Nos gusta pensar que los peruanos somos resilientes, que estamos preparados para enfrentar cualquier desafío, que podemos caer y luego levantarnos. Pero nuestra resiliencia no está garantizada, tiene límites: requiere recursos, tiempo y redes. A muchas familias les falta todo eso, y a otras tantas eso será lo que les faltará frente a un Fenómeno como El Niño (FEN) en desarrollo.
Según la Encuesta de Capacidades Financieras de la SBS y CAF (2026), solo el 39% de los peruanos podría enfrentar un mes sin ingresos con sus propios recursos. Es casi la misma cifra que en 2022, cuando salíamos de tres años muy malos. La recuperación reciente no ha sido suficiente para restablecer bases sólidas de protección y resiliencia. Los ciudadanos en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad aún no han terminado de recuperarse del covid-19, de la alta inflación de 2022 ni del FEN de 2023, y hoy enfrentan un nuevo desastre.
¿Cómo responden las familias ante un evento inesperado? El Índice de Inclusión Financiera de Credicorp (2026) muestra que: 38% usaría sus ahorros, un crédito o un seguro; 41% buscaría más ingresos o trabajo extra, o reduciría sus gastos; y 63% recurriría a parientes y amigos, organizaría una pollada o recurriría a la ayuda estatal o a algún programa social (o varias de estas acciones a la vez).
El problema es que un FEN extraordinario no golpea a una persona: golpea a todo su entorno, a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, a sus clientes y a sus proveedores. Es un evento covariado. Cuando toda la comunidad enfrenta el mismo desastre, no hay trabajo extra que conseguir, ni familiares que puedan prestarnos, ni vecinos que compren tickets para la pollada. Y las entidades financieras seguramente restringirán el crédito en las zonas más afectadas, donde la capacidad de repago será incierta.
¿Qué queda entonces? Quienes no tienen ahorros suficientes —la mayoría— tendrán que ajustar aún más sus gastos, lo cual, en tiempos normales, es grave, pero es peor cuando la inflación ya hace que los recursos alcancen para menos. Ajustar significa comer menos y postergar la salud. Y esperar que llegue alguna ayuda del Estado.
Por eso la respuesta pública es vital. Esta respuesta tiene que ser oportuna, suficiente en monto y duración, y llegar a quien la necesita. El anuncio de S/ 2.500 millones para bonos es un primer paso, pero no basta. ¿Tenemos registros adecuados de quiénes deben ser atendidos? ¿Podemos acelerar el proceso de empadronamiento en las zonas que sabemos que se verán afectadas? ¿Aprovecharemos la alta penetración de las billeteras digitales para que la ayuda llegue a tiempo? ¿Hemos calculado los montos y las duraciones mínimas de los apoyos para evitar más pobreza y hambre?
Estamos tarde, y lo que está en juego es lo más básico. La ayuda del Estado, financiada con los impuestos de todos los peruanos, es una obligación, no un favor. Las familias más vulnerables no tienen a quién más recurrir.
