Mediante un comunicado en su red social X, la Municipalidad Metropolitana de Lima aclaró imprecisiones sobre el resultado del laudo contra Rutas de Lima.
En ese sentido, la Municipalidad de Lima recordó que, en diciembre del 2022, el concesionario Rutas de Lima inició el tercer arbitraje con 4 pretensiones pidiendo una indemnización de US$430 millones. En marzo de 2023, Rutas de Lima incorporó la pretensión n° 5 por la caducidad del Contrato de Concesión.
“Del resultado de Laudo Parcial de junio 2026 y, luego de casi 4 años, el municipio obtuvo victoria en 3 de las 5 pretensiones indemnizatorias planteadas por Rutas de Lima, ahorrando a la comuna limeña casi US$100 millones más intereses”, se lee en el comunicado.
Respecto a la pretensión por falta de entrega del tramo Ramiro Prialé, la Municipalidad de Lima señaló que se ha hallado responsabilidad conjunta, tanto del concesionario como de la MML con el voto disidente que reconoce que la MML no debe pagar indemnización ante la culpa de ambas partes.
Sobre la caducidad del Contrato de Concesión del año 2023, el municipio precisó que el Tribunal Arbitral decidió por mayoría dejarlo sin efecto. “El 4 de diciembre de 2025, Rutas de Lima abandonó las vías metropolitanas y por ello se resolvió el contrato. Ante ello, por pedido de la MML, el sistema financiero ejecutó válidamente la carta fianza por US$40 millones de dólares reafirmándose las acciones del municipio”, indicó.
“La comuna limeña reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección irrestricta del interés público; defendiéndose frente a contratos perjudiciales, reclamos desproporcionados u otras acciones que pretendan vulnerar el bienestar de nuestros ciudadanos”, subrayó la MML.
Finalmente, la Municipalidad de Lima rechazó el laudo parcial, a pesar que no hay una pretensión económica reconocida en perjuicio de la MML, ya que está pendiente una segunda fase del proceso arbitral. Sin embargo, han pedido la nulidad del laudo parcial ante la corte americana. Asimismo, continuarán aplicando los recursos y mecanismos legales disponibles en el marco del derecho internacional para garantizar la defensa del interés público.
