Palabra devaluada

La reciente crisis ministerial ha terminado por desnudar los problemas de este gobierno para lidiar de manera responsable con cualquier decisión que lo involucre siquiera de manera indirecta con las implicancias económicas y políticas del Caso Odebrecht. Así lo demuestra la cascada de renuncias que siguieron a la abrupta remoción del exprocurador para el Caso Lava Jato Jorge Ramírez por realizar gestiones respecto de las cuales se puede estar a favor o en contra, pero que claramente el funcionario no venía efectuando a espaldas del Poder Ejecutivo.

Asimismo, fiel a su estilo en cuanto a manejo de crisis ministeriales se refiere (recuérdense los casos de Jorge Meléndez, Zulema Tomás y Francisco Petrozzi), la administración Vizcarra convirtió un problema serio pero aparentemente inocuo (las denuncias reveladas por “Panorama” contra el exministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu que parecían solucionarse con la dimisión de este) en una seguidilla de errores que quizá tengan su expresión más notable en la dosificación a cuentagotas de las mentadas dimisiones y la designación de Susana Vilca como titular del Minem, pese a los gruesos cuestionamientos en su contra.

El saldo: cuatro ministros relevados en menos de una semana (elevando a siete las bajas sufridas por el Gabinete en ausencia de oposición parlamentaria), en lo que constituye la crisis política más severa para el Poder Ejecutivo de la gestión de Vizcarra (la caída del Gabinete Del Solar la gatilla él mismo al optar por la disolución del Congreso), y una flamante ministra de Estado con crédito negativo desde antes de asumir la cartera que con poco criterio se le ha encomendado.

Un aspecto importante que ha pasado algo desapercibido en este episodio, tal vez como consecuencia de las últimas decisiones judiciales del Caso Lava Jato, ha sido la cantidad de imprecisiones y afirmaciones cuando menos flexibles con la verdad, ensayadas tanto por el primer ministro Vicente Zeballos como por el jefe del Estado (más allá de sus reticencias para asumirse como tal), en sendas entrevistas con RPP, para tratar de desmarcarse del escándalo (respecto de los dichos de Vizcarra, el ‘fact checking’ elaborado por el periodista de El Comercio Sebastian Ortiz es contundente).

Desde la negativa inicial de Zeballos a aceptar la crisis política misma o que las salidas de integrantes del Gabinete que preside obedecieran al impacto de las revelaciones sobre las gestiones de Ramírez (y antes, mostrarse extrañado por las pretensiones de Odebrecht de llevar a arbitraje al Estado), hasta la supuesta ignorancia de Vizcarra sobre todo el embrollo y sus intentos por achacar la responsabilidad del acuerdo de colaboración eficaz exclusivamente a la fiscalía (cuando la procuraduría es una entidad adscrita al Minjus y la entidad también lo firmó), las explicaciones de las más altas autoridades del Ejecutivo no solo han resultado insuficientes, sino poco verosímiles.

Un problema de devaluación de la palabra que supera deficiencias de gestión o desmesurada preocupación por los índices de popularidad presidencial que el Gobierno debería evitar en el futuro si le interesa mantener un mínimo de credibilidad.