ONP: ¿Cuál sería el impacto del proyecto de ley que busca permitir retiro de los aportes?

A fines de junio, la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen para permitir que los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), mayores de 55 años y que no cumplieron con los 20 años mínimos de contribución para obtener una pensión, puedan recibir una transferencia equivalente al 100% de sus aportes.

Asimismo, el dictamen contempla que los afiliados activos del sistema nacional de pensiones puedan recibir de manera extraordinaria hasta S/4.300 (1 UIT). Esta propuesta, que ya ha sido cuestionada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), será próximamente debatida en el pleno del Congreso.

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De hecho, las estimaciones de la ONP dan cuenta de que el costo total de esta medida podría alcanzar los S/7.500 millones (1% del PBI, aproximadamente). Más aún, el fisco tendría que desembolsar esos montos en plazos relativamente cortos: luego de que la ONP apruebe una solicitud, tendría 30 días hábiles para desembolsar el 50% del monto. El resto se pagaría 60 días hábiles después del primer desembolso.

Para poner en perspectiva la magnitud, se trataría de un monto similar al que el Estado ha invertido en impuestos para financiar las pensiones de la ONP entre el 2015 y 2018 (unos S/7.375 millones). Más aún, ese desembolso sería equivalente a 2,2 años de los aportes de los afiliados al sistema.

COSTOS ACTUALES

Más allá de la presión fiscal que implicaría una medida de este tipo, la ONP actualmente ya presenta serios problemas estructurales. El sistema no logra su objetivo de proveer una pensión a todos los jubilados. Ello se debe principalmente a la baja densidad de aporte de los afiliados, considerando que gran parte de los trabajadores en el país alterna entre empleos formales e informales a lo largo de vida laboral.

La Comisión de Protección Social del 2017 estimaba que si entre inicios del 2015 y mediados del 2016 hubo 5 millones de personas que en algún momento tuvieron un empleo formal, en promedio cada mes había solo 2,8 millones de empleados formales. Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que alrededor de dos tercios de los afiliados a la ONP no contará con una pensión de jubilación por no llegar a los 20 años de aporte mínimo.

Asimismo, el sistema no es financieramente sostenible y genera costos para el fisco. Entre el 2011 y el 2018, por ejemplo, del total de ingresos que recibió la ONP, solo 44% provinieron de los aportes de los afiliados. En tanto, 31% salió del Tesoro Público –impuestos–, casi 9% del Fondo Consolidado de Reservas (FCR) –también recursos públicos–, y montos menores de otras fuentes de ingresos públicos. Si bien los ingresos por aportes han ido creciendo, la proporción de afiliados a la ONP que aporta activamente al sistema ha caído de manera sostenida en los últimos 10 años, al pasar de 45% en el 2009 a 35% en el 2018.

Los cambios demográficos imponen un reto adicional al esquema de reparto. Cuando se implementó la ONP, en la década de 1950, solo el 3,1% de la población peruana tenía 65 o más años. Actualmente, el 7,7% está en ese rango etáreo. Más aún, se estima que, para el 2050, el 18% de la población superaría los 65 años de edad. En otras palabras, el número de pensionistas irá creciendo más rápido que la cantidad de gente en edad de trabajar y que paga sus pensiones.

En este contexto, el IPE estima que actualmente mantener el sistema nacional de pensiones tiene un costo total para el sector público equivalente a casi 0,5% del PBI. Si bien este porcentaje se reduciría ligeramente hacia el 2040, a causa del bono demográfico, los costos se incrementarían indefinidamente desde entonces debido al incremento de la proporción de personas mayores de 65 años.

Más aún, la estimación debe considerar los costos generados para las personas que, por no haber alcanzado el tiempo mínimo de aporte, no tienen derecho a pensión. Así, si se asume un costo fiscal atribuido a una pensión proporcional a sus años de aporte, mantener la ONP costaría 0,77% del PBI en los próximos cuatro años, y llegaría a significar una presión fiscal de más del 1% del PBI pasado el 2060.

REFORMA NECESARIA

Diversos especialistas en temas previsionales han señalado que el sistema nacional de pensiones requiere de una reforma integral, que permita cumplir con su objetivo de otorgar una pensión a todos los jubilados, así como disminuir el costo fiscal asociado, que se prevé siga en aumento. Al respecto, el exministro de Economía David Tuesta señala que una alternativa sería una transición hacia un sistema de capitalización individual en el que se reconozca a los afiliados de la ONP un bono de transición por el tiempo de aporte y, además, se asegure una pensión mínima para todos los aportantes.

Este sistema generaría un menor costo fiscal que el actual sistema de reparto; sin embargo, Tuesta precisa que, para ello, es fundamental que se delimiten reglas de equilibrio para establecer la pensión mínima. Estas reglas podrían institucionalizarse y ser ajustadas periódicamente por un comité independiente.

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