PPK sí podrá ser investigado y acusado tras su renuncia

Tres meses después de que Ollanta Humala dejara la presidencia de la República, en octubre del 2017, el fiscal Germán Juárez lo incluyó en la investigación por el delito de lavado de activos y solicitó comparecencia con restricciones en su contra.

Ahora Humala está a punto de ser acusado: no le alcanzó el antejuicio político debido a que se trataban de hechos que ocurrieron en el 2006 y el 2011. Lo que siguió ya es historia conocida: cumple una prisión preventiva por los presuntos aportes irregulares al Partido Nacionalista. Es decir, por estar vinculado con el Caso Odebrecht.

Hoy la historia es diferente. Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no ha culminado su mandato presidencial como Humala: renunció al cargo un día antes del debate sobre el segundo pedido de vacancia en su contra y horas después de difundirse los videos que revelaban una presunta compra de votos de parlamentarios de oposición.

Lejos de Palacio de Gobierno, sin embargo, Kuczynski todavía deberá responder ante la justicia por sus presuntos vínculos con el Caso Lava Jato. Así como Humala, podría pasar a convertirse en investigado por la fiscalía. ¿Al renunciar podrá ser acusado y pierde su inmunidad? Así lo explican los expertos constitucionalistas consultados para esta nota.

“En este caso pierde el antejuicio. Lo pueden acusar. Estaba protegido como presidente por los delitos anteriores a su mandato. Pero como ha renunciado a la presidencia de la República, pierde esta protección. A nivel penal tendrán que ver si los delitos han prescrito”, señaló el abogado constitucionalista Samuel Abad a El Comercio.

En la misma línea, el abogado Aníbal Quiroga asegura que las consecuencias de la vacancia y la renuncias son las mismas: sí podrá ser investigado y acusado por procesos como el presunto pago de sobornos en la carretera Interoceánica o sobre sus supuestos vínculos con Odebrecht.

“Al renunciar puede ser investigado sin ningún problema por hechos anteriores a su mandato. Y lo haría una fiscal común y con un juzgado ordinario. Un fiscal como Hamilton Castro”, precisó a este Diario.

Actualmente, PPK es testigo en dos investigaciones en el Ministerio Público. La primera es por en el caso de la Interoceánica, donde está involucrado el ex presidente Alejandro Toledo por presuntamente haber favorecido a Odebrecht a cambio de sobornos.

La segunda se trata de una indagación preliminar a First Capital y Westfield Capital, ambas empresas vinculadas a él. Las dos están a cargo del equipo especial anticorrupción de la fiscalía, dedicado al capítulo peruano del Caso Lava Jato.

–Sobre los videos–
Tanto Abad como Quiroga precisan que en el caso de los videos y la presunta compra de votos de parlamentarios, Kuczynski goza aún de una protección por tratarse de supuestos hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

“La fiscalía no podría acusarlo por delitos en ejercicio de sus funciones, salvo que el Congreso lo autorice. Como ocurrió con Fujimori, porque lo acusan por delitos que habrían ocurrido cuando fue presidente”, afirmó Abad.

Quiroga agregó que para que le levanten la inmunidad a Kuczynski y la fiscalía esté autorizada a investigarlo por los videos difundidos, tiene que existir una acusación constitucional en el Parlamento. “Por los hechos durante su mandato, eso incluye los llamados ‘Kenjivideos’, tendría que haber un proceso de acusación constitucional previo”, dijo.

–Participación en Interoceánica–
El fiscal Hamilton Castro, quien lidera el equipo especial de la fiscalía, interrogó el último 15 de marzo a PPK en calidad de testigo. Fue a pedido de la defensa de Alejandro Toledo y era la segunda vez que declaraba en este caso desde Palacio de Gobierno.

Esta investigación inició hace catorce meses. Por esta indagación, Toledo tiene una orden de prisión preventiva y podría ser extraditado este año desde los Estados Unidos para que la cumpla.

Lo más importante que deberá esclarecer la fiscalía en su investigación es la participación de PPK en la firma del contrato de la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), adjudicado a Odebrecht en agosto del 2005. Sobre todo, si fue quien decidió no observar la Ley N° 28670, la que declaró de necesidad pública la construcción de la obra. Esta norma benefició a la empresa brasileña que en ese entonces estaba impedida de contratar con el Estado.

–Sus empresas–
La primera semana de diciembre, el fiscal Castro abrió una indagación preliminar contra las empresas First Capital y Westfield Capital; y los que resulten responsables. Las actividades y los contratos de ambas compañías con la empresa Odebrecht han sido el principal cuestionamiento contra PPK, sobre todo porque estos fueron cuando él era ministro de Estado en el gobierno de Toledo.

El último 29 de diciembre, Kuczynski declaró por más de cuatro horas ante el fiscal Castro. En esa diligencia reiteró, como lo ha hecho en los últimos meses, que no incurrió en conflicto de intereses por las asesorías de su empresa Westfield Capital brindó a Odebrecht, antes y después de que esta ganara la licitación del proyecto para la habilitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.

Esta versión es contrastada por la fiscalía con la declaración y documentación que dio Gerardo Sepúlveda, el ex socio de PPK, así como otras informaciones que obtengan del extranjero. El equipo especial ya ha ordenado una pericia contable y financiera a los movimientos bancarios de PPK y sus empresas.