El sistema de protección a las víctimas que podría poner freno a las extorsiones en el Perú

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Sin embargo, se sabe que la verdadera magnitud de las víctimas de extorsión sigue siendo incierta, pues muchas personas no llegan a presentar su denuncia por miedo a represalias, lo que genera un sesgo en los datos oficiales que maneja el Gobierno. Esta situación se grafica en una reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre los niveles de confianza que los ciudadanos hacia las instituciones públicas. Según los resultados, más del 70% de encuestados desconfía de la PNP (77,5%), el Poder Judicial (79,3%) y el Ministerio Público (74,8%).

Esta desconfianza y temor en la población para denunciar casos de extorsión va de la mano con el débil sistema de protección a víctimas que denuncian estos delitos en el Perú. Se han presentado escenarios donde a los pocos días de sentar la denuncia en la comisaría la persona es asesinada cerca a su casa. Incluso, hay más de una investigación conta malos efectivos que decían a las víctimas que mejor era ‘saldar la deuda’ y así evitar problemas, y otros que alquilaban sus armas a extorsionadores.

Aquí cabe mencionar que el Gobierno lanzó semanas atrás la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial que asegura está disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Además, estaría interconectada con la Central de Emergencias 105 y permitiría a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

No obstante, esta línea ha recibido muchas críticas por parte de la población, pues varias personas señalan que pese a llamar insistentemente nadie responde. Y cuando alguien contesta, y la víctima le cuenta su caso, solo atina a decirle que vaya a la comisaría a presentar su denuncia. Estos hechos originan que se acreciente aun más la desconfianza en las autoridades.

Entonces, ¿cómo fortalecer el sistema de protección a víctimas de extorsión? y ¿de qué manera podría ser esto una alternativa que ayude solucionar buena parte de la inseguridad ciudadana que azota al país? El Comercio dialogó con algunos expertos quienes detallaron ejemplos efectivos de sistemas de protección a víctimas en el mundo que podrían adaptarse y funcionar en el Perú.

Frank Casas, experto en seguridad y criminalidad organizada, dijo a El Comercio que la extorsión es un delito que pone en riesgo alto la vida de la persona, por lo que de por sí genera mucha mucha resistencia a ser denunciado. Además, tiene que ver con que el sistema de justicia le garantice efectividad, es decir, si en la práctica no confías en que realmente esto se pueda solucionar y se generen ciertos protocolos de seguridad para salvaguardarte, se generan barreras para que te impiden ejecutar la denuncia.

“Por lo general lo que hacen las personas es ceder ante la extrusión. Entonces indudablemente el desafío se convierte mucho más grande para el caso peruano, porque tienes a un fenómeno que atemoriza a mucha población y por otro lado tienes instituciones que no necesariamente han sido efectivas en materia de seguridad a lo largo de los años”, manifestó.

En ese sentido, Casas precisó que una de las primeras cosas que se tiene que hacer para mejorar el sistema de protección a víctimas de extorsión es tratar de promocionar la denuncia. Para ello, se tiene que garantizar al ciudadano que ahora puede ejecutarla sin necesidad de desplazarse a una comisaría o una unidad especializada. Actualmente uno puede presentar su caso a través del sistema de denuncias policiales, y así empezar, por lo menos, el trámite administrativo.

“Lo qué procede luego de ejecutar la denuncia no está claro aún. Lo que ha hecho el actual gobierno es generar, por ejemplo, la línea 111, en donde además de ejecutar la denuncia te van a orientar y dar algunas directrices para tratar al victimario y empezar a coordinar información con la policía para salvaguardar tu vida. Yo considero que esta parte todavía está bastante incompleta, porque esa información se puede difuminar y llegar a las manos del victimario, quien puede ejecutar una coacción contra el denunciante”, indicó.

Dicho esto, para Casas es esencial que se garantice un acompañamiento y una vigilancia perenne no solo a la persona víctima de extorsión sino a toda su familia. Sin embargo, resaltó que el problema en este punto es que puede haber un gran número de personas víctimas de extorsión, por lo tanto puede ser que el personal policial y el sistema de justicia en general sea insuficiente. “Aunque eso parece una tarea titánica, no hay de otra, no es un delito en el cual uno pueda libremente dejar a la suerte la integridad física de las posibles víctimas, se requiere sí o sí de una vigilancia policial”, sostuvo.

