa de Yoshiyama, “lo que va a hacer es impedir que en el juicio se tenga en cuenta como prueba la declaración del señor Barata”.
“En ese eventual escenario, de afectar, afecta, pero existen otras versiones que sindican tambien al señor Yoshiyama, una de ellas de su propio sobrino, quien con lujo de detalles contó cuál ha sido su participación en todos los actos que se investigaron”, manifestó.
El abogado penalista Andy Carrión apuntó que la consecuencia inmediata de la aprobación de este pedido sería prescindir de los testimonios.
“Ya no podría formar parte del acervo probatorio que luego se va a dilucidar en el juicio, es poco probable que el juez le de la razón, pero en caso le dé la razón la consecuencia jurídica inmediata sería prescindir de sus declaraciones y con eso se debilitaría todo el caso porque para la fiscalía las declaraciones cumbre son las de Barata y los demás funcionarios de Odebrecht”, señaló.
Carrión sostuvo que si bien existen otros colaboradores eficaces, Barata representa una de las pruebas más importantes y la ausencia del testimonio podría debilitar el caso.
“Si no se traslada (el testimonio), ¿cuál sería la utilidad de tener la declaración?”, dijo, tras indicar que con un recurso de nulidad, la defensa busca que se impida la validez de los testimonios. Si la defensa hubiera pretendido la corrección de las pruebas y que se reprogramen las diligencias, podría haber solicitado una tutela de derechos.
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