Marcha contra peajes: bombas lacrimógenas, detenidos y caos en Puente Piedra

La marcha contra los peajes, en la que participan vecinos y transportistas de distritos de Lima Norte, fue repelida por la policía con bombas lacrimógenas cuando se acercaba a las casetas de Rutas de Lima, en Puente Piedra.

Los manifestantes se movilizaron hasta el kilómetro 26 de la Panamericana Norte para exigir la nulidad de los contratos de concesión con Rutas de Lima y Lamsac, cuyos peajes suman 18 en la capital. Sin embargo, un cerco policial impidió el avance de la marcha. Los agentes utilizaron el gas que causó pánico durante varios minutos.

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, quien encabezó la movilización, informó que la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN), del Ministerio del Interior, no les otorgó permiso para llegar hasta el peaje pese a que presentaron la solicitud dentro de los plazos de ley. En su opinión, esta negativa de permitirles expresar su rechazo al cobro de los peajes es contradictorio con el mensaje del Presidente de la República. 

"Estoy en total desacuerdo con que la policía nos trate de esa forma abusiva e injusta. Ayer el presidente Martín Vizcarra, nuestra máxima autoridad en el país, declaró que si el pueblo necesita manifestarse que alce la voz y salga a las calles. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. Estamos alzando nuestra voz contra la corrupción y contra un peaje injusto que es lesivo en condiciones sociales de los vecinos de Puente Piedra y Lima Norte", dijo a El Comercio.

El burgomaestre distrital remarcó que el pedido de los vecinos es la nulidad del contrato y el cese del cobro de S/5.50 en el sentido sur a norte.

La Panamericana Norte se encuentra bloqueada en ambos sentidos, mientras que se reporta congestión vehicular. Además, gran cantidad de personas que no participan en la marcha intentan avanzar caminando por la carretera debido a que los vehículos se encuentran varados. Los manifestantes también denuncian que no hay vías alternas.

El general PNP Mario Arata, jefe de la Región Policial de Lima, informó que en la marcha participan cerca de 6 mil personas. 

En el primer reporte, Arata mencionó de unos 12 detenidos. No obstante, para las 10:30 de la mañana se contabilizaban unos 30 detenidos, según el coronel PNP Dino Escudero, jefe del Escuadrón Verde de Lima.

Además, hay al menos un manifestante herido y varias personas afectadas por los gases lacrimógenos lanzados en varias oportunidades por la policía.

Por otro lado, el general Arata aseguró que desconoce el motivo por el cual DGIN desestimó el pedido de realización de una marcha. Precisó que los detenidos podrían ser acusados por los delitos de violación a la libertad de tránsito y disturbios. Si bien la marcha inició de forma pacífica, algunos manifestantes quemaron llantas y lanzaron piedras a los agentes.

La semana pasada, el Concejo Metropolitano de Lima decidió por mayoría iniciar un proceso de evaluación conjunta de los contratos firmados con los concesionarios Rutas de Lima y Línea Amarilla (Lamsac). Esta alternativa, que fue propuesta por el alcalde capitalino, Jorge Muñoz, implica la revisión de los términos contractuales en busca de “equilibrio”.

A través de un acuerdo se exhortó a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) a que "active el Proceso de Evaluación Conjunta, respecto de los contratos de concesión" de ambos proyectos, firmados en los años 2009 y 2013, durante las gestiones de los ex alcaldes Luis Castañeda y Susana Villarán.

No obstante, para el regidor Jorge Valdez, un proceso de negociación es una "maniobra dilatoria" que favorecería a las concesionarias. En diálogo con El Comercio, consideró que la sentencia contra Domingo Arzubialde, ex gerente de Promoción de la Inversión Privada durante la gestión de Susana Villarán, es suficiente para que la Municipalidad de Lima active la cláusula de interés público para anular el contrato. Arzubialde fue sentenciado a cuatro años y cuatro meses de prisión por irregularidades en el peaje de Línea Amarilla a cargo de Lamsac.

"Ayer el Poder Judicial emitió una sentencia firme a un ex funcionario de la Municipalidad de Lima que había causado con sus actos perjuicio económico a la Municipalidad de Lima. Eso significa que es daño al interés público y si consideramos que hay una cláusula resolutiva en los contratos que se activa cuando se demuestra daño al interés público entonces eso ya está demostrado", declaró esta mañana antes de que inicie la marcha contra los peajes.

En el año 2009, durante la gestión de Luis Castañeda, la Municipalidad de Lima firmó el contrato con OAS para la concesión de la Línea Amarilla por 30 años. Sin embargo, durante la gestión de Susana Villarán se suscribió una adenda y se amplió el periodo a 40 años.

En el 2012, con Villarán como alcaldesa, la Municipalidad de Lima firmó un contrato con el consorcio Rutas de Lima, integrado por Odebrecht, para el proyecto Vías Nuevas de Lima, el cual incluía un segundo peaje en Chillón, el mismo que posteriormente fue anulado debido a las protestas de la población en el 2017.

Sobre estos temas, Castañeda también es investigado por el Ministerio Público, pero su caso se encuentra en etapa de diligencias preliminares a cargo de los fiscales Carlos Puma (por firma de contrato con Lamsac) y Germán Juárez Atoche (por la adenda que eliminaba Río Verde).

Luego de cinco horas de iniciada la marcha, aproximadamente a las 12:30 p.m. se reabrió el tránsito vehicular en la Panamericana Norte en ambos sentidos.