Por su parte, Francisco Macedo, abogado experto en integridad y derechos humanos, subrayó el hecho de la confidencialidad, es decir, el anonimato tiene que asegurarse. Una filtración, dijo, es un hecho muy grave, que pone en riesgo el derecho a la vida, la integridad y la seguridad del denunciante. “Si tienes un sistema de protección tienes que asegurarte de que sea confidencial, una filtración ahí es gravísima”, señaló.

Destacó, además, que es vital que se modifica la normativa y se permita que esta protección se extienda a las etapas iniciales de investigación, cuando se encuentra en el Ministerio Público y aún no está en un proceso formal. “Es tiempo crucial. Me parece que eso es fundamental”, opinó.

En cuanto a algunos sistemas de protección a víctimas en el mundo que son considerados efectivos, Casas mencionó los casos de México y Guatemala, por ejemplo. Explicó que allí, en ciertas zonas alejadas del ámbito urbano sobre todo, el papel de vigilancia y salvaguarda al grupo de víctimas no lo han hecho las fuerzas policiales, sino los comités de autodefensa. De esa manera han respondido a la extorsión, vigilando a los denunciantes y también generando cierto nivel de de contención frente a los grupos criminales que se dedican a esa actividad.

“En el caso mexicano son grupos civiles en los ámbitos más cercanos a las áreas rurales que se arman de manera autónoma principalmente para salvaguardar su propio territorio frente algunas bandas criminales del narcotráfico. Eso tiene más de 40 años de funcionamiento, algo similar a lo que ocurrió aquí con los comités autodefensa en el Vraem frente a Sendero Luminoso. En el camino, obviamente ha habido mucho vínculo y fortalecimiento de esas unidades civiles mexicanas con la policía armada. Esto no quiere decir que no implique un riesgo y la duda con respecto a la legitimidad para armar a un grupo civil”, comentó,

Eso en el caso de Lima un escenario así no es muy tangible ya que no hay presencia de grupos civiles armados, aunque podría revisarse experiencias como las de Cajamarca, donde la extorsión en el rubro minero ha sabido contenerse de alguna forma a través de las rondas. A esto, el experto añadió que más allá de la figura de quién ejecuta esta protección, queda claro que no hay otra forma de poder garantizar la seguridad e integridad de las personas que está siendo víctimas de extorsión sino es con una vigilancia permanente.

“Lo rescatable de estos ejemplos es la lógica de vigilancia, es lo único que te puede garantizar seguridad. Habría más bien que hacer un seguimiento a aquellas personas que actualmente están colaborando con denunciar la extorsión, y ver qué ocurre después. ¿Realmente las están vigilando? Y sobre ello ver qué resultados se obtiene”, dijo.

Por su parte, Macedo detalló que dentro del Ministerio Público funciona en la Upavit (Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos), a la cual le falta recursos. El experto se pregunta si es necesario reforzar la Upavit o tal vez crear un organismo autónomo que dicte las medidas de protección. “Lo que he visto en otros países, lo cual alerta también la Defensoría en varios informes, es que la coordinación entre policía, fiscalía y Ministerio Público, mediante la propia Upavit era deficiente, generando retrasos en la implementación de estas medidas”, contó.

En tanto, resaltó que un tema clave de la legislación peruana es que solo se contempla “protección judicial”, es decir, dentro de un juicio. No hay protección prejudicial, solo se puede hacer en el marco de un proceso ya en marcha. La víctima o el mismo fiscal la pide, se coordina con Upavit y el juez tiene que aprobar. “Que no haya protección prejudicial cuando se está en una investigación preliminar, por ejemplo, eso es un tema que tendría que resolverse”, consideró.

Dicho esto, Macedo brindó más ejemplos que grafican muy bien el rol activo del Estado y sus estamentos en la tarea de brindar protección a víctimas de extorsión. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, subrayó la existencia del Witsec (Programa Federal de Protección de Testigos), dependiente del Departamento de Justicia, el cual ofrece reubicación permanente y cambio de identidad a la víctima desde que está en fase de cooperación con autoridades.

“No hace falta formalización judicial, es un buen referente. Otro ejemplo interesante es el de Italia, que otorga protección preventiva Se trata de una buena norma, que asegura anonimato e incluso les da apoyo económico durante el proceso a las personas que son víctimas o denuncian”, detalló.

El experto también precisó el caso de Colombia, donde hay una Unidad Nacional de Protección Autónoma que está relacionada con el Poder Ejecutivo, muy diferente a lo que sucede aquí en Perú, que la tiene dentro del Ministerio Público. Además, las medidas de protección se brindan durante la investigación, antes de la formalización. En tanto, un país que tiene un sistema similar de protección a las víctimas es Bolivia. Su aparato es limitado y se centra en la judicialización.

