Hugo Núñez Julca, juez supremo del Juzgado de Investigación Preparatorio de la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró fundado el requerimiento de impedimento de salida del país que solicitó la fiscalía para Luciana León, por su presunta vinculación con la organización criminal Los Intocables Ediles.
Para la fiscalía, la integrante de la Comisión Permanente es considerada el ‘brazo político-legal’ del grupo para el que habría gestionado la sobrevaloración de obras y servicios públicos en dicho distrito para obtener ingresos ilícitos.
León es investigada como presunta autora de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo propio, peculado doloso y organización criminal en agravio del Estado. Ayer, la defensa legal de Luciana León anunció que se allanarán al requerimiento fiscal en la audiencia pública.
El pedido fue presentado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el 28 de enero pasado. Ávalos decidió que la integrante de la Comisión Permanente del Congreso pasara a la condición de investigada como parte de la referida organización criminal.
La aprista habría realizado gestiones en tres ministerios y, a cambio, recibido pagos mensuales de entre S/15 mil y S/20 mil en efectivo. Según la tesis fiscal, su relación con Los Intocables Ediles comenzó en el 2016.
—El peligro de fuga—
El juez Núñez Julca aseguró en su resolución que existe riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación por parte de Luciana León. Consideran que no tiene antecedentes laborales además de haber sido parlamentaria desde hace 15 años, “en consecuencia, cuando deje de ser funcionaria pública, no tiene otro arraigo laboral que la mantenga adscrita a esta ciudad”.
Agregó que “el tiempo que se ha desempeñado como congresista de la República le ha permitido obtener suficientes ingresos que, eventualmente, utilizaría para eludir la acción de la justicia”. Como otro indicio sustenta que la aprista realiza constantemente viajes al extranjero.
Respecto a la entrega del pasaporte de León por parte de su defensa, la fiscalía asegura que “puede tramitar un nuevo pasaporte”, pues el diplomático está a punto de expirar.