“Falta el compromiso de mayor regulación y de lanzar una campaña de educación vial dirigida también a ciclistas y motociclistas”.
“Falta el compromiso de mayor regulación y de lanzar una campaña de educación vial dirigida también a ciclistas y motociclistas”.
Claudia Sovero Delgado

Desde hace varias semanas, ver a personas en scooters eléctricos en ciertas zonas de la ciudad se ha vuelto tan usual como ver a ciclistas o a motociclistas. Este nuevo sistema de vehículos de movilidad sostenible (VMP) –como los define el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)– ha tenido una gran acogida, la cual parece no haber ido a la misma velocidad que las reglamentaciones para utilizarlo.

El 22 de abril, un accidente puso en debate su uso. Un joven que manejaba un scooter de la empresa Movo atropelló a una mujer de 63 años, en San Isidro. La víctima, quien ya fue dada de alta, sufrió un traumatismo encefalocraneano moderado y fracturas en el brazo izquierdo. La compañía se hizo cargo de los gastos.

Cinco días después de este suceso, el MTC emitió una resolución (firmada por el saliente ministro Edmer Trujillo) que prohíbe que los scooters circulen por veredas, pasajes, áreas verdes y pasos peatonales. Además, se los incorporó al Reglamento Nacional de Vehículos. Al mismo tiempo, varios municipios evalúan emitir normas para sus jurisdicciones, que no necesariamente coincidirían entre sí, según especialistas.

Mientras esto sucede, un gran número de conductores, tal como constató este Diario en recorridos por Miraflores y San Isidro, sigue utilizando las veredas para realizar sus viajes o para dejar sus monopatines estacionados.

Actualmente, solo dos empresas brindan el servicio de alquiler de scooters eléctricos en la ciudad: Movo y Grin. A través de esta última, se realizan cincuenta mil viajes semanales.

—Sin sanción —
Consultado por este Diario, el MTC informó que hasta el momento no se han establecido las sanciones para los usuarios que infrinjan la regulación aprobada hace una semana. “Se viene evaluando el tema, así como la implementación de sanciones en el Reglamento Nacional de Tránsito”, dijo. Además, especificó que la Policía Nacional del Perú (PNP) es el ente competente para exigir y resguardar que los vehículos de movilidad personal circulen por la calzada.

El jefe de la División de Tránsito de la policía, el coronel PNP Guillermo Llerena, explicó que se está capacitando a 2.000 policías en este aspecto. “En la Escuela Superior de Tránsito, estamos incluyendo en el ciclo la última norma que se ha dado”, dijo.

—Reglas municipales—
Miraflores y San Borja ya cuentan con una ordenanza para reglamentar el uso de los VMP. A la fecha hay otros tres municipios en la capital que preparan normas: San Isidro, Lince y Lima Metropolitana.

San Isidro indica que establecerá sanciones para quienes no respeten las normas dadas por el MTC o las complementarias que ellos incluyan. Miraflores contempla medidas similares.

En tanto, Dusko Kelez, country manager de Grin, detalló que si alguien comete una falta grave, la empresa colaboraría con brindar la información necesaria.

“Si me preguntan quién estaba usando el monopatín al momento de la falta, les damos el nombre del usuario para que sea sancionado. Nuestra base de datos tiene confidencialidad, pero podemos usar el GPS para buscar y proveer información necesaria”, explicó.

—Dificultades—
El MTC detalló que, en materia de tránsito, el artículo 18 de la Ley 27181 establece que las municipalidades distritales ejercen funciones de gestión y fiscalización dentro de su jurisdicción.

Sin embargo, para Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, que las sanciones sean solo administrativas no favorece a la fiscalización. “Cuando un ciudadano recibe una sanción administrativa, genera la posibilidad de presentar varios descargos, lo cual hace que el proceso se dilate y que los municipios necesiten más recursos para poder cobrar la infracción. Así es fácil evadir el pago.

Por eso, se deben aplicar otras medidas, como quitarles a las personas derechos civiles. Por ejemplo, si no paga la multa, que no pueda salir del país”, indicó.

Asimismo, recomendó que, momentáneamente, se suspenda la importación de estos vehículos, hasta tener una norma clara. Por ahora, empresas como Grin han anunciado que a largo plazo planean ofrecer su servicio en toda Lima.

Quispe Candia consideró que el uso de los VMP va a seguir creciendo de manera desordenada. “Es imposible ir en contra de la tecnología, pero hay que prevenir y preparar la ciudad. Está bien proteger a los peatones, pero, por otro lado, se expone al peligro a los usuarios de scooters, ya que los conductores en Lima son temerarios y no respetan al ciclista ni al peatón”, dijo.

Para Gustavo Guerra, especialista en transporte, la resolución emitida por el MTC debería precisar a qué nivel de gobierno le corresponde poner alguna sanción en caso de que se incumplan las normas establecidas.

“Yo creo que esta norma se va a desarrollar un poco más, o se va a modificar a algo más complementario. Hay una ausencia de distribución de responsabilidades para que los gobiernos distritales puedan emitir ordenanzas que se puedan cumplir”, indicó.

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