“En Brasil hay un programa federal de protección a testigos que ofrece medidas preventivas antes de que el proceso se formalice; Ecuador también tiene su unidad de atención antes del caso judicial. Venezuela tiene una pésima norma sin capacidad operativa, con limitaciones financieras y muchos casos de exposición de las víctimas en casos formalizados. En Chile se usan identidades ficticias, pero creo que la legislación peruana es un poco mejor que la chilena. Otra que es buena es la mexicana, la Comisión Ejecutiva de atención a víctimas, puede partir de denuncias informales sin necesidad de un proceso también”, agregó Macedo.

Macedo refirió que lo primero que habría que hacer en el país es ampliar la protección a la etapa prejudicial, desde que se hace la denuncia. Para ello, se tiene que reforzar los canales de comunicación existentes y asegurar el anonimato. Consideró que los mecanismos de denuncia anónima no están suficientemente fortalecidos en el Perú.

El experto detalló, por ejemplo, que en Estados Unidos incluso se contempla la reubicación permanente para casos graves, algo que en el Perú solo se realiza de manera temporal. En ese sentido, allá se considera muchas veces más importante la evaluación del riesgo a que exista un proceso judicial formalizado. “Hay cosas interesantes que se pueden replicar aquí”, dijo.

Respecto a Upavit, reiteró que se necesita urgente otorgarle mayor presupuesto porque al parecer presenta problemas severos que le impide tener mayor alcance sobre todo en zonas rurales. Otro punto a mejorar, señaló, es que debe delimitarse bien la normativa sobre organización criminal: establecerse mecanismos que permitan que las víctimas tengan la posibilidad de denunciar y se les otorgue protección antes de un juicio. “Es demasiado extenso el plazo para que un juicio se formalice y se trata de personas en riesgo”, expresó.

“Creo que lo mejor sería tomar los ejemplos de Estados Unidos y Colombia, donde la posibilidad de protección se activa desde que hay investigación preliminar, eso es una cosa que me parece clave. Fortalecer la denuncia anónima, la línea 111 tiene que tener un trato más especializado, con protocolos de actuación, comunicación y de actuación interinstitucional con el Ministerio Público o Upavit. En México, por ejemplo, es muy fuerte el sistema de denuncia y la reubicación permanente. Yo creo que esto se debiera considerar para algunos casos muy serios”, expresó Macedo.

El especialista agregó que en Estados Unidos a los denunciantes, dependiendo del caso, les cambian de identidad o los mandan a otro Estado. En Italia también. No sería una mala idea tampoco que sea un organismo autónomo o dependiente del Poder Ejecutivo el encargado de determinar la protección a víctimas de extorsión, debido a los severos problemas presupuestales que aqueja el Ministerio Público, dijo el especialista.

Casas explicó que la información recogida en la denuncia es clave para fines estratégicos. Sirve justamente para poder mapear cuáles son las zonas de más alto riesgo en materia de extorsiones; si nadie denuncia parecería como si no existiera el delito, es así en términos formales para el Estado.

“Denunciar significa cierto nivel de entrega de confianza al sistema para que te responda y te alivie, pero eso no siempre sucede. Esto se vincula con la ausencia de estrategias. Todo lo que se ve públicamente son acciones fallidas del Gobierno. Uno ve que insisten en estados de emergencia, crean grupos especializados que en realidad parecen sacados de momento, sin nada planificado. Por eso, mucha gente piensa que no tiene mucho asidero poder denunciar”, sostuvo.

Por su parte, Macedo indicó que tras efectuar una denuncia en una comisaría empieza una investigación policial. Como parte de ella se convoca al fiscal respectivo. Sin embargo, va a tomar bastante tiempo para que un juez pueda dar algún tipo de protección. Aunque se pida al fiscal en fase preliminar no va a poder activarla.

“Hay un problema serio ahí, una denuncia puede tomar mucho tiempo, un trámite judicial demora meses, la investigación preliminar tiene un plazo original y en casos complejos se puede extender, entonces durante todo ese lapso alguien que ha denunciado está desprotegido, y justamente la justicia necesita de víctimas que denuncian, de colaboradores eficaces, de personas que ayuden a que se pueda garantizar efectivamente los derechos de las personas”, puntualizó.