Para la Fiscalía de la Nación, el esquema de la presunta organización criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo no solo incluye redes en sectores estatales como algunos ministerios o el Congreso. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, también existe un “brazo familiar”.
Según consta en la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el mandatario, ese “brazo familiar” incluye a seis personas: su esposa Lilia Paredes, su hija Yenifer Paredes (considerada así por Castillo, aunque en realidad es su cuñada), tres sobrinos y dos cuñados. Todo ellos niegan las imputaciones.
Adicionalmente, hace una semana se conoció el testimonio de un exfuncionario que implicó a otro sobrino en presuntos actos de corrupción.
Para la fiscalía, “la presunta organización criminal contó con un brazo familiar, que estaba conformado por personas que tenían parentesco de consanguinidad y afinidad con el líder de la organización”. “Este brazo tenía una alta influencia sobre el primer mandatario. Su rol habría consistido en coordinar, gestionar y viabilizar el direccionamiento de procesos de contratación que se daban en diversas entidades del Estado”, se indica en la página 57 del documento.
Primos e investigados
Los primeros sobrinos en ser incluidos en casos fiscales fueron Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez. Ambos se vieron implicados en el Caso Puente Tarata, donde se investiga una presunta red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
A fines de marzo de este año, un juez ordenó sus detenciones preliminares junto a las de otros investigados, como Zamir Villaverde y Bruno Pacheco. Allí, los sobrinos pasaron a la clandestinidad.
Es el hijo de Adelinda Castillo, hermana del presidente. Está prófugo de la justicia desde marzo de este año, cuando un juez ordenó su detención preliminar por el Caso Puente Tarata. Tiene una orden de 24 meses de prisión preventiva.
Es hijo de José Castillo, hermano del jefe del Estado. Como su primo, estuvo prófugo tras ordenarse su detención por el Caso Puente Tarata. Sin embargo, en mayo se revocó su orden de prisión preventiva y es investigado en libertad.
Se trata de uno de los hermanos de Lilia Paredes, la esposa de Pedro Castillo, y de Yenifer Paredes. Es investigado por el caso de la presunta red criminal en el Ministerio de Vivienda o Caso Anguía. Tiene comparecencia con restricciones.
Es el otro hermano de Lilia y Yenifer Paredes. También es investigado en el Caso Anguía, por el que se le impuso comparecencia con restricciones junto a su hermano. No obstante, la fiscalía apeló para que también se le impida salir del país.
Es uno de los hijos de la hermana de Lilia Paredes. Según la denuncia de la fiscalía, está implicado en la presunta red criminal en el MVCS. En mayo, se le prohibió salir del país por cuatro meses en su condición de testigo en el Caso Puente Tarata.
Hermano mayor de Fray Vásquez. No aparece dentro del “brazo familiar” en la denuncia de la fiscalía, pero esta semana se conoció el testimonio de un exfuncionario de la SBN sobre supuestos pagos que le hizo a cambio de un puesto de trabajo.
En abril, se dictaron órdenes de 36 meses de prisión preventiva para todos ellos. Al mes siguiente, una sala redujo la orden contra Vásquez Castillo de 36 a 24 meses y revocó la de Castillo Gómez. Así, el primero sigue prófugo y el segundo hoy es investigado en libertad con restricciones.
En la denuncia constitucional, se dice que el rol de Vásquez “habría consistido en ser el nexo entre empresarios, funcionarios y el mandatario” dentro del MTC. Se le atribuye haber contactado a Villaverde con Castillo y haberle delegado la “captación de funcionarios afines a los intereses de la organización” en ese sector, con el fin de favorecer a empresas ligadas al presidente y al exministro Juan Silva. El mismo presunto rol se le imputa a su primo.
Los hermanos
En el caso de la presunta red criminal en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la atención se centró inicialmente en el rol de las hermanas Lilia y Yenifer Paredes. Sin embargo, dos de sus hermanos están incluidos y son investigados por la fiscalía.
David y Walter Paredes fueron incluidos en el proceso por este caso y se solicitó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para ellos. En primera instancia, un juez solo impuso la primera medida, pero la fiscalía ha apelado para que también se les impida dejar el territorio peruano.
En la denuncia constitucional, se detalla que el presunto rol de David Paredes “habría consistido en gestionar los intereses económicos de la organización, relacionado con los proyectos” en el MVCS. Además, se destaca que, a pesar de no tener trabajo conocido ni registrar ingresos económicos, habría depositado S/70.000 a Hugo Espino Lucana, señalado como testaferro. Esto para cubrir los costos de la elaboración de un expediente técnico de un proyecto de saneamiento en localidades de Chota.
A Walter Paredes se le asigna la misma función y se destaca que, también sin contar con ingresos o trabajo conocido, depositó S/20.000 a una “empresa fachada” ligada a Espino.
Más sobrinos
En cuanto a Rudbel Oblitas, sobrino político del presidente, fue uno de los supuestos miembros de una mafia en el MTC mencionados por Karelim López en febrero, como parte de su primera declaración ante la fiscalía como colaboradora eficaz. Sin embargo, en la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación se lo vincula con la red en el MVCS.
“Su rol habría consistido en coordinar y direccionar los procesos de contratación que se desarrollaban” en ese sector, sostiene el documento. Al respecto, se menciona un proyecto en el distrito de La Jalca, en Chachapoyas, sobre el cual “se habría comprometido a acelerar el trámite” en el MVCS.
Finalmente está Jaime Vásquez Castillo, hermano de Fray. La semana pasada, “Cuarto poder” reportó que un exfuncionario de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales denunció que hizo pagos a ese sobrino del presidente a cambio de un puesto laboral.
Además, El Comercio accedió a declaraciones de un colaborador eficaz que relató supuestas presiones suyas para favorecer al Gabinete en la sombra.
Defensas
Consultado por El Comercio, el abogado de Pedro Castillo y Lilia Paredes, Benji Espinoza, indicó que sus defendidos rechazan la tesis que plantea el Ministerio Público.
“Es común que la fiscalía utilice al delito de crimen organizado como cajón de sastre. Es la expresión clara del derecho penal elástico”, dijo el defensor legal. En esa línea, el abogado manifestó que “en el camino de la investigación se demostrará que esa hipótesis de la fiscalía no se corroborará”.
En tanto, en distintas audiencias judiciales, los abogados de los sobrinos y cuñados del presidente también han rechazado su pertenencia a una red criminal.
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