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Una semana atrás, Odebrecht reconoció ante la justicia de Estados Unidos que pagó sobornos a funcionarios gubernamentales en Perú por US$29 millones, entre el 2005 y el 2014. Con estos, según la confesión de Odebrecht a la justicia estadounidense, la empresa habría ganado alrededor US$143 millones.
La figura en el Perú se complica por la existencia en diversos contratos firmados entre el Estado y Odebretcht de una cláusula anticorrupción que sirve como mecanismo de defensa del Gobierno ante malas conductas empresariales. Ese es el caso del proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP), pero hay otros más.
En ese sentido, El Comercio conversó con un experto en concesiones sobre el efecto que estas cláusulas podrían tener en los proyectos adjudicados a Odebrecht y qué ocurriría con estos. El experto prefirió opinar desde el anonimato.
-¿Todas las concesiones de Odebrecht pueden ser anuladas por cláusulas anticorrupción?
No todas. Lo que ocurre es que las clausulas anticorrupción son puestas sólo en algunos contratos. Sirven para evitar que los intereses del Estado se vean afectados por malas prácticas. Este es el caso del GSP, de proyectos concesionados como Iirsa norte y Rutas Nuevas de Lima.
-En el escenario en que estas puedan ser anuladas, ¿qué ocurriría con los proyectos y con Odebrecht?
Aquí hay varios escenarios que se deben considerar. Primero, es importante tener en cuenta que debe existir una condena. No basta con lo declarado por Odebrecht; tiene que haber una condena judicial que especifique el acto de corrupción, que en este caso es un delito de cohecho pasivo.
Luego, en caso el proyecto ya esté construido, se puede aplicar un procedimiento de subasta, pero la inversión de Odebrecht seguirá siendo de la empresa aunque se demuestre el acto de corrupción. Por lo tanto, tendría que recibir el dinero de esa subasta.
Por otro lado, está el tema de la venta del proyecto. Si en el pasado se vendió una concesión y un tercero entró en el contrato, sin conocer los actos de corrupción cometidos por Odebrecht, el Estado no tendría por qué anular la concesión, pues se abre la posibilidad de un hecho de buena fe. En ese caso, no es posible adelantarse y decir que se va a declarar nulidad; sólo podría ocurrir en el caso de que Odebrecht se quede.